CC OO recurre el decreto de becas de Wert ante el Tribunal Supremo

El nuevo sistema de becas “vulnera el principio de igualdad” al exigir un 5,5 de nota media para acceder a la exención del pago de la matrícula en la Universidad y un 6,5 para el resto de ayudas, las que suponen recibir dinero. Así lo cree la Federación de Enseñanza de CC OO y por eso ha recurrido el decreto de becas aprobado el pasado mes ante el Tribunal Supremo. “El decreto es contrario al artículo 14 de la Constitución Española, ya que niega la posibilidad igualitaria de alcanzar su educación y estudios en la forma iniciada y deseada a todo aquel que no llegue al umbral académico establecido en el Real Decreto, beneficiando a aquellos que sin alcanzar esta nota tengan medios económicos para poder seguir sus estudios”.

El decreto ha provocado una enorme polémica en los últimos meses por el número aún indeterminado de estudiantes que, cumpliendo los requisitos de renta, se hayan quedado sin ayuda y los que se puedan quedar este año (el curso pasado ya se endurecieron las exigencias de nota y este se han aumentado más para acceder a una beca que suponga dinero). El ministro de Educación, José Ignacio Wert, admitió recientemente que podrían ser al menos 10.000, pues esos son los que podrían perderla a la llegada a la Universidad, sin contar los que podrían hacerlo durante la carrera por no aprobar suficientes materias. El ministerio siempre ha sostenido que no se trata de una exigencia exagerada y que se pretende mejorar los resultados del sistema y hacer a los beneficiarios de ayudas públicas copartícipes del esfuerzo que está haciendo toda la sociedad.

Por su parte, el sindicato CC OO argumenta asimismo que el decreto vulnera también el principio de interdicción de la arbitrariedad porque, entendiendo que la nota media se calcula con todas las asignaturas aprobadas, para algunos alumnos puede resultar más beneficioso no presentarse o suspender determinadas asignaturas que aprobarlas con una nota baja que empeore su media. Ese principio advierte de “la necesidad de que el contenido de la norma no aparezca carente de fundamentación objetiva, no resulte incongruente o contradictorio con la realidad que se pretende regular”. También consideran que se limita “el acceso al estudio a aquellos que carecen de rentas suficientes para pagar la universidad” y que el impacto social de la norma “no ha sido valorado adecuadamente por el legislador”.

CC OO también presentó a principios de mes ante la UE una denuncia contra el Gobierno de España por tres artículos de la reforma educativa que impulsa el ministerio (Lomce). El sindicato considera que la ley vulnera el derecho comunitario en tres artículos, referentes a la segregación por sexo en las aulas, la falta de estudio de principios cívicos de los que estudian Religión y la contratación de profesorado foráneo para impartir lengua extranjera pese a no haber aprobado las oposiciones pertinentes.