Las víctimas de pederastia protestan por la falta de avances en la ley para hacer imprescriptible la violencia sexual en la infancia

Las víctimas de pederastia, representadas por Brave Movement (Somos valientes, movimientos para poner fin a la violencia sexual en la infancia) se han reunido este martes, con tres de sus representantes, en las puertas del Congreso para reclamar que el Gobierno “deje de paralizar” la ley sobre imprescriptibilidad de los delitos sexuales a menores.

Lo que piden Miguel Hurtado —el primer denunciante del caso Montserrat― acompañado por Matthew McVarish (miembro del Comité de Lanzarote, el que monitoriza la aplicación del homónimo tratado contra el Abuso Sexual Infantil) y Mie Kohiyama (miembro del Comité estatal de supervivientes de abusos sexuales infantiles francés) ha sido refrendado por el Parlamento europeo el pasado mes de junio. Se votó a favor de que la propuesta de reforma de la Directiva europea 2011/93 incluya la imprescriptibilidad penal y civil en los supuestos de agresiones sexuales contra menores. El texto contó con la aprobación casi mayoritaria de la delegación de europarlamentarios españoles, solo VOX y Se acabó la fiesta se abstuvieron. El texto final de la ley dependerá del resultado de las negociaciones a tres bandas entre el Parlamento europeo, el Consejo Europeo compuesto por los estados miembros y la Comisión europea que comienzan este otoño.

En España, el pasado 12 de noviembre el Congreso aprobó estudiar un cambio legislativo para que los delitos sexuales graves contra menores no prescriban. La iniciativa salió adelante con 305 votos a favor. Con esta toma en consideración se propuso estudiar una reforma del Código Penal (artículos 131.3, 132.1 y 133.2) para que los delitos de pederastia penados con más de cinco años de cárcel no prescriban. Es algo que ya existe en países como Bélgica, Holanda, Suiza y Suecia. Más de 10 meses después, la iniciativa sigue parada. La fase de enmiendas a la totalidad ha sido prorrogada ya 26 veces.

“La norma mayoritaria en Europa es la imprescriptibilidad de los delitos de pederastia. En 15 Estados de la UE ya han aprobado. ¿Por qué en España se tarda tanto en cambiar una ley tan básica?“, se pregunta Miguel Hurtado, que fue víctima de abusos sexuales de un depredador que abusó de al menos 12 menores durante 30 años. “Jamás fue juzgado por sus crímenes porque cuando tuve la fuerza de denunciar el delito estaba prescrito. Mi historia es muy similar a la de muchas víctimas, por eso el Parlamento de Cataluña, escuchando nuestra petición, impulsó una ley de imprescriptibilidad de los delitos de pederastia [febrero de 2024]”.

Matthew McVarish, escocés, el primer superviviente de abuso sexual infantil en ser miembro del Consejo de Europa lo explica así: “No hay nada afortunado en ser víctima de abuso sexual infantil, pero tras haber trabajado con sobrevivientes en la Unión Europea, me doy cuenta de que tuve suerte de sufrir abuso en Escocia, porque no tenemos plazo para perseguir a peligrosos delincuentes sexuales. Si mi tío hubiera abusado de mí en otros países europeos como España, todavía estaría trabajando con menores. El acceso a la justicia es un derecho fundamental que no debería depender de una lotería del código postal, dependiendo del país donde viva la víctima. ¿Cómo puede España justificar que han detenido esta ley de nuevo y de nuevo y de nuevo?”.

Mie Kohiyama, que ha recordado que España se ha convertido en un ejemplo en la lucha contra la violencia, “y especialmente la que se ejercer contra las mujeres”, dice que lo sería aún más si desbloqueara esta ley, porque garantizaría el acceso a la justicia a unas víctimas que, por el tipo de abuso sufrido, tardan muchos años en asimilarlo primero, asumirlo, contarlo y denunciarlo.

Hurtado sostiene que el bloqueo viene de la mesa del Congreso (el órgano rector y de representación colegiada de la Cámara) y de PSOE y Sumar. “Todos los partidos nos prometieron que se iban a estudiar la ley, pero desgraciadamente durante el último año el PSOE y Sumar desde la mesa del Congreso han paralizado la tramitación de la ley, ampliando hasta 26 veces el plazo de enmiendas a la totalidad. Es profundamente frustrante porque la mayoría de partidos políticos nos están transmitiendo que están a favor de la ley. Nos lo han confirmado PSOE, PP, Sumar, Podemos, BNG, Junts, Esquerra o Bildu. El único que aún tiene dudas es el PNV, pero nos ha dicho que están dispuestos a estudiársela con calma. Con 310 votos a favor no conseguimos que la ley progrese por el obstruccionismo y el filibusterismo político de PSOE y Sumar”, ha lamentado Hurtado.

Preguntado por las razones por las que no se ha alcanzado todavía un acuerdo, Hurtado ha contestado: “Me da vergüenza decirlo, pero un argumento que da el PSOE es que no tienen confianza para pactar nada con el PP. Incluso esta ley que es de derechos civiles, los puentes están tan rotos. Es tal el grado de hiperpolarización política y de falta de diálogo, que el PP y el PSOE son incapaces de ponerse de acuerdo. Lo que nos transmite el PSOE es que solo si el PNV se posiciona a favor de la ley, de manera que con los votos del bloque de investidura la ley salga adelante, la desbloquearán”.

Paco Aranda, portavoz de Justicia del PSOE, ha explicado a este periódico que la realidad “es un poco diferente” y que su partido siempre ha mostrado su compromiso firme con este temática en todas las votaciones que se han producido (parlamento catalán, europeo y toma en consideración en el Congreso). “No estamos bloqueando ninguna ley. La mesa prorroga plazos de enmiendas de todas las leyes, que es una práctica habitual y más en esta legislatura donde la aritmética parlamentaria es la que es. En este caso, además, se trata de una ley orgánica, con lo que necesita de mayoría absoluta y eso implica a todos los grupos. Eso puede ayudar a entender que las leyes a veces puedan verse alargadas en busca de un acuerdo”. Y añade: “Durante el Gobierno de Pedro Sánchez, España ha sido pionera en la lucha contra la impunidad de este tipo de delitos. De hecho, la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia, aprobada en 2021, ya ha regulado que en los delitos contra la libertad sexual en los que la víctima sea menor de edad, la prescripción no comenzará a contar hasta el día en que la víctima cumpla los 35 años. El Gobierno está trabajando en buscar acuerdos amplios con el fin de que esta norma salga adelante con un apoyo similar a la LOPIVI”.

Hurtado dice que tiene un compromiso “ético y moral” con las víctimas de pederastia. “Si al final, desgraciadamente, la ley no sale en esta legislatura y tenemos que esperar a la siguiente, que las víctimas de pederastia sepan por qué”. La ley penal no es retroactiva por lo que los activistas presentes este martes en el Congreso dicen que los años de retraso en la aprobación “son años de impunidad que seguiremos garantizando a los pederastas”.

El informe del Defensor del Pueblo constató que España es uno de los estados del mundo con un mayor número de víctimas de pederastia en la Iglesia (se estima 440.000). A pesar de encargar el informe, el Congreso no ha aprobado ninguna medida para garantizar la reparaciónde las víctimas.

La LOPIVI (Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia), que entró en vigor en junio de 2021, suspende el inicio del cómputo del plazo de prescripción hasta que la víctima alcanza la edad de 35 años. En la práctica, esto implica que en la mayoría de los casos los delitos de pederastia prescriben cuando la víctima tiene entre 40 y 45 años, aunque en una minoría de casos particularmente graves esta puede denunciar hasta que cumple los 55 años.

Recuerda Hurtado que las víctimas no denuncian cuando quieren. “Denunciamos cuando podemos porque el miedo, el trauma, la vergüenza y la culpa te paralizan durante años. Las víctimas tardan décadas en poder denunciar y la ley no se adecua a sus tiempos, por eso a esta norma en muchos países se le está denominando como ley del derecho al tiempo”. Cita Hurtado, por ejemplo, un estudio científico encargado por la comisión estatal de investigación alemana sobre abusos en instituciones, sobre una muestra de mil víctimas. En sus conclusiones observó que la edad media en la que denunciaban las víctimas eran los 52 años.