Un juzgado investiga el campamento de verano de Álava por denuncias contra varios monitores por ducharse con los menores

La Ertzaintza ha registrado cuatro denuncias por delitos contra la libertad sexual que supuestamente se han cometido en los últimos años en un campamento de verano en Bernedo (Álava). Familiares de menores que acudieron el pasado mes de agosto al campamento han relatado que las duchas eran mixtas y sus hijas fueron obligadas a ducharse desnudas junto a los chicos y también junto a los monitores. “Al poco de llegar, un compañero le dijo a mi hija que las duchas eran mixtas y obligatoriamente desnudos. Mi hija fue donde un monitor para decirle que no lo quería así, y le respondieron que ya lo hablarían, pero todas las veces que se duchó, unas cinco o seis, se le obligó a ducharse desnuda, con los monitores y las monitoras igualmente desnudos con ellos”, explicó a la Cadena SER la madre de una de las niñas, de entre 13 y 15 años, que asistió al campamento. Esta madre, que prefirió mantenerse en el anonimato, relató que uno de los monitores iba “con los genitales al aire” por el campamento. “Se han dado situaciones de riesgo sobre todo para las niñas. Han puesto en riesgo a las menores. Es una aberración”, denunció. Los monitores han negado haber obligado a nadie a desnudarse delante de otras personas.

La primera denuncia se interpuso ante la Ertzaintza a finales de agosto por hechos ocurridos en 2023 y 2024 en Bernedo, y en 2021 y 2022 en Abaigar (Navarra), dos de las localidades en las que la asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea organiza campamentos. La pasada semana se registraron otras tres denuncias por supuestos delitos contra la libertad sexual en Bernedo. “La Ertzaintza tuvo conocimiento a finales de 2024 de posibles hechos ocurridos en Bernedo”, ha explicado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. La policía vasca abrió una investigación y recabó diversos testimonios con los que elaboró un atestado que remitió a los juzgados de Vitoria el pasado 30 de abril. Sin embargo, el juzgado de instrucción número 3 de Vitoria, encargado de la investigación, no abrió diligencias durante cinco meses y solo lo ha hecho una vez ha saltado el caso a los medios de comunicación a finales de septiembre.

La fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, reveló el lunes pasado que la Fiscalía desconocía el caso. La Fiscalía no fue informada ni por la Ertzaintza ni por el juzgado. “Como ha pasado en otras ocasiones, el atestado remitido se quedó en un limbo y no motivó la incoación de diligencias previas que es obligada; de hecho, había también una ampliación del atestado que tampoco había motivado la incoación”, desveló Adán, que instó al juzgado a activar “inmediatamente” la investigación. Ese mismo día, el juzgado acordó citar a tres víctimas que aparecen identificadas en el atestado policial y reclamó a la Ertzaintza que busque a más menores afectados.

Además, el juzgado ha informado a la Diputación de Gipuzkoa de “sus derechos como persona perjudicada u ofendida”. En años anteriores, la institución guipuzcoana había enviado a ese campamento a menores bajo su tutela pero decidió no hacerlo este verano tras conocer quejas sobre lo que ocurría en Bernedo y que motivaron la apertura de la investigación policial, según ha informado El Correo. Preguntada por si avisó de lo que estaba ocurriendo a otras instituciones, la Diputación de Gipuzkoa ha señalado que “desde el primer momento hemos dado todos los pasos que teníamos que dar”. Este verano, el campamento se celebró sin supervisión pública y no se adoptaron medidas extraordinarias.

La Diputación de Álava, el territorio en el que se celebra el campamento, ha señalado que desconocía lo que ocurría y, como el resto de instituciones, afirma que no tiene responsabilidades en este asunto al tratarse de una actividad privada: “Este campamento no forma parte de las actividades ni albergues gestionados o supervisados por la Diputación, por lo que no se encuentra dentro de su ámbito de actuación administrativa ni dispone de capacidad sancionadora”, ha defendido el Departamento foral de Cultura y Deporte. Otras fuentes señalan, sin embargo, que la Ley de Juventud de 2022 sí le permitiría actuar en este caso. La institución anunció hace unos días que evaluará las posibles medidas para evitar que estos hechos se repitan en el futuro. El diputado general de Álava, Ramiro González, durante la sesión de control celebrada este miércoles, ha ido más allá: “Es necesario recopilar toda la información y determinar por qué ninguna institución ha intervenido a lo largo de todo este tiempo y cómo es posible que actuaciones absolutamente inadmisibles se hayan repetido durante años sin que nadie lo haya impedido”. Por su parte, la portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, no ha querido esta semana valorar qué es lo que ha fallado desde las instituciones y ha pedido que se deje a la Justicia que haga su trabajo.

Defensa de los monitores

A través de un comunicado, el grupo de monitores del campamento de Bernedo ha criticado que se esté ofreciendo un relato “muy alejado de la realidad” y han defendido su proyecto basado en el feminismo, el euskera y el trabajo comunitario. “No obligamos a nadie a desnudarse delante de otros, y hay acompañamiento y alternativas personalizadas en cada caso”, señalan. Sobre las duchas, argumentan que “más allá de ser un lugar solo para la higiene, son una oportunidad para normalizar todos los cuerpos, romper estigmas y liberarse de la vergüenza y la sexualización”. “Con los espacios mixtos, nuestro cometido es garantizar lugares seguros para todos los niños y adolescentes, sin la necesidad de una identificación de género previa”, afirman los monitores. “Nos parece fundamental trabajar en la desexualización de la relación entre la desnudez y los géneros para protegernos de diversos tipos de violencia, y creemos que las duchas mixtas pueden ser un lugar para deconstruir esa sexualización”.

Un grupo de padres, madres y tutores que han enviado a sus hijos a las colonias de Bernedo han mostrado su respaldo a los monitores en un comunicado que cuenta con el apoyo de 137 personas. En el texto, los familiares agradecen a los monitores que hayan dejado claro que “los cuerpos de todas las personas son un territorio político” y que hayan convertido en un ámbito político “momentos básicos de la vida” como la comida, la higiene y el descanso. “Gracias por enfrentar cara a cara a las generaciones jóvenes con la diversidad, en su sentido más amplio”, señalan en un texto en el que condenan el “acoso” que están viviendo los monitores así como “las acusaciones y amenazas recibidas a través de las redes sociales”. Denuncian además que los medios de comunicación han criminalizado el trabajo de los educadores, distorsionando lo ocurrido. “No nos confundirán con discursos falsos, violentos y reaccionarios”.