Amama y la Junta de Andalucía chocan por la cifra de mujeres que desarrollaron un tumor tras el fallo de los cribados: “No somos 23”

La Junta de Andalucía terminó el pasado 30 de noviembre de realizar las segundas pruebas a las 2.317 mujeres afectadas por los retrasos en el diagnóstico de los cribados de cáncer de mama, para confirmar si las lesiones sospechosas que se les habían detectado habían derivado en tumor. Desde entonces, el Gobierno de Juan Manuel Moreno no ha querido confirmar cuántas de esas pacientes han desarrollado cáncer. Durante la presentación de sus memorias en Barcelona el viernes pasado, el presidente andaluz aseguró que “afortunadamente, el 99% no tiene lesiones tumorales”. A partir de esa frase, se formó un revuelo por si se debía deducir que, por tanto, eran un 1% las que sí habían desarrollado el tumor, unas 23 de 2.317. “No son 23, somos 301”, responden desde la asociación de mujeres andaluzas víctimas de cáncer de mama, Amama, en referencia a los 301 expedientes que ha confirmado la entidad.

Fuentes de la Junta de Andalucía indicaron a este diario que con ese 99% el presidente se refirió a la media estadística que existe a nivel mundial, según la cual los BIRAD-3 (cribados no concluyentes) son positivos en un porcentaje del 0,5 al 1,2 %, informa Javier Martín-Arroyo. “En torno a un 99 es negativo. A eso se refiere, no tenemos datos de esas 2.317 mujeres”, precisaron esas fuentes. Es decir, que no era un dato concreto ni oficial referido al caso andaluz.

Amama critica que el dirigente popular trate de minimizar la crisis y, como respuesta, ha salido a la ofensiva difundiendo los testimonios de mujeres que habrían desarrollado la enfermedad en los últimos años como consecuencia de los fallos en el programa de prevención. Se trata de una campaña en redes, Soy afectada del cribado y sigo aquí, en la que afectadas, que se identifican con su nombre y apellidos, explican de dónde son, en qué hospital han sido tratadas y cuál ha sido su caso particular. “Lo estamos pasando muy mal”, se lamenta Carmen, una paciente de Córdoba.

Con esa campaña, Amama quiere desmentir que sean solo 23 las víctimas más graves de los fallos en el cribado, sino que son más las mujeres han desarrollado cáncer por no haber sido informadas a tiempo de que sus primeras mamografías habían encontrado un hallazgo sospechoso en estadío BIRAD-3.

“Las mujeres de los cribados están ofendidísimas. Esto no es una ofensiva, es la lucha para que se sepa la verdad. No es Amama, son mujeres con nombres y apellidos”, indica la presidenta de la asociación, Ángela Claverol, a este diario. Los testimonios —en algunos casos de hijas de mujeres fallecidas— provienen de todas las provincias para ilustrar que no todos los casos se concentran en el Hospital Virgen del Rocío, como asegura la Junta y reiteró Moreno el viernes. “Del medio millón de cribados que se hacen al año tuvimos un problema con 2.713 [el dato de la Junta es de 2.317] por un problema en una jefatura de servicio que se saltó el protocolo y no se informó a quienes tenían un diagnóstico no concluyente”, explicó el presidente andaluz.

Lo que sí reconoció Moreno es que durante la crisis de los cribados el PP llegó a perder hasta cinco puntos en intención de voto en las encuestas, que ya habría recuperado. El Gobierno andaluz cree que ha conseguido pasar página y también tiene perimetrado el alcance a efectos electorales, en vísperas de los comicios autonómicos. Los sondeos semanales que realiza la formación conservadora arrojan que solo el 3,7% de los andaluces sabe en qué consiste el asunto de los fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama, según explican a este diario fuentes cercanas al entorno de la cúpula del PP andaluz.

Las mujeres de Amama no están dispuestas a que se minimice este escándalo, la mayor crisis en el Gobierno de Moreno, tal y como él reconoció, ni que se dé el problema como resuelto. Desde el primer momento, la asociación ha cuestionado tanto la cifra de 2.317 mujeres como que solo se circunscribieran al Hospital Virgen del Rocío. Los testimonios de estas 23 mujeres pretenden demostrar que los casos se extienden a toda la comunidad andaluza y que no se acotan solo a esas pacientes. Hasta el momento, la asociación ha presentado ya 60 peticiones de responsabilidad patrimonial en los juzgados. “No son solo los retrasos o que se hayan hecho la pruebas. Muchas están pendientes de cita para ser operadas. Esto es más que una prueba, los problemas continúan después y no están recibiendo atención”, señala Claverol, que hace referencia a testimonios de algunas de las mujeres de la campaña que denuncian esa situación.

Este es el último desencuentro entre el Gobierno andaluz y Amama. Cuando la Consejería de Sanidad circunscribió a 2.317 el número de mujeres afectadas y las citó para hacerse una segunda prueba a lo largo del mes de noviembre, la asociación aseguró que habían acumulado más de 4.000 casos, lo que llevó a la Junta a requerirles oficialmente los datos de esas pacientes por “generar una discrepancia que, por su impacto sanitario y social, exige una aclaración inmediata”. Antes, el propio consejero, Antonio Sanz, pidió a la entidad que dejara de “lanzar infundios” sobre el Servicio Andaluz de Salud (SAS), cuando pidieron a la Fiscalía que investigara los supuestos borrados y manipulación de los historiales clínicos en las aplicaciones y sistemas informáticos, una denuncia que el ministerio público archivó al considerar que no había indicios de delitos y que no se habían alterado los informes.