Los servicios de salud para personas LGTBIQ+ en Malaui colapsan por los recortes de EE UU, mientras los voluntarios intentan llenar el vacío

En el hospital central de Mzuzu, ciudad situada al norte de Malaui, una enfermera le gritó a Chisomo Nkwanga en medio de un pasillo abarrotado. El joven de 24 años había acudido por primera vez a este hospital público para recoger su medicación vital contra el VIH, la misma que había recibido con dignidad en la clínica financiada por donantes en su ciudad hasta que esta cerró sus puertas en enero de 2025.

Había estado esperando en la fila cuando terminó discutiendo con una de las enfermeras. “Eres gay, y ahora empiezas a frecuentar nuestros hospitales porque los blancos que apoyaban tu comportamiento se han ido”, le dijo la sanitaria, lo suficientemente alto como para que todo el pasillo lo oyera.

Demasiado humillado para responderle, ese día se marchó del hospital sin su medicación antirretroviral. En el centro comunitario de Mzuzu, el personal conocía su nombre y lo saludaba cuando llegaba. Allí, explica, lo trataban “como a un paciente, no a un paria”.

Nkwanga supo que era seropositivo hace seis años, después de que empezase a enfermar con frecuencia. En los años transcurridos desde entonces, la enfermedad lo ha dejado delgado y pálido. “Soy un muerto en vida”, se lamenta.

Las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales en Malaui. En 2010, Steven Monjeza y Tiwonge Chimbalanga, la primera pareja gay en casarse en el país, fueron condenados a 14 años de prisión por “indecencia grave y actos antinaturales”. Posteriormente, fueron indultados durante una visita del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, pero un ministro del Gobierno declaró en su momento a la BBC que los hombres podrían ser arrestados nuevamente si continuaban su relación. Ese clima legal es el telón de fondo sobre el que los dólares de los contribuyentes estadounidenses construyeron un universo sanitario paralelo donde las personas LGBTIQ+ podían buscar atención médica sin miedo a ser arrestadas o agredidas.

Cuando Estados Unidos congeló la financiación del Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del Sida (PEPFAR), la iniciativa mundial contra el VIH lanzada en 2003 y considerada uno de los programas humanitarios más exitosos de la historia, varios programas de salud en Malaui cerraron casi de la noche a la mañana. Los recortes dejaron al menos a 15.000 personas LGBTIQ+ registradas en los programas de organizaciones como el Centro para el Desarrollo de las Personas (CEDEP, por sus siglas en inglés), Alianza Arcoíris de Nyasa y Art & Global Health Center Africa (ArtGlo) con la necesidad de buscar atención en un sistema sanitario público al que muchos temen acudir.

“Todo se detuvo de golpe”

Organizaciones como CEDEP y la Alianza Arcoíris de Nyasa habían operado centros comunitarios que funcionaban como espacios de encuentro, ofreciendo pruebas de VIH, profilaxis preexposición (PrEP) y apoyo en salud mental. “Cuando llegó la orden de detener el trabajo, los 1.921 clientes de PrEP perdieron de la noche a la mañana la prestación estructurada del servicio: reposiciones, asesoramiento, seguimiento por pares… todo se detuvo de golpe”, explica Gift Trapence, director ejecutivo de CEDEP. “Proporcionábamos continuidad, seguimiento, apoyo en salud mental… todo un ecosistema diseñado específicamente para poblaciones clave”, recuerda.

Cuando alguien te dice que no ha tomado su medicación porque tenía miedo de ir a la clínica, se te queda grabado

Yamikani Samala, voluntario de CEDEP

George Kachimanga, gerente de programas de la Alianza Arcoíris de Nyasa explica que, desde entonces, la mayoría de estas clínicas, como las que daban servicio en las ciudades de Mzuzu y Mangochi, siguen cerradas. “Solo funcionan unas pocas. Por ejemplo, CEDEP opera dos centros de atención inmediata en Blantyre y Lilongüe con sus propios fondos”, resume. “Y desde la congelación de la financiación, ninguno de los programas que apoyaban a la comunidad LGBTIQ+ en Malaui se ha reanudado”, añade. “Ahora hay esperanza, ya que algunos países de la Unión Europea han mostrado interés en financiar el trabajo a través de otras agencias como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Esperamos que para finales de este año surja algo sustancial. El único temor es que la guerra actual entre EE UU, Israel e Irán tenga efectos en cadena, decisiones presupuestarias, etcétera. Espero que no llegue a ese punto”.

Algunos voluntarios de CEDEP, como Yamikani Samala, han intentado mantener el servicio como pueden. Antes atendía a más de 200 clientes a través de las clínicas móviles de la organización. Ahora cada mañana recorre casa por casa en Mzuzu, revisando a los clientes que han perdido citas, recogiendo sus pasaportes de salud para hacer fila por ellos y pagando el transporte de su propio bolsillo. “Cuando alguien te dice que no ha tomado su medicación porque tenía miedo de ir a la clínica, se te queda grabado”, relata. “No son estadísticas. Son personas que conozco por su nombre”.

No es suficiente

Pero el esfuerzo individual no puede reemplazar a todo un sistema. George Kachimanga, de la Alianza Arcoíris de Nyasa, estima que entre 2.300 y 2.500 de las aproximadamente 3.000 personas a las que su organización apoyaba han perdido el acceso efectivo a servicios de prevención. Solo entre 500 y 700 han logrado mantenerse en contacto con centros públicos de salud. Su organización estima que, aunque los pacientes fueron transferidos “administrativamente” a hospitales gubernamentales, entre el 80% y el 90% han dejado de acudir.

“Para muchos de nuestros pacientes, la continuidad, la seguridad y la confidencialidad siguen siendo extremadamente difíciles en las instalaciones públicas habituales”, explica Kachimanga a EL PAÍS en una entrevista. Según un informe de CEDEP, un grupo de mujeres trans informó haber sido “expuesto públicamente” y acosado en un bar local por un trabajador sanitario que anteriormente las había atendido en una clínica.

Para muchos de nuestros clientes, la continuidad, la seguridad y la confidencialidad siguen siendo extremadamente difíciles en las instalaciones públicas habituales

George Kachimanga, de la Nyasa Rainbow Alliance

El coste humano se hizo más evidente en Lilongüe, donde un joven paciente LGBTIQ+ murió tras perder el apoyo estructurado. No tenía padres y se había visto obligado a regresar a lo que Kachimanga describe como una “comunidad homófoba”, una aldea rural donde la hostilidad hacía peligroso buscar atención médica abiertamente. “Intentamos ayudarle como organizaciones e incluso como individuos”, explica. “Pero la situación empeoró. Perdimos a esa persona”.

Para absorber el vacío, el Gobierno ha racionalizado la continuidad de los servicios a través de hospitales públicos y ha desplegado personal adicional, instruyendo a los proveedores de salud a aumentar la distribución de PrEP inyectable, priorizando a las personas ya inscritas.

Pero sobre el terreno, la transición ha sido complicada. Thandi, una mujer trans y trabajadora sexual, solía depender de un centro comunitario para su atención sanitaria. Desde su cierre, los vacíos han sido inmediatos. Los hospitales públicos solo le permiten obtener 10 preservativos al mes. Ella dice que opta por comprar preservativos cuando tiene dinero o pide a sus clientes que traigan los suyos. “No puedo permitirme arriesgar mi salud ni la de mis clientes”, describe. “Tengo que ser creativa, pero no es una solución sostenible”, se lamenta.

Rodgers Phiri, director ejecutivo de Art & Global Health Center Africa, que había formado a trabajadores sanitarios, magistrados y policías como promotores institucionales de una atención inclusiva, explica que los sistemas informales que su organización había construido se han derrumbado desde la retirada de la financiación. Lo más alarmante son los informes de pacientes que comparten medicamentos antirretrovirales tras perder el apoyo para la adherencia al tratamiento. “Como los regímenes de ARV [la combinación específica de antirretrovirales que una persona debe tomar] son diferentes —por ejemplo, alguien con un régimen 13A no debería tomar otra combinación—, es peligroso sustituir la medicación de un amigo sin orientación clínica”, explica. “Esto aumenta el riesgo de fracaso del tratamiento y de resistencia a los fármacos”.

Consecuencias a largo plazo

Según datos de ONUSida, más de 4.500 trabajadores sanitarios en todo el país —incluidos 247 enfermeros y 1.600 asistentes de diagnóstico— han perdido sus empleos a medida que la financiación estadounidense se ha agotado. Muchos se centraban en tender puentes entre las clínicas formales y las comunidades marginadas. Maziko Matemba, experto independiente en salud pública, sostiene que gran parte del riesgo reside en el desmantelamiento de las intervenciones dirigidas. “Los programas que proporcionaban profilaxis previa a la exposición (PrEP), apoyo a la adherencia al tratamiento antirretroviral (ART) e iniciativas para reducir el estigma estaban diseñados específicamente para comunidades marginadas cuya interacción con el sistema sanitario suele estar marcada por el miedo y la discriminación”, explican.

Los estudios, incluido el índice de estigma de Malaui, han mostrado de forma constante altos niveles de hostilidad social hacia las personas LGBTIQ+, lo que hace indispensable el trabajo de alcance especializado. Sin flujos de financiación específicos, advierte Matemba, los esfuerzos de prevención corren el riesgo de volver a “modelos genéricos que no logran llegar a quienes son más vulnerables”. “Si realmente no tenemos recursos”, añade, “estamos poniendo a estos grupos en mayor riesgo. Podríamos ver un aumento de la incidencia del VIH en los próximos años. El VIH solo puede contenerse en estos grupos si se logra llegar a ellos”.