El tripartito se contradice en sus medidas contra el almacén nuclear

El sí del alcalde de Ascó al almacén nuclear no sólo ha rebelado a buena parte de los habitantes de la provincia de Tarragona. También ha puesto patas arriba el Gobierno catalán, que ayer dio síntomas de descoordinación en las medidas que piensa emprender para frenar el almacén nuclear de Ascó. El vicepresidente del Gobierno, Josep Lluís Carod Rovira, anunció a bombo y platillo en conferencia de prensa que el Gobierno piensa usar "todos los mecanismos legales" para frenar la iniciativa, singularmente los estudios de impacto ambiental. Sin embargo, el Departamento de Medio Ambiente lo corrigió horas más tarde. "No tenemos ninguna competencia para hacerlo. Llegado el caso, los estudios de impacto ambiental los hará el Gobierno central", informó un portavoz de Medio Ambiente.

Tampoco el Departamento de Economía, del que dependen las políticas energéticas, demostró querer iniciar ninguna gran batalla. "No tenemos ninguna competencia", argumentó un portavoz. Queda el Departamento de Política Territorial, responsable último de cualquier recalificación de terrenos que deba hacerse para que Ascó acabe acogiendo el almacén. Presidencia quitó hierro a las contradicciones: "No se trata de hacer informes, sino de mantener una determinada posición política, y ésta está clara". El presidente Montilla enviará una carta al Ministerio de Industria para comunicarle que rechaza el depósito. Sin embargo, mantiene que no piensa recurrir la decisión del Ayuntamiento de Ascó para no violar la "autonomía municipal".

Las cosas no andan mucho más claras en Convergència i Unió (CiU). En una reunión de los diputados de CiU en el Parlament, varios representantes de la federación tomaron la palabra para lamentar la incoherencia del partido, que rechaza la instalación del cementerio nuclear en Ascó pero que por ahora no ha expulsado al edil que la impulsa. "Hemos hecho demasiada comedia", lamentaba ayer un dirigente de CiU.

Durante la reunión hubo momentos de tensión cuando diputados de Tarragona reprocharon a los convergentes de Ascó la apuesta por las nucleares como monocultivo económico, cuando ellos se han agarrado a sectores como el turismo rural o la gastronomía. Además, lamentaron que el al cementerio llegue justo cuando la federación comenzaba a recuperarse de la sacudida que supuso la polémica por el trasvase del Ebro. Las consecuencias pueden ser nefastas con vistas a las autonómicas de otoño, admiten algunos diputados.

Aunque los dirigentes de CiU hablaron hace unos días de expulsar del partido a los compañeros de Ascó, la federación ha abierto finalmente un expediente informativo cuyo trámite puede prolongarse durante no menos de dos semanas. Si se llegara a proponer la suspensión de militancia, la debería ratificar el consejo nacional. Esquerra (ERC) e Iniciativa (ICV) echaron ayer en cara a los convergentes la tibieza de su actitud. Desde CiU se apeló a "los estatutos garantistas" de la federación. "No se puede echar a un militante así como así", defendieron.

El Gobierno catalán no es tan tajante como el de Castilla-La Mancha, encabezado por José María Barreda, y no piensa recurrir la decisión del Ayuntamiento de Ascó. "Respetamos la autonomía municipal", dijo Carod. Para complicar más las cosas a Montilla, sus socios de ERC e ICV se manifestarán hoy en Barcelona contra el cementerio nuclear.

Barreda anunció el lunes en la ejecutiva del PSOE que estaba dispuesto a tomar todo tipo de medidas para evitar que el almacén nuclear se instale en su comunidad, y ya ha empezado su ofensiva. El PSOE regional promueve un pleno extraordinario de las Cortes autonómicas para aprobar, con su mayoría absoluta, una moción de condena a la candidatura de Yebra (Guadalajara), un ayuntamiento del PP. El texto exigirá a Yebra que retire esa candidatura, respaldada por los cinco concejales del PP frente a los dos del PSOE.