Las denuncias por violencia de género aumentaron un 13,4% en el segundo trimestre de este año

Los juzgados españoles recibieron en el segundo trimestre de este año 36.319 denuncias por violencia de género, lo que supone un incremento del 13,4% respecto al mismo periodo de 2015, con lo que un total de 33.593 mujeres figuran como víctimas en las estadísticas del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Las condenas por este delito también aumentaron.

En el segundo trimestre de este año se presentaron 36.319 denuncias, mientras que en el mismo lapso de 2015 se hicieron 32.023 denuncias. Casi un 70% de estas fueron presentadas por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de atestados policiales. Las denuncias por intervención directa de la policía se sitúan en el 16,48% de los casos.

Las solicitudes de órdenes de protección se elevaron a 10.845, lo que significa un incremento del 3,74% respecto a las presentadas entre abril y junio del año pasado. En un 52% de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de la solicitud de la orden de protección. Un 2% de las mujeres víctimas que solicitaron orden de protección fueron menores de edad.

Durante el segundo trimestre de 2016, los órganos judiciales españoles dictaron un total de 12.162 sentencias penales en el ámbito de la violencia de género, de las que el 64,4% (7.836) fueron condenatorias, lo que supone un incremento de dos puntos respecto a las sentencias condenatorias dictadas en el mismo trimestre de 2015, que representaron un 62,4% del total de las dictadas.

La presidenta del observatorio, Ángeles Carmona, ha destacado "el aumento de las condenas a los maltratadores, por lo que tiene de valor en sí mismo y por el mensaje ejemplarizante que desprende: no hay impunidad para la violencia machista".

La estadística judicial también refleja incrementos en las medidas de suspensión de guarda y custodia del 236% y del régimen de visitas adoptadas por los órganos judiciales del 65%, como consecuencia de las reformas legales que incluyen a los menores como víctimas de violencia de género.