El peor golpe de la violencia machista en 2025: 46 mujeres y tres menores asesinados

Dolores tenía 86 años cuando su marido, de 90, la asesinó. El pasado julio, la encontraron en la cama de su casa, en un pueblo de Asturias, con fuertes golpes en la cabeza y cortes por el cuerpo. Tres meses después, en la otra punta del país (Librilla, Murcia), un hombre de 27 años mató a Ainhoa, su novia, de solo 19. Son las víctimas de mayor y de menor edad de las 46 mujeres que en 2025 fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Cinco de los asesinos se suicidaron. Todos los demás agresores fueron detenidos. Ni el agresor de Dolores ni el de Ainhoa tenían denuncias previas por violencia machista, como ocurre en tres de cada cuatro casos. A estos crímenes se suman también las de tres niños, asesinados por sus propios padres o por parejas o exparejas de sus madres, con el objetivo de infligir daño y sufrimiento a estas mujeres y a sus familias.

La cifra va creciendo dolorosamente año a año. Desde 2003, cuando el Gobierno comenzó a elaborar la estadística oficial, ya son 1.341 las mujeres asesinadas. Y desde 2013, cuando los menores fueron reconocidos como víctimas de la violencia vicaria de género, han sido asesinados 65 niños y 504 menores han quedado huérfanos.

Pese a la gravedad de los datos, 2025 fue el año con menos víctimas mortales desde que hay registros. Tres menos que en 2024, cuando se cumplieron dos décadas de la entrada en vigor de la ley que penalizó la violencia machista y cuando fueron asesinadas 49 mujeres y nueve niños, la cifra más alta de menores asesinados en la serie histórica, junto con 2015. Para Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, el análisis interanual resulta menos revelador que el análisis a largo plazo: al comparar los 10 primeros años frente a los 10 últimos, se observa “una reducción del 19% en el número de homicidios”.

Según el también profesor de Medicina Legal en la Universidad de Granada, esta reducción refleja una “mayor conciencia social, tanto de las propias mujeres como de su entorno”, que ha contribuido a interrumpir situaciones que podrían haber terminado en homicidio. Este cambio, según el exdelegado, se explica por las campañas de concienciación, las medidas normativas e institucionales y una mayor información sobre los mecanismos de denuncia. Sin embargo, matiza Lorente, crece el negacionismo, fogueado por la polarización social. “Una reacción machista que reivindica el papel de los hombres y sostiene que las mujeres denuncian falsamente”, según el especialista. Esta dinámica, explica, tiene un doble efecto: genera desconfianza en las mujeres hacia el sistema de protección y reduce el rechazo social que perciben los agresores.

La magistrada Lucía Avilés, especializada en violencia de género, considera que, para impedir los asesinatos, “la primera apuesta no debe ser judicial” y resalta la importancia de la prevención. “Un elemento que atraviesa casi siempre a las víctimas de violencia de género es la dependencia económica del victimario, que impide que puedan salir del ciclo de la violencia”, explica la jueza. Y destaca: “Creo que la violencia económica es una de las prioridades, que se debe atajar, se debe regular y se debe penalizar”. Una vez que las afectadas acceden al ámbito judicial, Avilés recomienda “seguir potenciando todas las medidas de protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes, sobre todo para la detección precoz del riesgo”.

La cadena de protección falló en el caso de Martha, que tenía 21 años cuando su expareja, de 30, la asesinó. Fue el 20 de octubre en Madrid. El hombre la apuñaló delante de la hija de ambos, de apenas 16 meses. La mujer lo había denunciado en varias ocasiones y, pese a que el agresor tenía en vigor una orden de alejamiento que había quebrantado en, al menos, cuatro ocasiones, en el sistema VioGén su nivel de riesgo figuraba como “bajo”. Lorente insiste en la necesidad de mejorar el sistema de valoración del riesgo, incorporando de manera sistemática la participación de profesionales forenses y psicólogos.

Lorente también considera que es imprescindible reforzar los mecanismos de detección temprana y cree que el espacio clave para hacerlo es el sistema sanitario, al que llegan prácticamente todas las mujeres que sufren violencia. Para este especialista, se debe generalizar un sistema de cribado que ya han implantado algunos hospitales para “detectar la violencia y canalizar una respuesta adecuada”. En un 78% de los casos de 2025, el agresor no contaba con denuncias previas por maltratos contra la víctima mortal. Las mayores de 65 años son las que menos denuncian. “A pesar de estos 20 años de ley, las instituciones no están llegando a las mujeres maltratadas. Estamos permitiendo que ellas lleguen a las instituciones, pero no al revés”, advierte el profesor.

El sistema también falla cuando las que sí denuncian no reciben la protección adecuada. Para el exdelegado, hay que mejorar la respuesta “con dispositivos GPS y las pulseras antimaltrato, que deberían utilizarse más”. A pesar de los fallos detectados este año en algunos de estos dispositivos, Lorente defiende el sistema. Aunque considera que debe ser mejorado y ampliado, ya que “no es perfecto”, subraya que pese a las incidencias, “no ha habido casos en que se haya producido un homicidio o una agresión”.

Las cifras de la violencia

Como Dolores, Ainhoa y Martha, 27 de las víctimas mortales eran españolas (casi el 60%), el mismo número que los presuntos agresores. Cinco de los 46 se suicidaron después del crimen y nueve lo intentaron, pero no lo lograron. Todos los agresores que sobrevivieron fueron detenidos en el momento de los hechos o tras descubrirse su autoría.

Andalucía fue la comunidad autónoma con más casos, 14, el 30% de los asesinatos de 2025. Le siguen Cataluña, con cinco; Madrid y la Comunidad Valenciana, con cuatro; Extremadura, con tres; Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia, con dos, y Aragón, Baleares, Castilla y León, Navarra, País Vasco y La Rioja, con uno.

La violencia machista presenta un patrón estacional, con un repunte significativo durante los meses de verano. Junio fue el mes con mayor número de víctimas en 2025, con ocho mujeres asesinadas y un menor. En apenas 48 horas fueron hallados los cuerpos de cinco de ellas.

Tres niños de dos, cinco y 13 años fueron asesinados por las parejas o exparejas de su madre. Fue en la Comunidad Valenciana, Murcia y el País Vasco. Lucía Avilés destaca que en 2025 ha echado a andar el anteproyecto de ley de violencia vicaria, aprobado por el Consejo de Ministros en septiembre, que busca tipificarla como un delito específico. “Es una regulación completa de este fenómeno, pasando de ser un concepto meramente doctrinal o estadístico a ser ya un concepto jurídico”, resalta. Ella fue una de las dos ponentes del informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el anteproyecto. La magistrada incide en que “se impone la necesidad de garantizar la formación de todos los operadores públicos en materia de violencia vicaria”.

A las asesinadas por varones con los que tenían una relación se suman 15 feminicidios en crímenes sexuales, familiares, sociales o vicarios en el primer semestre del año, el último del que se conocen datos. Ya son 87 desde 2022, cuando empezaron contabilizarse los feminicidios fuera del ámbito de la pareja o expareja.

Este 1 de enero se pone a cero el contador de 2026 en una sociedad que, pese al aumento de la concienciación y de los medios, sigue buscando sin éxito la fórmula para conseguir que las dejen de matar.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.