La Fiscalía acusa de asesinato a los menores del crimen de la educadora social de Badajoz

La Fiscalía de Menores de Badajoz ha presentado este miércoles una acusación de asesinato contra los tres adolescentes presuntamente implicados en la muerte de la educadora social Belén Cortés, de 35 años. El crimen se produjo en la capital pacense el 9 de marzo en una vivienda de la Urbanización Guadiana, donde se encontraban los chicos viviendo bajo la tutela de la Junta de Extremadura y donde la asesinada trabajaba.

Según ha podido conocer EL PAÍS, el Ministerio Público acusa a los dos chicos de 14 y 15 años de ser los autores materiales del homicidio, mientras que a la chica de 17 años se la considera cómplice en los hechos. En cuanto a las penas, en este escrito se solicita para los dos menores la pena máxima, que supondría seis años de internamiento en régimen cerrado, mientras que para la menor se solicitan cinco años.

La educadora, natural de Castuera (Badajoz), era una de las cinco profesionales que a diario trabajaba con los menores en el piso donde residían, aunque estaba sola en el momento de los hechos. Cortés recibió golpes y luego fue estrangulada con un cinturón en ese domicilio, posteriormente le robaron el coche y huyeron en dirección a Mérida, aunque tuvieron un accidente en la autovía a unos 30 kilómetros de Badajoz. Fue ya en la capital autonómica donde fueron localizados y detenidos por parte de la Policía Nacional.

La Fiscalía de Menores les imputa, además, delitos de robo con violencia y, en el caso de uno de los menores, conducción sin carné. En cuanto la responsabilidad civil, fuentes jurídicas apuntan a que se reclamará una indemnización a la Junta de Extremadura, ya que tiene la tutela de los menores, y a las familias de los acusados de manera subsidiaria. La cantidad podría superar el medio millón de euros.

El suceso causó una enorme consternación en Extremadura, donde trabajadores del ámbito se concentraron varios días para condenar lo ocurrido y pedir medidas contundentes a la administración regional para que no volviese a suceder. Los trabajadores han pedido también una revisión de la ley del menor, vigente desde 2000.

Compañeros de la mujer asesinada denunciaron que ya se habían registrado quejas contra estos mismos menores. Además, trascendió que pocos días antes del crimen los dos chicos se habían fugado de este centro tutelado y fueron detenidos en Villafranca de los Barros (Badajoz), tras robar, presuntamente, en un establecimiento.

Después del asesinato, los menores fueron internados en el centro de cumplimiento de medidas judiciales Marcelo Nessi de Badajoz, donde se encuentran a espera de juicio. El menor de 17 años ya se ha enfrentado allí en varias ocasiones a los funcionarios de seguridad.

Por el momento, no hay fecha para que se celebre el juicio, pero podría ser a la vuelta del verano, porque los menores se encuentran en internamiento cautelar en régimen cerrado por un periodo de seis meses, según decretó el juez.

Los educadores sociales criticaban que la Junta de Extremadura no tomase medidas más contundentes ante una situación de riesgo real. La administración autonómica reconoció que las viviendas tuteladas en régimen abierto, a diferencia de los centros de internamiento para el cumplimiento de medidas judiciales, no cuentan con personal de seguridad ni cámaras.