Igualdad trabaja para que el INE dé marcha atrás y excluya la prostitución de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas

El pasado enero, por primera vez, España incluyó la prostitución en el CNAE, la Clasificación Nacional de Actividades Económicas ―un sistema oficial con fines estadísticos y administrativos―. En el epígrafe 96.99, el de “otros servicios personales”, aparece desde entonces “la prestación o concertación de servicios sexuales”. Pasó desapercibido y lo hizo en un contexto muy concreto: nunca España ha estado más cerca de legislar la abolición de la prostitución que ahora porque será este septiembre cuando el Gobierno lleve previsiblemente el texto de esta norma al Consejo de Ministros. Es, desde un prisma político, contradictorio. Este lunes, el Ministerio de Igualdad ha enviado un comunicado sobre esa inclusión en el CNAE en el que asegura que “el Gobierno trabaja con el INE para la exclusión de la mención a los servicios sexuales de la guía interpretativa de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE)”.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado que la “mención [en el CNAE] es un automatismo que proviene de la práctica europea” y que están “trabajando en su exclusión” junto al Ministerio de Economía y el INE ya que, según se explica en el comunicado, la introducción ha derivado de una traslación directa desde Eurostat: “La guía publicada por el Instituto Nacional de Estadística se limita a traducir de manera literal la guía interpretativa original publicada por Eurostat. Esta guía acompaña al documento básico que clasifica las actividades económicas de todos los estados miembros”.

Desde el ministerio añaden que enviarán “una carta a la comisaria europea de Igualdad para solicitar la adaptación de ese listado de actividades económicas al ordenamiento jurídico de cada país”, ya que “al ser la base de una armonización europea, no atiende a las diferencias legales y sociales entre los estados miembros. En este contexto, el gobierno está trabajando con el INE para una mejor adaptación de la guía a la realidad española”.

La realidad española, en este momento, es la de un Gobierno cuyo objetivo es la abolición ―según han declarado en varias ocasiones en los últimos meses distintos cargos institucionales―, con un texto que previsiblemente estará para una primera vuelta en el Consejo de Ministros en unas semanas, y en un Congreso sin consenso para esta cuestión. Pero aún sin ese acuerdo parlamentario, y aunque vaya a ser más que complicado llegar a él, resulta obvia la contradicción entre dar cierta carta de naturaleza a la prostitución dándole una categoría económica y la intención de abolirla.

Igualdad ha insistido en que esa nomenclatura “no tiene eficacia jurídica” ―porque “no viene contemplado en el Real Decreto 10/2025, de 14 de enero, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2025 (CNAE-2025)”―; y también en la “coherencia” del Gobierno, “que sigue trabajando en el anteproyecto de una ley abolicionista de la prostitución”.