Los magistrados encargados de las causas en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo

Carmen Lamela, una magistrada blindada frente a las presiones externas

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, encargada de la querella por rebelión contra Carles Puigdemont, es, como muchos de sus compañeros de carrera, alérgica a los focos. Apenas hay más imágenes de ella que la que ilustra esta página, tomada en el Consejo General del Poder Judicial durante la entrevista de su fallida candidatura a la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el pasado abril. Quienes la conocen la definen como una persona “cálida pero no confianzuda”, “muy profesional” y “muy valiente”.

Lamela hace, según sus compañeros, un esfuerzo consciente por preservar su independencia frente a presiones externas. En los días más calientes de trabajo ordena a los funcionarios de su oficina que no le pasen llamadas de nadie ni visitas por importantes que sean. Tampoco tolera que las partes —Fiscalía incluida— traten de imponerle los ritmos de las investigaciones. Lamela ha instruido el caso por terrorismo en la agresión a los guardias civiles de Alsasua, la causa de blanqueo del expresidente del Barça Joan Rosell, o el caso Abengoa.

Pablo Llarena, una carrera forjada en Cataluña

De los 15 magistrados de la Sala Penal del Supremo, la causa por rebelión contra seis miembros de la Mesa del Parlament ha recaído, por turno de reparto, en un juez que ha desempeñado la mayor parte de su carrera en Barcelona. Pablo Llarena (Burgos, 1963) ha sido juez de Instrucción de la capital catalana, magistrado de la Audiencia Provincial y presidente de este órgano durante cinco años, hasta que en 2016 se incorporó al Supremo. En la carrera le reconocen influencia entre el sector conservador de los jueces catalanes.

Fue también presidente y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la más numerosa y conservadora. Desde este cargo, le tocó pronunciarse en más de una ocasión sobre el desafió independentista, un asunto que, en su opinión, debía resolverse en el ámbito político. “Lo que no se puede pretender es que toda la cuestión relativa a atribuir un espacio significativo a la individualidad catalana y toda esta cuestión relativa a la integración de Catalunya en España se vaya a resolver judicialmente”, dijo en una entrevista en 2012 al ser preguntado sobre el encaje territorial de Cataluña en España.