El Constitucional estudiará si la nueva ‘ley trans’ valenciana de PP y Vox ataca derechos fundamentales

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Defensor del Pueblo en relación con la Ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunidad Valenciana, conocida como la ley trans. La modificación legislativa recurrida fue el resultado de los pactos entre el PP y Vox en dicha comunidad autónoma. Compromís se dirigió al Defensor del Pueblo para que hiciera uso de sus facultades y cuestionara la legalidad del cambio por atentar contra derechos fundamentales, en materia de igualdad y no discriminación, al reintroducir determinados controles para el cambio de sexo.

El recurso se centra en el artículo 136 de la ley de Medidas Fiscales, Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, norma de la que se valieron PP y Vox para su iniciativa. El Defensor del Pueblo expone en su demanda, que se trata de una reforma que, en el caso de las personas transexuales menores de edad, podría vulnerar derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la intimidad personal, recogidos en los artículos 19.1 y 18.1 de la Constitución, respectivamente.

A su vez, el artículo recurrido de la ley valenciana establece que “para iniciar el tratamiento farmacológico” los menores “contarán con el apoyo y acompañamiento de profesionales de la salud mental, infanto-juvenil, mantenido durante todo el proceso y en el caso de que existiera comorbilidad será imprescindible un informe favorable del profesional que esté tratando al menor en dichas patologías”.

Compromís, por su parte, argumentó al dirigirse al Defensor del Pueblo para que recurriese la norma impulsada por el Gobierno de Carlos Mazón (PP), que la reforma acordada por los populares con Vox supone “el primer recorte de derechos de las personas LGTBI en toda la historia de la democracia valenciana”. El escrito añadía que la ley implicaba “un ataque a la diversidad” y un intento de los citados partidos de “imponer su visión de la sociedad, donde sólo tienen cabida quienes piensan como ellos”.

Para Compromís, las fuerzas políticas impulsoras de la normativa recurrida “siempre y en todos los lugares han estado en contra de los derechos de las personas LGTBI”. Las alegaciones de los valencianistas agregaban que la nueva legislación implicaba el menoscabo del citado derecho al libre desarrollo de la personalidad al imponer requisitos médicos y psicológicos a las personas trans, recuperando para ellas el tratamiento de “personas enfermas”.