La justicia belga archiva la denuncia de Puigdemont por el uso de un GPS de rastreo en su coche

Primer traspiés judicial de Carles Puigdemont en Bélgica. La fiscalía del Brabante Valón, territorio al que pertenece Waterloo, ha decidido archivar la denuncia presentada el año pasado por el expresidente de la Generalitat por la supuesta colocación de una baliza de seguimiento en su vehículo. El entorno del mandatario catalán culpó a los servicios secretos españoles de estar detrás del dispositivo de rastreo, y le acusaba de violar su derecho a la privacidad, pero el juez instructor, tras analizar las tarjetas SIM y los números de serie de la baliza, no ha encontrado ningún indicio de ello, y ha rechazado ampliar la investigación como pedían los denunciantes, según publicó este jueves el diario flamenco De Tijd y recoge Efe.

Paul Bekaert, uno de los abogados de Puigdemont en Bélgica, ha contestado la decisión en declaraciones a dicho periódico. "Hasta un niño pequeño se da cuenta de que la policía española estuvo detrás del espionaje", criticó. En palabras a EL PAÍS, Bekaert afirma que el magistrado ha desistido continuar con el proceso al estimar que no es posible saber la verdad sobre el caso, y entender que no sería proporcional dedicar más medios para hacer averiguaciones. Sin embargo, Bekaert insiste en que el asunto no se puede dar por cerrado todavía, dado que recurrirán ante un tribunal de Bruselas para que prosigan las indagaciones.

El supuesto geolocalizador fue hallado bajo el coche por colaboradores del expresidente y entregado a las autoridades. La sospecha de que los servicios de inteligencia españoles podían haber tenido algo que ver llegó incluso al Parlamento belga, que en junio pasado ordenó abrir una investigación paralela ante la posibilidad de que los agentes españoles hubieran actuado a espaldas de sus homólogos belgas.

Las pesquisas fueron promovidas por el diputado Peter Buysrogge, miembro de los nacionalistas flamencos de la N-VA, el principal aliado del independentismo catalán en Bélgica. Y fueron encargadas al denominado Comité R, el organismo responsable de controlar las actividades de los servicios de inteligencia en suelo belga. Sin embargo, hace poco más de dos semanas, en una audiencia parlamentaria a puerta cerrada, la entidad explicó que rehusaba asumir la investigación al estimar que "no es su tarea monitorear las actividades de los servicios extranjeros en territorio belga cuando no se trata de actividades de espionaje dirigidas contra Bélgica", según informó el diario De Standaard.