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El reciclaje invisible: el camino para dignificar el oficio de quienes cuidan del planeta

Una herramienta desarrollada por la ONG Fundación Avina mide cuánto aportan los recicladores a la reducción de emisiones y ya se aplica en ciudades de países como Argentina y Ecuador

Dos trabajadores de la cooperativa El Álamo, en Buenos Aires, revisan los residuos.
Armando Quesada Webb

Patricio Daquilema ha trabajado como reciclador durante 16 de sus 44 años de vida. En el cantón de Mejía, en el sur de Ecuador, coordina la asociación de recicladores llamada Ecomejía, que cuenta con otros 15 miembros. Daquilema y sus colegas son parte de las decenas de millones de personas en el mundo que se dedican a la recolección, clasificación y procesamiento de residuos —las estimaciones van de entre 20 y 50 millones, pero el cálculo se dificulta por el alto grado de informalidad—, un trabajo que el ecuatoriano dice que es “bien difícil”. “Nosotros acá trabajamos en la lluvia, en el sol, con frío o con calor. Nunca paramos”, cuenta.

La Organización Internacional del Trabajo reconoce el servicio de los recicladores como “empleo verde fundamental para la transición hacia economías sostenibles”, pero se trata de un oficio que enfrenta “discriminación y la falta de reconocimiento”, de acuerdo con la Fundación Avina, una ONG latinoamericana que trabaja por el desarrollo sostenible a través de alianzas público-privadas. Por ello, esta organización ha desarrollado un sistema para que trabajadores como Daquilema puedan ser compensados económicamente por su aporte a la reducción de emisiones y contribución a proteger el medio ambiente.

Dos empleados de la cooperativa Madreselvas, en Buenos Aires, revisan los residuos.

Romina Malagamba es investigadora de la Universidad Nacional de General San Martín (Unsam), en Argentina ―que encabeza este proyecto de la Fundación Avina desde 2023― y afirma que el objetivo es que las asociaciones de recicladores puedan cobrar por las emisiones que evitan, las cuales ahora miden con la nueva herramienta que ya está implementada o en proceso de implementarse en ciudades o municipios de 11 países, como Argentina, Ecuador o Brasil.

Según Malagamba, el sistema que diseñaron estima la actividad que realiza cada centro de reciclaje: cuánto material recupera, qué tipo de material, qué tipo de maquinaria utilizan y cuánta energía consumen, entre otros factores. La herramienta de medición cuenta con la participación de científicos de la Unsam, la Universidad Nacional Tres de Febrero y del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de Argentina. Además, cuenta con el aval de la Coalición Clima y Aire Limpio para Reducir los Contaminantes de Vida Corta, una iniciativa de las Naciones Unidas formada por más de 190 gobiernos y ONG.

Varias personas de Recuperadores Urbanos del Oeste (RUO), en Buenos Aires, clasifica residuos en una planta de reciclado.

“Es clave entender que más allá del equipo técnico, la herramienta ha podido llevarse a cabo porque se trabajó de manera conjunta con las organizaciones de recicladores, coordinando el saber local con ciencia”, apunta Malagamba. La investigadora dice que el objetivo final es aportar al desarrollo de “modelos económicos circulares” que reconozcan “el impacto social, económico y climático” de los recicladores. “Cuando presentamos los primeros resultados, le pudimos decir a una trabajadora con 40 años de experiencia cuál era su aporte climático y, para mí, de eso se trata todo”.

Reconocer a los recicladores

En Latinoamérica, se recicla solo entre el 5 y el 10% de los residuos, pero de estos, el 90% pasa por manos de recicladores, de acuerdo con Malagamba. “Detrás de ese número hay una falta de claridad con respecto a las condiciones”, continúa. Este es uno de los temas que la Fundación Avina intenta acercar al plano político. El pasado junio, por ejemplo, tuvieron una reunión con representantes del gobierno federal de Brasil, y este país será uno de los que ahora aplicará el sistema de compensación.

“Nosotros partimos siempre de una idea de que la reducción de emisiones debe tomar en cuenta lo humano, con personas en condiciones dignas, porque esas toneladas de residuos se obtienen a partir de la explotación de las personas”, señala Malagamba. “La Comisión de Derechos Humanos está mirando de cerca y también tutelando y reconociendo poco a poco ese valor climático de los recicladores”, agrega la experta.

Entrada de la cooperativa de reciclaje Madreselvas, en Buenos Aires, Argentina.

Como caso de éxito, Malagamba comenta cómo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires implementó la herramienta de estimación y ahora los recicladores “están demostrando cómo agregan valor” y están “cobrando por compensar las emisiones del gobierno de Buenos Aires”. La investigadora considera que la herramienta va en línea con una “economía circular inclusiva” que puede ser particularmente beneficiosa para el llamado sur global, es decir, Latinoamérica, Asia y África. Malagamba señala que ya están trabajando para poder llevar la herramienta de estimación a países de estos dos últimos continentes.

En Mejía, Ecuador, Daquilema considera que aún hay mucho que su organización necesita para poder trabajar con dignidad, como un local propio para almacenar y procesar los residuos. Sin embargo, cree que comenzar a recibir el dinero por su aporte al medio ambiente es un paso en la dirección correcta: “Lo más importante es que se trata de una ayuda para todas las personas de nuestra organización”.

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Sobre la firma

Armando Quesada Webb
Periodista costarricense. Escribe en El País Semanal y colabora con el Proyecto Tendencias. Cursó el máster de Periodismo UAM-El País en la promoción 2021-2023.
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