El fiscal reprocha la bondad de las penas del ‘caso Malaya’

Ante el caso de corrupción “más importante de la historia judicial española”, el fiscal Juan Ignacio Blanco reivindicó ayer al Tribunal Supremo que dicte una sentencia más dura para los condenados por el caso Malaya. “Ya no ejemplar ni rigurosa” sino, al menos, “justa”, dijo. El tribunal comenzó las vistas de los 54 recursos presentados contra el fallo de la Audiencia de Málaga que condenó, en octubre de 2013, a 51 personas, a más de 100 años de cárcel por la corrupción desplegada en Marbella en los años noventa. El Ayuntamiento marbellí fue el centro de esta trama corrupta ligada al urbanismo que supuso el enriquecimiento ilícito de cargos públicos a través de sobornos y que acabó con la primera disolución de un Consistorio en la democracia.

El fiscal criticó la “blandura” y el “buenismo” de la sentencia del tribunal malagueño y pidió endurecer las penas tanto a exconcejales como a empresarios, revisando los delitos y las atenuantes aplicadas.

El representante del Ministerio Público mantuvo una posición contundente, además, ante la merma de las arcas públicas que provocaron estas corruptelas. Y calificó de “difícil” encontrar otro caso en el que “se hayan echado al bolsillo tales cantidades”. “Hablar de codicia es poca cosa en este caso”, señaló.

Entre los recurrentes se encuentra el principal acusado y presunto cerebro de la trama, el asesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca, al que se le impusieron 11 años de prisión y una multa de 240 millones de euros. La Audiencia de Málaga aplicó sobre la pena de Roca por blanqueo de capitales una atenuante que el fiscal considera que se debe eliminar y agravar tanto en la condena a prisión como en la multa, que pidió aumentar a 720 millones. Así, reclamó un total de 18 años de cárcel, nueve por el delito de blanqueo, cuatro por el de cohecho y cinco por el de apropiación indebida y pidió que no se tenga en cuenta el atenuante de la confesión de Roca, que calificó de “pseudoreconocimientos”, además de “parcial, inocua e inveraz”.

El fiscal no fue el único que criticó las penas impuestas en el caso, ya que el abogado del Estado, que representa a los intereses de la Hacienda Pública, calificó las condenas de “desproporcionadamente bajas y benignas”. También la Junta de Andalucía, como perjudicada, participó en la primera jornada de vistas, de las tres previstas, para ver los recursos. El letrado de la Administración autonómica abundó en la gravedad de los delitos al insistir en que los pagos de empresarios a Roca y de este a los entonces concejales fueron para cometer no solo “actos injustos” sino “constitutivos de delito de prevaricación”.

“Ya no se hacen tantas instrucciones como esta y le pido al tribunal que evite que se sigan produciendo”, argumentó la abogada defensora de Juan Antonio Roca, que pidió la anulación de la instrucción y exigió “limpieza y depuración” en un procedimiento que, según alegó, “se ha instruido sin filtro judicial por un instructor que se hace enemigo del investigado”. Según añadió, Juan Antonio Roca se vio afectado por aspectos como que el instructor cometiera una “autoatribución indebida” y no cuestionara algunas conclusiones de los investigadores que eran “ilógicas” y que su defendido fuera sometido a una “vigilancia alegal y extraprocesal” previa al inicio del caso contra él.

Así, la defensa de su recurso se basó en reclamar la nulidad de “todos los actos de la instrucción que vulneró la Constitución y la norma procesal” y mantuvo que Roca fue condenando por hechos sobre los que nadie había formulado acusación en su contra, como el cohecho o el blanqueo.

Las irregularidades en la instrucción fueron uno de los motivos que llevaron a la Audiencia de Málaga a la aplicación de atenuantes. La sentencia tuvo incluso cabida para la crítica al juez instructor al que se reprochó, por ejemplo, irregularidades en las detenciones de varios de los procesados. En su intervención defendió además que el patrimonio multimillonario de Roca, fijado en el año 1996 en más de 36 millones de euros, procede de su lícita actividad empresarial.

Entre los recurrentes se encuentra también la exalcaldesa Marisol Yagüe, condenada a seis años de cárcel, y la exedil Isabel García Marcos —no lo hizo, en cambio, el exregidor Julián Muñoz—.