Las sanciones a los jueces permanecerán secretas

Las sanciones que el pleno del Consejo General del Poder Judicial o la comisión disciplinaria del citado organismo impongan a los jueces y magistrados no serán públicas, salvo que el caso de que se trate tenga una especial relevancia y los vocales decidan que la resolución puede ser conocida por la opinión pública.

El pleno del Consejo rechazó por 14 votos en contra y 7 a favor una propuesta del vocal José Manuel Gómez Benítez en la que instaba a la transparencia informativa en materia disciplinaria sobre los jueces y magistrados, el jueves, justo la víspera de que el Consejo de Ministros aprobara ayer la nueva ley de Transparencia.

En el pasado, las decisiones tanto del pleno como de la comisión disciplinaria que suponían apertura de expedientes informativos o disciplinarios, así como las exculpaciones o las sanciones que se imponían a jueces y magistrados eran públicas. Incluso el Consejo publicó hasta 2004 unos libros compilatorios sobre las mismas, que desde entonces solo son accesibles por los propios jueces.

José Manuel Gómez Benítez señalaba que la política de transparencia “exige una actuación responsable de las Administraciones públicas, de forma que la información sobre su actividad no perjudique el ejercicio de sus respectivas funciones y los derechos fundamentales de las personas”. Agregaba que la transparencia “es incompatible con las prácticas de ocultación de aquello que, con los límites señalados, tiene interés público, y precisamente por eso, debe ser difundido de forma veraz y responsable”.

Por el contrario, “una política de ocultación de la actividad pública deja el campo abierto a la filtración interesada, manipulada y parcial de una información que de otro modo habría llegado con naturalidad y objetividad a los ciudadanos”. Por ello proponía la publicidad de las sanciones entre 2005 y 2010, que permanecen secretas, así como una actualización anual de los datos.

El pleno del consejo rechazó la propuesta de Gómez Benítez con el argumento de que la publicidad de esos expedientes y sanciones genera mala imagen para la justicia.