El juicio por el desahucio de las exmonjas de Belorado queda visto para sentencia

El juicio por el desahucio de las exmonjas del Monasterio de Belorado (Burgos) ha quedado visto para sentencia este martes en una vista oral en la que las exclarisas han defendido ser las legítimas propietarias del inmueble, mientras el Arzobispado ha insistido en que dejaron de formar parte de la comunidad religiosa cuando decidieron abandonar la Iglesia católica.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca (Burgos) ha acogido esta mañana el juicio por la demanda de desahucio presentada por el Arzobispado contra las ocho exmonjas que siguen en el Monasterio de Belorado, excomulgadas en junio de 2024 por un delito de cisma.

En declaraciones a los medios a su llegada al tribunal, Sor Paloma (Susana Varo) ha insistido en que están tranquilas y “con la conciencia muy tranquila”, y ha acusado al comisario pontificio y arzobispo de Burgos, Mario Iceta, de “cobarde” por no asistir a la vista oral, dejando la representación en sus abogados, y de actuar solo bajo “su propia ambición para quedarse con el monasterio”.

El abogado de las exmonjas, Florentino Aláez, ha basado su defensa en que las personas jurídicas gozan de libertad religiosa y, por tanto, del derecho a separarse de una confesión religiosa, y ha insistido en que cuando tomaron la decisión en mayo del pasado año lo hicieron como comunidad religiosa.

Aláez ha asegurado que por tanto no fueron las exmonjas las que, a título individual, decidieron separarse de la Iglesia católica, sino la comunidad del Monasterio de Santa Clara de Belorado, de modo que ellas siguen siendo las titulares propietarias del convento.

Por su parte, el abogado del Arzobispado ha afirmado que una separación de la Iglesia católica por parte de una entidad religiosa es cuestión del derecho canónico, y ha apuntado que, en el caso de Belorado, las exmonjas perdieron su condición de religiosas el 8 de mayo.

En ese momento dejaron también de pertenecer la comunidad religiosa de Belorado, que sigue existiendo y cuyo representante legal es el arzobispo Mario Iceta, como comisario pontificio, y ha asegurado que las exreligiosas ocupan “en precario” el monasterio burgalés, del que deben salir.