La ley abolicionista de la prostitución que prepara el Gobierno pondrá el foco en el proxenetismo digital

La prostitución, como cualquier otra cosa en la que cualquiera pueda pensar, también ha ido pasando, en las dos últimas décadas, a los entornos digitales. Y lo hizo aún con mayor rapidez durante la pandemia, cuando los confinamientos y las medidas sanitarias de seguridad imposibilitaron la que se daba en las calles ―que ya era minoritaria―, y cercaron los clubes. Ahí se aceleró un cambio de marco al que las instituciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad no fueron ni son ajenas: esa actividad, alegal por el momento en España, pasó a darse más en pisos e hizo un trasvase abrumador a Internet. Y esta última cuestión ―estrechamente relacionada con ese paso a pisos y locales más ocultos que los antiguos y reconocibles prostíbulos de carretera o de ciudad―, estará como línea de trabajo en la futura ley abolicionista que prepara el Gobierno, anunciada para ir a Consejo de Ministros en primera vuelta este próximo septiembre aunque cabe la posibilidad de que se llegue a octubre.

Del texto, que nace del Ministerio de Igualdad, aún no se conoce una redacción concreta, lleva trabajándose meses y ha tenido un especial empujón durante el verano, cuando ya también en manos del Ministerio de Justicia, ha ido cerrándose. Ese acelerón en los últimos tres meses vino después de que se conocieran los audios de la UCO que desvelaron las conversaciones entre José Luis Ábalos, exsecretario de organización del PSOE, y su mano derecha, Koldo García, hablando de prostitutas como si estuviesen hablando de cromos y despertó el rechazo y la crítica social y de políticas y políticas de todos los partidos.

En aquel momento, junio, con un arco parlamentario unánime frente a esa distendida charla que no traslucía sino el machismo y la misoginia de quienes hablaban, el Gobierno calculó que era un buen momento para ir más rápido en una norma cuyo objetivo, la abolición de la prostitución, ya había puesto sobre la mesa en varias ocasiones la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Y calculó que era un buen momento porque vio en aquella reprobación común la oportunidad de reabrir el debate sobre algo que en esa cartera, la de Igualdad, nunca ha podido cerrarse un acuerdo parlamentario. Porque la prostitución, hasta ahora, divide a los partidos entre quienes abogan por la abolición sin ambages y quienes la entienden como trabajo sexual. Dos aproximaciones que dificultan, casi imposibilitan, llegar a un consenso.

“Una migración masiva hacia Internet”

Ahora, ya cerca de septiembre, aún están trabajando sobre el texto. Mientras, lo que sí es seguro, según confirman fuentes cercanas al Gobierno, es que el proxenetismo digital es una de las líneas de trabajo de ese documento. No es ninguna sorpresa según el contexto en el que se mueve España como lo hacen muchos otros países.

En 2022, el catedrático de Sociología de la Universidad de Valencia Antonio Ariño dirigió un estudio encargado por la Generalitat Valenciana para conocer el estado de la prostitución en España y el análisis, de casi medio millón de anuncios en seis páginas y foros, tuvo una conclusión clara que el profesor concretó así en este diario: ”Hay una migración masiva hacia internet y una transformación”.

Una transformación que tiene que ver entre otras cuestiones con la facilidad y el anonimato que proporciona la red para llegar hasta la prostitución; con la ingente información que hay en páginas y plataformas explicando las características físicas de las mujeres como si fuera un muestrario de una tienda de zapatos; o con el cambio de localización de los lugares donde se da.

Explicó Ariño en ese momento que “la concepción que se tenía hasta ahora era de clubes a las afueras con luces de neón. Hoy, como el contacto se establece a través de internet, ya no es necesario que esos locales sean visibles. Están ocultos dentro de la ciudad”, es decir, se ha producido lo que él llamó una “relocalización urbana de la prostitución” que es, en parte, la llamada tercería locativa ―quienes obtienen lucro proporcionando los lugares para la prostitución― y que Redondo, la ministra de Igualdad, ya ha verbalizado en varias ocasiones, directa e indirectamente, que también recuperarían cuando se legislara sobre la abolición de la prostitución.

Recuperar porque esa es una figura que ya estuvo en el Código Penal y que el propio PSOE sacó en la reforma de 1995, durante el último Gobierno de Felipe González; y recuperar también porque el PSOE, en los dos últimos años, ha llevado al Congreso en dos ocasiones una propuesta para prohibir el proxenetismo en todas sus formas que nunca acabó de prosperar y que tenía que ver con cambios en el Código Penal.

Modificaciones para el endurecimiento de las penas a los proxenetas, multas a los puteros y la vuelta de la tercería locativa como modalidad específica y agravada de proxenetismo en un artículo diferenciado con un “ligero aumento de pena”. Esas penas se establecían en una horquilla “de dos a cuatro años y multa de dieciocho a veinticuatro meses” e impuesta “en su mitad superior cuando la prostitución se ejerza a partir de un acto de violencia, intimidación, engaño o abuso”.

OnlyFans como paradigma

Pero mientras que dentro del ámbito de la prostitución los pisos o locales ―aún sin neones― pueden ser algo más fáciles de identificar porque son algo físico, tangible, el canal por el que muchas veces se llega hasta ellos no lo es. Internet, las redes sociales, las plataformas y servidores, ramificados y dispersos por todo el mundo, son difíciles a veces de identificar y mucho más de perseguir, material y jurídicamente.

Y a la vez que ha ocurrido eso con la red, con los canales por los que se llega a la prostitución, que se han dispersado y ramificado, también ha sucedido con el propio concepto de prostitución, que no solo se cuela y se mueve por espacios tan aparentemente inocuos respecto a este tema como Instagram, Facebook o X; sino que se muestra, y se extiende, a veces disfrazado de otra cosa.

¿El ejemplo más obvio? OnlyFans, una plataforma que tiene ya más de cinco millones de personas registradas como creadoras de contenido y más de 390 millones de personas registradas como usuarios que pagan por esos contenidos y que según el estudio cualitativo OnlyFans. Un espacio blanqueado del negocio del sexo, de la Federación de Mujeres Jóvenes, del pasado año, ocho de cada diez de esos usuarios son hombres y la mayor parte tiene entre 25 y 44 años; las creadoras son casi todas, mujeres, el 97%, sobre todo jóvenes; el contenido que ponen a la venta es erótico, sexual y pornográfico; y la web se queda con el 20% porcentaje de lo que ellas ganan.

Ese informe definió esa plataforma como un site que “genera millones de euros al año [más de 500] convirtiendo a las mujeres en productos y mercancía a través del consumo continuado de contenidos pornográficos y prostitución”; que “facilita el discurso prostituyente sobre las mujeres a través de la normalización del pago de dinero por las prestaciones de cualquier tipo de imagen o servicio de índole sexual, y donde la propia plataforma procede como proxeneta junto con las redes de proxenetas que en ella actúan captando a mujeres cada vez más jóvenes”.

Una cuestión, la de la edad, que en este y otros sentidos también estuvo en el debate y los trabajos de la norma que hasta ahora se ha acercado más a la regulación de estos entornos, el proyecto de ley orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales al que el pasado marzo el Consejo de Ministros dio luz verde hacia el Congreso y en el que trabajaron cinco ministerios (Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Transformación Digital, Juventud e Infancia y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, e Igualdad).

Las dificultades para regular esto fue definida durante el proceso de redacción del texto por algunas fuentes cercanas a ese trabajo y respecto a algunas cuestiones como “atrapar el aire” precisamente porque Internet es intangible y el acceso cada vez más fácil, a través de más dispositivos y a edades más tempranas. ¿Cómo se aproximará la futura ley abolicionista a ese proxenetismo digital? Se desconoce. ¿La complejidad? Es un hecho.