El tribunal del juicio de Gürtel se divide en la redacción de la sentencia

La sentencia del juicio central del caso Gürtel de corrupción se complica y no será unitaria. El presidente del tribunal y ponente del fallo, el magistrado conservador Ángel Hurtado, ha cedido a sus dos compañeros de tribunal, José Ricardo de Prada y Julio de Diego, la redacción de una parte de la sentencia en la que no encuentran una posición unánime. Así consta en una providencia –resolución judicial para la ordenación del proceso– firmada por Hurtado este viernes.

“Dadas las discrepancias habidas sobre algunos puntos sometidos a debate, en el curso de la deliberación (…) encargo la redacción a mis compañeros, para que redacten la resolución en la parte que cada uno discrepe”, señala la providencia. El presidente del tribunal actúa en virtud del artículo 147.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que “cuando el Ponente no se conformase con el voto de la mayoría, se encargará otro Magistrado de la redacción de la sentencia; pero en este caso estará aquel obligado a formular voto particular”.

El juicio de la trama central de Gürtel –la llamada Época 1 de la trama de corrupción centrada en la relación de las empresas de Francisco Correa con administraciones gobernadas por el PP- comenzó a juzgarse el 4 de octubre de 2016 y quedó visto para sentencia el 17 de noviembre pasado después de 125 sesiones. El tribunal se vio dividido en abril de 2017 a la hora de citar como testigo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que finalmente debió comparecer el 26 de julio pasado. Los magistrados De Prada, de carácter progresista, y De Diego, moderado, decidieron, contra el criterio de Hurtado, que Rajoy testificara en persona ante el tribunal.

Durante el juicio, Correa reconoció, con matices, los sobornos a políticos que detallaban las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás en su escrito de acusación, en el que le piden 125 años de cárcel. También aseguró que cobró mordidas a cambio de adjudicaciones de contratos públicos y que entregaba una parte del dinero a Luis Bárcenas para el Partido Popular. La declaración se produjo después de que tres acusados arrepentidos de la trama lo implicaran y dijeran que pagó dinero a cambio de adjudicaciones públicas a políticos como el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda.

A lo largo de la vista oral quedó de manifiesto la enemistad surgida entre Correa y el extesorero Bárcenas. El 17 de enero, certificó que la contabilidad secreta que confeccionó con su antecesor, Álvaro Lapuerta, entre 1990 y 2008 “era una contabilidad no oficial, extracontable, y era del PP, claro”. Sin embargo, aseguró que fue Rajoy, quien, en 2003, rompió las relaciones del partido con Correa.

Anticorrupción reclama para Bárcenas una pena de 39 años y medio de cárcel y una multa de 88,8 millones de euros. El ministerio público le acusa de evadir 11,5 millones de euros en impuestos entre 2000 y 2009, de apropiarse de casi 300.000 euros del partido y de embolsarse 1,24 millones de euros en comisiones por facilitar contratos públicos a empresarios que le presentó Correa.

La exministra de Sanidad Ana Mato, a quien las acusaciones consideran, como al PP, “partícipe a título lucrativo” –beneficiaria del fruto de unos delitos que desconocía- protagonizó la sesión 42ª, del 13 de febrero. Según la fiscalía, la política del PP se benefició de unos 28.000 euros en servicios pagados por las empresas de Correa. Mato responsabilizó a su exesposo Jesús Sepúlveda, antiguo alcalde de Pozuelo de Alarcón, de la contratación de decoración de fiestas de cumpleaños y de viajes familiares que supuestamente fueron abonados por las empresas de la trama Gürtel.