La UE lleva a España a la justicia por no tratar aguas residuales

Bruselas llevará a España a la justicia europea por deficiente tratamiento de aguas residuales. El Ejecutivo comunitario ha denunciado este miércoles a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no garantizar el "correcto tratamiento" de las aguas residuales urbanas en varios municipios de Galicia y Cataluña y por haber remitido información "incompleta" o no haber cumplido los niveles óptimos en poblaciones de Andalucía y, de nuevo, Cataluña. La directiva de tratamiento de las aguas residuales de 1991 establecía el 31 de diciembre de 1998 como fecha límite para que todos los municipios o "aglomeraciones urbanas" con más de 10.000 habitantes que vertiesen aguas en zonas sensibles dispusiesen de un colector y de un sistema de tratamiento riguroso.

A la luz de los "lentos avances" de España en la materia, la Comisión Europea, por recomendación explícita del departamento de Medio Ambiente, ha notificado este miércoles su decisión de llevar a España al Tribunal de Luxemburgo. Aunque Bruselas reconoce la "solución de algunos problemas" identificados en sistemas de depuración de agua, el Ejecutivo comunitario señala que España sigue "rezagada" en la aplicación de la normativa común y enfatiza que "aglomeraciones" urbanas como Poio, Bueu, Marín y Pontevedra (todas ellas situadas en la provincia de Pontevedra); Berga (Barcelona) o Figueres y Banyoles (ambas en Gerona), siguen incumpliendo la directiva. En los casos de Bollullos Par del Condado (Huelva), Abrera y Capellades (ambas en la provincia de Barcelona), la Comisión considera que los datos facilitados son "incompletos o muestran que todavía no se cumplen los niveles exigidos".

En 2003, casi cinco años después de que concluyese el plazo máximo para la instalación de los sistemas de depuración de aguas residuales, España recibió el primer aviso europeo por insuficiente tratamiento de las aguas en varias localidades. La amonestación se repitió en 2008. Un portavoz del Ejecutivo comunitario remarca que el número de procedimientos abiertos contra España por incorrecta depuración de aguas residuales se elevan a cuatro (el que hoy ha desembocado en una denuncia ante el TJUE y tres más) y afectan a 800 núcleos de población repartidos por toda la geografía española.

La normativa comunitaria obliga a los Estados miembros a velar por que las "aglomeraciones" —término que la Comisión emplea para referirse a poblaciones de más de 10.000 habitantes— "recojan y traten adecuadamente" las aguas residuales urbanas. Estas aguas, añade Bruselas, pueden estar contaminadas con "bacterias o virus nocivos" y plantean un "indudable riesgo" para la salud pública y para el medioambiente.