La Fiscalía de Andalucía archiva las denuncias por la crisis de los cribados de cáncer contra dos exconsejeros

La Fiscalía de Andalucía ha archivado las denuncias por los fallos en la comunicación de los cribados de cáncer de mama contra los exconsejeros de Salud Catalina García y Jesús Aguirre (PP), así como otros tres altos cargos. La crisis de los cribados surgió en octubre tras detectarse graves retrasos en el diagnóstico de estos procesos que han afectado a 2.317 mujeres, según el Gobierno andaluz, y varias entidades denunciaron a cinco altos cargos del Ejecutivo por los efectos de su gestión sobre la salud de las pacientes. Tras estudiar el caso durante cuatro meses, ahora el ministerio público no ve delito en la conducta de estos dirigentes, pero remite 16 casos de pacientes afectadas denunciantes a las fiscalías provinciales, para que diluciden si hay responsables penales de los fallos y demoras con consecuencias en la salud de estas mujeres.

El archivo de este lunes se suma al que decidió la Fiscalía de Sevilla por la denuncia de un supuesto borrado de mamografías en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), al considerar que no hubo “manipulación interna ni sabotaje externo”, sino que fue “una avalancha de peticiones”, que saturó el módulo de visionado de las pruebas.

La Fiscalía andaluza exime de responsabilidad penal a García, hoy consejera andaluza de Sostenibilidad y Medio Ambiente, y a Aguirre, presidente del Parlamento andaluz, además de la exconsejera de Salud Rocío Hernández, la exviceconsejera María Luisa del Moral y la gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) Valle García. Los cinco altos cargos del Gobierno andaluz fueron denunciados por la asociación El Defensor del Paciente y los partidos políticos Izquierda Unida y Adelante Andalucía “por el incumplimiento de la atención sanitaria de los programas sobre detección del cáncer de mama”, según ha aclarado el ministerio público en un comunicado este martes.

La Fiscalía argumenta que los hechos investigados se refieren a “errores o deficiencias en el protocolo de cribado de cáncer de mama”, en particular sobre la ausencia de seguimiento en los casos catalogados como “no concluyentes o dudosos”. Es decir, los casos de mujeres que no tuvieron un diagnóstico claro y que sufrieron una “falta de comunicación de las pruebas realizadas”.

En paralelo, las pesquisas buscaban determinar si los altos cargos fueron responsables de una “falta de atención médica por parte de los médicos de familia, imposibilidad de la identificación de las víctimas por falta o ausencia de datos personales, teléfono, correo electrónico en las bases de datos del sistema sanitario o prestación sanitaria en el sistema de salud privado”, aclara el ministerio público. La investigación ha determinado que tanto los tres exconsejeros denunciados como la exviceconsejera y la gerente del SAS no son responsables de los errores del sistema de cribado, según la Fiscalía.

Sin embargo, el ministerio público sí que ordena investigar más a fondo los casos de 16 mujeres que denunciaron sus casos en paralelo a los partidos políticos y la asociación de pacientes “para continuar las prácticas de las pruebas en la forma que menos perjudique a las víctimas” y desde las fiscalías provinciales, más cercanas a estas mujeres de Sevilla, Málaga, Granada, Almería, Córdoba y Jaén, sus provincias de residencia.

La Fiscalía aclara que no existe un patrón para conectar los 16 casos de estas pacientes y así unificarlos para “conectarlos con una responsabilidad” única, dado que presentan características diferenciadas en cada una de las seis provincias. Por último, el ministerio público alega que algunas de las denuncias presentadas incluyen “manifestaciones de carácter general sin precisión alguna”, sobre las carencias del protocolo del cribado, y para llegar a conclusiones de ámbito penal sería necesaria una investigación prospectiva, prohibida por la ley. “Sería contraria [esta indagación] al derecho fundamental de la intimidad y al derecho a que nadie conozca datos, especialmente sensibles a la salud de todas aquellas mujeres que han decidido libremente no someter sus casos a la investigación de la Fiscalía”, puntualiza el ministerio público.

El Defensor del Paciente y Amama critican el archivo

La presidenta de la asociación de mujeres con cáncer de mama (Amama), Ángela Claverol, ha afirmado que asume con “pena” y “tristeza” el archivo de la Fiscalía. “Nadie se responsabiliza y siempre les toca a los mismos. Esas mujeres afectadas existen y creemos que hay motivos para investigar”, ha criticado Claverol, según informa Efe.

La asociación El Defensor del Paciente ha cargado contra la Fiscalía tras su decisión de archivar parcialmente su investigación. “Esta justicia nos da vergüenza (…) La Fiscalía se salta a la torera lo que es un delito contra las personas (…) Esperamos que las víctimas llenen los juzgados de denuncias porque tienen razón y porque el Gobierno de Andalucía tendría que pagar las consecuencias de su abandono”, ha censurado en un comunicado.

Hasta el momento, 110 mujeres afectadas por los retrasos en el cribado de cáncer de mama han presentado reclamaciones patrimoniales ante la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias para obtener una compensación económica por los daños provocados en su salud, según el recuento elaborado por Amama.