La pasividad de la Junta de Andalucía con las cuotas “discriminatorias” y finalidad lucrativa de un colegio concertado de Sevilla

En diciembre de 2024 un contundente informe de la Inspección de Educación de la Junta de Andalucía concluía que el cobro de una serie de tarifas voluntarias por parte del colegio concertado Sagrado Corazón de Jesús de Sevilla y el trato discriminatorio que dispensaba a los alumnos cuyas familias no las abonaban “incumplía el principio de gratuidad de la enseñanza obligatoria […] al establecer distinciones entre el alumnado en el acceso a medios o recursos curriculares” y que, esas tasas tenían un “fin lucrativo”. Entre las sanciones que recomendaba el inspector se incluía la rescisión del concierto. Más de seis meses después, y con el curso escolar concluido, la Consejería de Desarrollo Educativo no ha adoptado ninguna resolución concreta, aunque asegura que el caso está en manos de los servicios jurídicos, para desesperación de las familias que han denunciado este sistema de pagos, que observan cómo en este tiempo la dirección del centro no ha revertido ninguna de las anomalías -reconocidas en el documento- y que recelan de un nuevo incremento en esas tasas cuestionadas para la vuelta de las vacaciones.

“El CDP Sagrado Corazón de Jesús está incumpliendo el principio de gratuidad de la enseñanza obligatoria y, por tanto, conculca el derecho a la educación recogido en el artículo 7 de la Constitución al establecer distinciones entre el alumnado en el acceso a los medios o recursos curriculares según se paguen determinadas cuotas o no por parte de las familias”, establece el informe entregado por el inspector el 16 de diciembre de 2024. El documento alude al pago de una tarifa plana, antigua cuota pastoral, -con tres versiones de 65, 111 y 165 euros, en función del número de hijos-, asociada a descuentos en servicios como el comedor o las actividades extraescolares, y otros dos pagos para los servicios de digitalización -cuota comunicación TIC, de 50 euros para Infantil, 52 para secundaria y 64 para FP- y para el acceso a la plataforma Educamos -34 euros de coste-, a través de la que se traslada la información detallada de cada alumno a las familias. La Inspección considera que estas tarifas adolecen del carácter de “voluntariedad” y advierte de que “el trato diferenciado y discriminatorio que se aplica al alumnado cuyas familias no abonan las tarifas previstas”, conculca la legislación educativa “con las consiguientes segregación y discriminación del alumnado”.

Como ejemplos de ese trato discriminatorio, el informe recoge el caso de una familia cuyo hijo, diagnosticado con trastorno de déficit de atención, al no abonar la cuota de 20 euros por el alquiler de un ordenador al carecer de recursos económicos suficientes, se vio privado del portátil que venía utilizando y que era idéntico al del resto de los 30 niños de su clase y le fue sustituido por otro de peores condiciones. “Tratamos de hablarlo con el director del centro, porque estábamos abonando ya los 50 euros de la cuota de digitalización, los 34 de la plataforma educamos y nos parecía que no era necesario abonar la cuota por el ordenador”, explica el padre a este diario. Esta familia no pagaba la tarifa plana que hubiera hecho que la cuota de alquiler del ordenador se redujera en 10 euros. El inspector les instó a que no pagaran esa cantidad porque, tal y como recoge en su informe, la Consejería de Desarrollo educativo había facilitado al centro 30 portátiles para el curso 21/22 “totalmente gratuitos. “Desde que dejamos de pagar, a mi hijo se le quitó el ordenador con el que trabajaba y en el que tenía todos sus documentos por otro que iba muchísimo más lento. Así ha estado desde noviembre, con una discapacidad reconocida y con un ordenador diferente al del resto, sin poder acceder a sus apuntes para poder estudiar”.

“Más allá de que el conjunto de pagos que deben realizar las familias, se deduce que en el centro solo se pueden escolarizar alumnado cuyas familias tengan una posición económica que permita el conjunto de pagos a realizar, consecuencia contraria al principio de equidad que rige nuestro sistema educativo del que forma parte este centro, estando obligado a prestar un servicio público que, de esta forma, se ve alterado”, concluye el inspector que también advierte de que todos estos pagos “contravienen” el “carácter no lucrativo que debe regir el funcionamiento” de estos centros sostenidos con fondos públicos. Además de a la Inspección, las familias que han denunciado estos casos de discriminación también han acudido al Defensor del Menor y a la organización de consumidores Facua.

Las reivindicaciones de las familias del centro se remontan a hace tres años, cuando se produjo un cambió en la dirección. “Primero fue el cambio de uniforme, con una calidad considerablemente más baja y que solo se podía adquirir en una gran cadena, cuando antes podíamos acudir a otros establecimientos”, recuerda una madre, que también ha denunciado. Después, según coinciden las familias consultadas, siguió un cambio en el proyecto editorial para Infantil que suponía un gasto de 270 euros por niño. “El centro ese mismo año también abrió librería para poder adquirir ese material allí”, abunda otro padre denunciante. La cuota pastoral, que ahora se llama tarifa plana, y que lleva aparejada descuentos en otros servicios del centro, ha ido subiendo de los 53 euros de entonces a los 65 de este curso -una subida del 23%-. “El primer año se nos dijo que era por el IPC y después por la incorporación de la plataforma Educamos para la comunicación entre el centro y las familias”, explica el padre. “Este año parece que van a subirlo a 68 euros, si no hacen nada para parlo, pese al informe de la Inspección”, alerta la madre.

En el escrito que Facua remitió a la Consejería de Presidencia se recoge cómo el pago de la tarifa plana permite la reducción del comedor de 120 euros a 64. “Un mismo servicio no debería tener dos costes. Al final no se trata de una cuota voluntaria, porque si yo dejo de pagarla, el comedor me sale más caro, pero es que me veo obligado a abonarlo, pese a que además tiene carácter lucrativo”, incide este padre.

El informe del inspector, además del caso del alumno con necesidades especiales, recoge muchos otros -como el de una alumna de 4º de la ESO que “se ha negado a ir al colegio por la vergüenza que le ocasiona tal discriminación”, en referencia a la decisión del centro de restringirle el uso del ordenador y el acceso a la taquilla porque su familia “por su precaria situación económica” no puede abonar las cuotas. Otras madres y padres han constatado situaciones similares, como consecuencia de dejar de pagar la cuota voluntaria Comunicación TIC. Tras denunciar a la Inspección que sus hijos pasaban de tener una tablet para ellos solos a compartirla con otros alumnos cuyas familias tampoco abonaban esa tasa, ese comportamiento se corrigió por parte del centro, pero se les bloqueó el acceso a la plataforma Educamos a través de las que les traslada un seguimiento de las actividades de sus hijos. “En lugar de por esa plataforma, nos llega por correo electrónico, pero no es la misma información, ni tan completa ni tan continuada” coinciden varias familias consultadas. “Se supone que pagamos la tarifa plana porque lleva descuentos en otros servicios, pero no se nos prestan, más allá de que se está señalando a los niños por una cuestión de la que ellos no son responsables”, indica un progenitor.

Incumplimiento reiterado por parte del centro

El informe de la Inspección, que se entregó el pasado 16 de diciembre, “está en manos de los servicios jurídicos”, indican fuentes de la Consejería de Desarrollo Educativo que no precisan el por qué de tanta demora. Desde el centro, su director, Jesús Jimeno, señala a este diario que no ha recibido ninguna comunicación por parte de la Junta sobre el inicio de una investigación y, aunque dice que no ha tenido acceso al documento, niega todos los hechos que allí se recogen. “Estamos totalmente tranquilos de que cumplimos la normativa. De las 700 familias de este centro, 695 están muy satisfechas” asegura.

Este informe, sin embargo, no es el único desfavorable sobre el sistema de tarifas del colegio concertado. La anterior inspectora adscrita al centro también emitió otras consideraciones desfavorables hasta el punto de forzar una Comisión de Conciliación, que se celebró el 23 de enero de 2024, en la que se acordó suprimir la denominada cuota pastoral poque “al estar vinculada con beneficios en otros servicios tiene un componente discriminatorio para las familias que no la abonan”. Sobre otras cuotas que se abonaban entonces, como la denominada Digitalización para el acceso a los equipos informáticos, se determinó que todo el alumnado debía disponer de ordenadores para acceder a ellos en condiciones de igualdad. Sin embargo, de acuerdo con el último informe del nuevo inspector, lo consignado en esa comisión se ha incumplido. La pastoral se ha sustituido por la tarifa plana y las cuotas establecidas para los servicios de digitalización, antes, son asimilables a la actual de comunicación TIC. “Estamos cumpliento la comisión a rajatabla”, aduce el director, sin embargo.