Ignacio González pide al juez que le facilite salir de prisión

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha solicitado este miércoles al juez que instruye el caso Lezo, Manuel García-Castellón, que modifique su situación de prisión provisional incondicional y le imponga una nueva medida cautelar que facilite su salida de la cárcel de Soto del Real, donde ingresó el pasado 21 de abril. Así lo informan fuentes jurídicas después de que González haya declarado durante dos horas ante el magistrado instructor.

El expolítico ha realizado su solicitud al término de su declaración como imputado, la primera que realiza con el juez García-Castellón, que sustituye al primer instructor de la causa, Eloy Velasco. La abogada que lo ha asistido en el interrogatorio se ha adherido a esta petición y la fiscalía no se ha pronunciado, según las mismas fuentes. González sostiene que no existe ni riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas ni mucho menos de reiteración delictiva, motivos por los que Velasco decretó su ingreso en prisión.

El interrogatorio se ha centrado principalmente en la operación para la compra por parte del Canal de Isabel II de la empresa brasileña Emissao que provocó un agujero de 23,3 millones de euros a las arcas públicas. González está imputado por delitos de pertenencia en organización criminal, blanqueo, falsificación de documentación públicos, prevaricación, fraude y malversación. González se encuentra en prisión incondicional al igual que su supuesto testaferro y jefe de los negocios del Canal en Sudamérica Edmundo Rodríguez Sobrino.

El auto por el que González fue encarcelado señala también que el expresidente regional pidió en 2011 a José Martínez Nicolás, alto cargo de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid "en torno a un millón de euros" para "sanear las cuentas" del PP de Madrid.

Aquella resolución del juez Velasco sostenía que Ignacio González se valió de "la influencia" que tiene sobre el presidente del diario La Razón, Mauricio Casals, para "obtener información sensible sobre la investigación judicial el curso".

El auto detallaba asimismo que, entre las maniobras de González para lavar los fondos presuntamente obtenidos de comisiones ilegales, quiso adquirir una sociedad a través del abogado uruguayo Fernando Belhot (implicado en un escándalo de corrupción en Argentina) para controlar con ella "los derechos de patente de un producto de desinfección del agua". Para ello, supuestamente iba a contar con el ex ministro Eduardo Zaplana, con el que presuntamente planeaba adquirir el 50% de la misma. Zaplana ha negado cualquier relación mercantil con su antiguo compañero de partido y el haber "participado ni auxiliado a nadie en la comisión de hecho delictivo alguno".