El Poder Judicial recuerda al Gobierno que alertó de problemas con pulseras antimaltrato a principios de año

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, la vocal del CGPJ Esther Erice, ha remitido este lunes una carta a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, en la que recuerda que su organismo alertó desde principios de este año de los fallos en las pulseras antimaltrato.

La carta es en respuesta, explica, a otra misiva remitida por Martínez Perza la pasada semana. En ella, según El Confidencial, la delegada aseguraba que no habían recibido “comunicación oficial alguna (...) relativa a la mala calidad del servicio que iba a ofrecer” la nueva adjudicataria.

La carta de Erice se refiere a tres informes remitidos desde el Observatorio a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Dos fueron remitidos por el presidente de la Audiencia Provincial de Granada, informando de “diversas incidencias referidas por los órganos judiciales de la provincia”. El Observatorio a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, según la nota emitida este lunes, dio cuenta de ellos de “mediante oficios de fechas 8 de enero y 21 de febrero de 2025”, respectivamente. El otro informe, explica, se refiere a otra incidencia y fue remitida por un órgano judicial de Galicia. De esta se dio traslado a la Delegación del Gobierno, según el CGPJ, el 27 de febrero de 2025.

Erice recuerda en su carta que la instalación de los dispositivos antimaltrato son “una de las medidas de protección de las víctimas que los órganos judiciales pueden acordar y que las incidencias que se puedan ocasionar deben comunicarse al servicio competente de su gestión, que no son ni los juzgados y tribunales ni el Consejo General del Poder Judicial”. Asegura que las comunicaciones sobre incidencias que puedan recibirse en el Observatorio “son trasladadas a los organismos competentes”.

También advirtieron de esos fallos en las pulseras las Audiencias provinciales, el pasado mes de marzo, en las conclusiones de unas jornadas celebradas en Las Palmas. Una de las conclusiones fue: “Ante las dilaciones que se producen desde la resolución judicial que acuerda la medida hasta la colocación de dispositivos de control telemáticos de proximidad, solicitamos la ampliación urgente de la plantilla de técnicos del centro Cometa. Asimismo, teniendo en cuenta que los dispositivos presentan fallos técnicos por localizaciones erróneas o incluso por manipulaciones de los investigados, interesamos que se revisen y corrijan las disfunciones, a fin de evitar la desprotección de las víctimas”.

Estos avisos han trascendido tras la polémica abierta después de que la Fiscalía General del Estado aludiese, en su memoria de 2024, a una incidencia en el registro de los datos de ubicación de los agresores, que impidió a algunos juzgados analizar quebrantamientos de penas de alejamiento, por no disponer de los datos anteriores a marzo de 2024.

Estos problemas, detectados tras cambiar el operador adjudicatario del servicio de pulseras (de Telefónica a Vodafone), condujeron a “una gran cantidad” de sobreseimientos temporales y absoluciones, según se señalaba en la Memoria.

Tanto la Fiscalía como el Ministerio de Igualdad han asegurado que este problema se solucionó a finales de 2024 y solo afectó a algunos procedimientos judiciales -la mayoría de los cuales ya se han reabierto-, pero que los dispositivos de control de localización funcionaron perfectamente en todo momento, por lo que las víctimas nunca quedaron desprotegidas.

Partidos de la oposición y aliados como el socio de Gobierno, Sumar, han pedido que se investigue lo ocurrido. Las pulseras que controlan la ubicación de los condenados por violencia machista se emplean en España desde 2009 y ninguna víctima protegida con este sistema ha sido asesinada.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.