Condenados a seis años de internamiento dos menores por el asesinato de una educadora social en Badajoz

El Juzgado de Menores 1 de Badajoz ha condenado a seis años de internamiento en régimen cerrado a dos menores, de 14 y 15 años, por el asesinato de la educadora social Belén Cortés, de 35 años, el pasado marzo en un piso tutelado de la Junta de Extremadura ubicado en la capital pacense. La jueza les impone esta pena al considerarlos culpables de los delitos de asesinato y robo con violencia en casa habitada. Además, a uno de ellos le condena por los delitos de conducción sin permiso y daños. Y se les impone la pena de tres años de libertad vigilada.

La sentencia condena además en esta misma causa a la tercera persona implicada, una menor de 17 años, por el delito de cómplice de asesinato y robo con violencia, a la que se le impone la pena de cinco años de internamiento en régimen cerrado y otros tres años de libertad vigilada.

Los hechos sucedieron durante la noche del 9 de marzo de 2025, en un piso tutelado de la urbanización Guadiana en Badajoz, en el que estaban custodiados los menores, y el cuerpo fue hallado por la Policía la madrugada del 10 de marzo de 2025.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, los menores condenados tendrán que indemnizar de forma directa y solidaria con la Junta de Extremadura a los familiares de la víctima con más de 620.000 euros. La sentencia, que ha sido notificada este miércoles a las partes, no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Badajoz.

La educadora, natural de Castuera (Badajoz), era una de las cinco profesionales que a diario trabajaba con los menores en el piso donde residían, aunque estaba sola en el momento de los hechos. Cortés recibió golpes y luego fue estrangulada con un cinturón. Posteriormente, le robaron el coche y huyeron en dirección a Mérida, aunque tuvieron un accidente en la autovía a unos 30 kilómetros de Badajoz. Fue ya en la capital autonómica donde fueron localizados y detenidos por la Policía Nacional.

El suceso causó una enorme consternación en Extremadura, donde trabajadores del ámbito se concentraron varios días para condenar lo ocurrido y pedir medidas contundentes a la administración regional en defensa de la seguridad del colectivo. Los trabajadores han pedido también una revisión de la ley del menor, vigente desde 2000.

Compañeros de la mujer asesinada denunciaron que ya se habían registrado quejas contra estos mismos menores. Además, trascendió que pocos días antes del crimen los dos chicos se habían fugado de este centro tutelado y fueron detenidos en Villafranca de los Barros (Badajoz), tras robar, presuntamente, en un establecimiento.

Los educadores sociales criticaron a la Junta de Extremadura por no tomar medidas más contundentes ante una situación de riesgo real. La administración autonómica reconoció que las viviendas tuteladas en régimen abierto, a diferencia de los centros de internamiento para el cumplimiento de medidas judiciales, no cuentan con personal de seguridad ni cámaras.