Una trabajadora de Igualdad, sobre las pulseras antimaltrato: “¿Cómo nosotros, como ministerio, podemos garantizar que esto no siga pasando?”

“¿Cómo nosotros, como ministerio, podemos garantizar que esto no siga pasando?“. Esa fue la pregunta que una trabajadora del Ministerio de Igualdad hizo el pasado 6 de marzo cuando personal de Cometa ―el centro que se ocupa de las pulseras antimaltratadores― le explicaron los problemas que estaba teniendo con los GPS de los dispositivos. Fue en una de las múltiples reuniones que ha mantenido con la plantilla y responsables de las adjudicatarias (Vodafone y Securitas) sobre todo en el último año y medio, después de que cambiaran las empresas que dan el servicio y empezaran a producirse múltiples fallos que llevaron, según el personal de ese organismo, a “mucho caos”.

Aquel día el objetivo por parte de Igualdad era que los trabajadores le contaran qué era exactamente lo que estaba sucediendo con la nueva plataforma de Vodafone ―que junto a Securitas sustituyó a Telefónica y Securitas Direct como concesionarias en noviembre de 2023―, también con los dispositivos, y analizar las diferencias respecto al servicio anterior; a pesar de que durante días distintas responsables políticas han negado que conocieran la existencia de problemas. La realidad, comprobable a través de múltiples documentos, es que conocían esos fallos y estaban trabajando para intentar solucionarlos. “Estamos aquí para escuchar lo que había y escuchar lo que hay, y después hablaremos con la UTE [la unión temporal de empresas entre Securitas y Vodafone] lo que haga falta”, dijo entonces esa trabajadora.

Y el personal de Cometa le contó.

Por ejemplo le hablaron de saltos en el GPS y posiciones que no se movían durante un tiempo determinado sin razón para ello, lo que en sus informes técnicos llaman “posiciones congeladas”; mencionaron, como ejemplo, el caso de una mujer cuyo dispositivo la ubicaba en Rusia, sin que ella hubiese estado allí jamás y sin que hubiese salido de España recientemente. También hablaron de imprecisiones en esas ubicaciones, a veces, por kilómetros; y pidieron respecto a esto alguna forma de detectar cuántas víctimas y cuántos agresores estaba sin la ubicación actualizada.

Le comentaron que, como consecuencia de esos errores, había víctimas que desconfiaban a menudo de la información que les daban desde la sala de control, y llegaban a llamar varias veces para confirmar lo que les habían dicho de inicio.

La “vulnerabilidad” de los dispositivos

Había, sobre todo, algo que entre todas las incidencias ha preocupado especialmente junto a los errores en la localización, la “vulnerabilidad” de los dispositivos.

Según trasladaron a Igualdad, podían apagar los aparatos ―emitiendo además una señal de “power off” que ni siquiera existía en su protocolo―; podían desvincular la pulsera del teléfono anulando simplemente la “detección de dispositivos cercanos” a través del menú de ajustes; o podían “modificar” el dispositivo por ejemplo para ajustar el volumen y las notificaciones. En el caso de los aparatos de las víctimas, llegaban a apagarlos por el pitido constante de las alertas que saltaban sin saber a veces por qué.

Dificultades para averiguar cuáles eran los motivos para que fallara una pulsera que complicaba el trabajo tanto de técnicos de campo como de sala.“Volúmenes muy elevados de señales de rotura cuyo motivo u origen son desconocidos incluso a ojos del técnico de campo, que en la mayoría de los casos se encuentra con pulseras sin daños”, se lee en un documento que recogió parte de esa reunión.

También se encontraban, a menudo, problemas con la batería de los dispositivos. Según las especificaciones del fabricante de origen la autonomía estaba estimada en 18 meses, mientras que en la ficha técnica de Oysta [la empresa que las suministra] figuran 12. El documento que aparece actualmente en la página de la Delegación, donde se explican los componentes de ese sistema de alejamiento, explica que “el transmisor VF-OT01 [la pulsera] se alimenta de baterías de Litio recargables a través de un accesorio móvil de recarga tipo “Power Bank” acoplable al mismo. Su vida útil estimada es de 12 meses en pleno funcionamiento y sin recarga”.

“La realidad es que duran 24 horas”, se lee en ese acta, que señala que es la propia trabajadora del ministerio quien da esas cifras y quien definió como “un problema gordo” esa cuestión, que provocaba, a su vez, que acabaran pasando avisos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por desconexión de dispositivo.

Sin embargo, cuando Policía o Guardia Civil llamaban al agresor, este cogía el teléfono correspondiente al dispositivo, por lo que no había nada desconectado, pero al no tener suficiente batería, a la sala de control le aparecía como que sí. La representante de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género les pidió saber cuánto duran las baterías de cada una de las 3.930 pulseras que había instaladas en el momento de aquella reunión. ¿La respuesta? Que no tenían forma de conocer ese dato: “No se disponen de medios en la herramienta para saberlo”.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.