Un pelotazo verde de 120 millones

El supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante tenía un precio: 120 millones de euros. Esta cifra sería el beneficio de transferir la edificabilidad asignada a las zonas catalogadas en el planeamiento como parques naturales a otras áreas de la ciudad calificadas como urbanizables.

Según los informes policiales recogidos en el sumario del caso Brugal que investiga las irregularidades en la tramitación del Plan General, Enrique Ortiz aspiraba a obtener más edificabilidad en el sector de Torres de la Huerta, donde era el propietario hegemónico de suelo a través de la empresa Deproinmed. Para ello diseñó un plan destinado a acaparar terreno no urbanizable en las partidas de Fontcalent y El Saladar de Aguamarga que luego debería ser incluido en el PGOU bajo la figura de parque natural.

El informe policial asegura que “Ortiz puso en funcionamiento a todos sus técnicos y asesores para que pudieran configurar de otra manera distintos parámetros referentes a las posibilidades de los terrenos que tiene [Ortiz] en el Plan General”. “Es un disparate, porque estamos hablando de 20.000 millones en el peor de los casos. Nos estamos jugando 20.000 millones de pesetas [120 millones de euros]“, comentó Ortiz en una de las escuchas telefónicas recogidas en el sumario.

Ortiz pretendía conseguir más edificabilidad en Torres de la Huerta

La operación de compra de suelo en Aguamarga también se formalizó a través de la mercantil Deproinmed, participada por Ortiz y Bancaja. Y todo ello con la intención de adscribir los aprovechamientos urbanísticos de 700.000 metros cuadrados de suelo protegido de este humedal del sur de Alicante al plan parcial de Torres de la Huerta o La Condomina, donde el nuevo PGOU contempla la construcción de 16.000 viviendas.

La segunda zona donde Ortiz puso su punto de mira fue la sierra de Fontcalent. Allí, según la Policía, compró un total de 1,7 millones de metros cuadrados. Antes, intentó concretar sin éxito la misma operación en el polígono Las Atalayas. El promotor tanteó a través de intermediarios a algunos propietarios para comprarles suelo no urbanizable, como ya publicó este periódico el pasado mes de enero. Ante la negativa de los dueños, esta zona inicialmente catalogada como parque natural fue finalmente excluida en favor de Fontcalent.

La investigación policial concluye que Ortiz obtuvo información privilegiada del proceso de elaboración del PGOU, que supuestamente le habrían ido facilitando el exalcalde, Luis Díaz Alperi, y su sucesora, Sonia Castedo. La UDEF también cree probado que la supuesta trama corrupta utilizó al despacho Salvetti Abogados como puente entre el promotor y el Consistorio alicantino. Este bufete, propiedad de José Luis Castedo, hermano de la regidora, y del exconcejal socialista Javier Gutiérrez comenzó a operar en diciembre de 2008, antes de la exposición pública del PGOU. Desde allí, Ortiz, por indicación de Alperi, habría gestionado el grueso de las operaciones para acaparar suelo en los parques naturales.