Los jueces y fiscales convocan nuevos paros tras estancarse la negociación con Delgado

Los magistrados y fiscales no aminoran la marcha y este lunes han anunciado nuevas movilizaciones tras el estancamiento de las negociaciones con el Gobierno. Según han informado las siete asociaciones del sector, han convocado paros laborales para los días 5, 6 y 7 de marzo —cuando se prevé que haya arrancado ya el juicio del procés en el Tribunal Supremo—. Los colectivos, que reclaman mejoras salariales y defender la independencia del poder judicial frente a las injerencias políticas, toman esta decisión tras mantener un "decepcionante" encuentro el pasado 10 de enero con el Ministerio de Justicia.

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"No nos ofreció nada concluyente", coinciden las siete asociaciones que secundan este nuevo parón, el quinto desde 2009 y el tercero desde el pasado mayo. El último, celebrado el pasado 19 de noviembre, fue respaldado por el 48,3% de los 5.294 jueces en activo, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, y, por primera vez, se sumaron a la protesta siete magistrados del Supremo. Los convocantes llaman ahora a los jueces y fiscales a parar los tres días de marzo de diez de la mañana a dos de la tarde, en horario de audiencias.

Esta iniciativa supone un nuevo capítulo del enfrentamiento entre las asociaciones y la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Fiscal de carrera, la integrante del Ejecutivo se sumó a la huelga contra su antecesor en el cargo, Rafael Catalá (PP). Y ahora le reprochan falta de voluntad para sacar adelante las reivindicaciones que ella defendía cuando no formaba parte del Gobierno. "Se nos ha transmitido la necesidad de tener paciencia para obtener resultados a largo plazo", destacan los colectivos, que acusan al ministerio de "divagar". En Justicia, en cambio, repiten que todo incremento salarial depende de Hacienda.

Ante este estancamiento en las negociaciones, las siete asociaciones también han presentado un documento con 11 "propuestas concretas" dirigidas al Gobierno: "Claras, alcanzables y con mínima dotación presupuestaria". Entre otras medidas, piden la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, paralizada por el PP y Ciudadanos en el Congreso, la convocatoria de 300 plazas en las carreras judicial y fiscal y la mejora de las retribuciones. Justicia defiende que algunas de sus peticiones ya se han puesto en marcha.