La oficina del PP contra la corrupción sigue sin estar operativa

El organismo que aprobó el PP en su Congreso de febrero para fiscalizar a sus cargos y prevenir la corrupción sigue sin estar plenamente operativo. Casi diez meses después de que la formación de Génova anunciara que impulsaría la Oficina del cargo popular, sus integrantes siguen sin tener un reglamento que les permita investigar a cargos orgánicos y públicos del partido. La dirección del PP —que acaba de saber que el partido se sentará en el banquillo de los acusados en el caso de la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas— se ha comprometido a acelerar los pasos que permitan que el ente fiscalizador comience a operar.

"Seguimos avanzando en el reglamento. Es una cuestión muy delicada, pero avanzamos", resumió una fuente familiarizada con los trabajos preliminares de la oficina del cargo popular.

El Comité Ejecutivo Nacional que celebró el PP el 22 de mayo aprobó la puesta en marcha del organismo incluido en febrero en los nuevos estatutos. El partido especificó entonces que el objetivo de su creación es asegurar la "idoneidad" de las personas que accedan a cargos orgánicos o públicos en representación del PP. Para ello, tanto la oficina nacional como sus réplicas autonómicas y provinciales tendrán derecho a solicitar en cualquier momento la comparecencia de cualquier cargo. Además, se encargará de gestionar los registros de Actividades y Bienes y Derechos Patrimoniales de los cargos del PP y velará por el cumplimiento del régimen de incompatibilidades.

Cambio de presidente

Aunque en el partido huyen de la etiqueta, la idea es que la Oficina sea al PP lo que el departamento de asuntos internos a la policía. ¿Su misión? Prevenir la aparición de casos de corrupción en una formación azotada por las Operaciones Púnica, Gürtel o Lezo.

No obstante, el camino interno de la Oficina ha estado lleno de curvas. Tras solo unos días en el cargo, Manuel Cobo, el primer presidente del organismo, dimitió por razones personales. "Erradicar la corrupción, como los asesinatos, es imposible", dijo antes en una entrevista con EL PAÍS.

En la actualidad, el exdiputado Andrés Ayala encabeza el ente fiscalizador, en el que también tienen un puesto políticos de larga trayectoria en el PP, como Beatriz Rodríguez-Salmones o José Ramón Pin; y con experiencia en la Administración, como Elena Mantilla.