“Mi vida está en peligro”: la regresión de los derechos LGTBIQ+ en África se expande

De los 65 países que criminalizan la homosexualidad en el mundo, 33 se encuentran en África, según datos de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA). En los últimos años, el continente ha vivido una ola regresiva, alimentada con financiación de organizaciones extremistas occidentales, que han extendido sus tentáculos para diseminar la agenda anti-LGTBIQ+ más allá de las fronteras de sus países. Mientras, políticos e iglesias africanas apelan a la identidad y al sentimiento anticolonial, al defender que la homosexualidad es una imposición occidental.

Esta marea homófoba, que pone vidas en riesgo y condena a la clandestinidad a las personas africanas LGTBIQ+, amenaza además la labor de las organizaciones de derechos humanos, la lucha contra el VIH y criminaliza a quienes muestran su apoyo al colectivo.

El último país en endurecer los castigos a la homosexualidad ha sido Senegal, que aprobó la semana pasada una reforma de su Código Penal, pero antes lo hicieron Burkina Faso, Malí o Uganda, país que en 2023 sacó adelante la que se considera una de las leyes anti-LGTBIQ+ más regresivas del mundo. Se trata de una norma que contempla la cadena perpetua para las relaciones entre personas del mismo sexo o la pena de muerte por “homosexualidad agravada”. En otros, como Ghana, la amenaza del endurecimiento de las penas está latente desde hace años. Esta es la situación de las personas LGTBIQ+ en Senegal, Ghana, Burkina Faso y Uganda, a través de las voces de los activistas que las defienden:

Senegal, un joven percusionista apuñalado

En Senegal, la reforma del Código Penal para endurecer las penas por homosexualidad, que pasan de un máximo de cinco años a diez, ha generado una amplia condena por parte de organismos internacionales y de derechos de las personas LGTBIQ+. El alto comisario de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, calificó en un comunicado su aprobación por el Parlamento de “profundamente preocupante”. Asimismo, Winnie Byanyima, directora ejecutiva del programa conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, lamentó que esta ley ponga vidas en peligro porque “empuja a las personas a la clandestinidad y las aleja de servicios que pueden salvarles la vida”. Ambos pidieron al presidente senegalés que no promulgara la norma.

La reforma legal se ha aprobado en medio de un clima de creciente homofobia y tras la detención, en las últimas semanas, de al menos 30 personas acusadas de homosexualidad, pedofilia y transmisión voluntaria de VIH. Cientos de activistas y personas del colectivo LGTBIQ+ han salido del país o se han escondido en casas de familiares y amigos, según las asociaciones de defensa de sus derechos. El pasado viernes, un joven percusionista de 15 años que fue señalado públicamente por ser homosexual acabó siendo apuñalado tras una pelea.

Detrás de la ola de homofobia hay organizaciones religiosas extremistas, como Jamra y And Samm Jikko Yi. Dirigentes de esta última mantuvieron contactos desde diciembre de 2024 con miembros del colectivo estadounidense de extrema derecha MassResistance, que promueve posturas lgtbifóbicas en su país, para discutir estrategias de campaña y tácticas de movilización, según ha revelado la agencia Reuters.

Detrás de la ola de homofobia hay organizaciones religiosas extremistas, como Jamra y And Samm Jikko Yi

“Hay un renovado impulso para aprobar estas prohibiciones estrictas a la promoción y proliferación de la ideología LGTB porque el presidente Trump no está dispuesto a acosar ni presionar a los países para que incorporen estas ideologías destructivas”, declaró a Reuters Arthur Schaper, director de operaciones de MassResistance. Paradójicamente, uno de los principales argumentos esgrimidos por el primer ministro senegalés, Ousmane Sonko, principal impulsor de la reforma legal, y por los diputados que la aprobaron fue que la homosexualidad era una imposición occidental.

Burkina Faso, locales cerrados

En septiembre de 2025, el Gobierno de Burkina Faso aprobó un cambio en el Código de las Personas y la Familia que contempla penas de prisión de dos a cinco años por “ser culpable de actos homosexuales, prácticas asimiladas, comportamientos que promuevan las prácticas homosexuales y asimiladas”. El nuevo texto también considera penas económicas de hasta 15.000 euros y la expulsión del territorio nacional para los extranjeros que incumplan esta ley.

Desde entonces, la vida de las personas LGTBIQ+ en el país se ha visto prácticamente reducida a la clandestinidad, debido al ocultamiento de su realidad. Si bien cuando se aprobó la ley el pánico era total ―“No podíamos ni vernos”, recuerda un joven del colectivo que pide hablar bajo anonimato―; seis meses después, la norma empieza a tener efectos.

Me siento en la obligación de esconderme todo el día

Joven burkinés LGTBIQ+

Aunque no haya información clara, la ley se aplica, poco a poco, de forma silenciosa. Una red de mensajería de alertas, creada por miembros del colectivo LGTBIQ+, les acompaña y ayuda a tomar decisiones en el día a día. “Durante la semana, hemos recibido mensajes de que había arrestos, pero no tenemos más información”, dice el mismo joven desde Ouagadougou, capital de Burkina Faso.

Así es como se organizan, ya que los encuentros físicos han sido poco a poco restringidos y ya son casi inexistentes, sobre todo después de que unos enmascarados interrumpieran en una fiesta y se llevaran a un grupo de hombres jóvenes. Otras asociaciones se han visto obligadas a cerrar sus locales para no exponerse, después de recibir amenazas en las redes sociales.

Antes, las medidas de seguridad se limitaban a no enviar la ubicación del encuentro hasta el último momento o a ver una lista previa para saber quién asistiría, pero ni eso es seguro ahora. “Hay que ser discretos y no llamar la atención”, dice este joven, que describe una sensación constante de encierro: “Nos sentimos como en una prisión y solos en el mundo porque nadie puede entendernos”.

Si antes ya era difícil porque “no era aceptado por la sociedad”, la nueva ley lo ha “empeorado todo”. “No tenemos la posibilidad de expresarnos”, lamenta, y añade que vive en la obligación de esconderse todo el día. Aun así, intenta seguir adelante trabajando y adaptándose: “No nos queda otra opción”.

Uganda, punta de lanza de la regresión

El pasado 18 de febrero, dos mujeres de poco más de 20 años fueron arrestadas en la ciudad ugandesa de Arua después de que varios de sus vecinos informaran haberlas visto besándose en público y les sacasen fotos. Las dos comparecieron ante el tribunal —acusadas de infringir la ley— el 16 de marzo, pero se les denegó la libertad bajo fianza. Ambas se encuentran en prisión preventiva y está previsto que vuelvan a comparecer ante la justicia el 8 de abril.

Su caso es el último ejemplo de las consecuencias para las personas LGTBIQ+ de la draconiana ley homófoba vigente en Uganda desde 2023. La norma, una de las más duras del mundo, impone sanciones severas, incluida la cadena perpetua por relaciones entre personas del mismo sexo, así como la pena de muerte por “homosexualidad agravada”.

Desde que fue promulgada hace tres años, ha generado un clima de hostilidad en el país. Clare Byarugaba, reconocida activista ugandesa y fundadora de Parents and Friends of Gays and Lesbians (PFLAG), explica que la norma “ha provocado cacerías de brujas contra personas LGTBIQ+, arrestos arbitrarios y violaciones sistemáticas de los derechos humanos, ataques físicos y online despreciables y falsas acusaciones de ‘reclutamiento de niños”.

Para la activista, arrestos como el de las dos mujeres “muestran las prioridades equivocadas del Gobierno y el coste humano de una ley draconiana que no tiene cabida en una verdadera democracia”. Esta situación, afirma, está perpetuando el estigma y la discriminación contra las minorías sexuales y socavando los derechos humanos de todos los ugandeses. “Las severas sanciones de la ley y la criminalización del legítimo trabajo en derechos humanos son inconstitucionales y contrarias al derecho internacional y a las mejores prácticas en la lucha contra el VIH y el sida”, afirma.

Byarugaba considera que la norma está diseñada para “distraer a los ugandeses del hecho de que el Parlamento no ofrece soluciones a las crisis que enfrentan a diario: la corrupción gubernamental desenfrenada, el desempleo, el deterioro del sistema educativo, la falta de acceso a una atención sanitaria de calidad y los efectos catastróficos de una pobreza persistente”.

Edward Mwebaze, director ejecutivo de Human Rights Awareness and Platform Forum (HRAPF), denuncia que el Gobierno está atacando a las organizaciones en defensa de los derechos humanos. Explica que por el momento ha congelado las cuentas de algunas de estas ONG, mientras que otras permanecen clausuradas desde el último periodo electoral en el país. “Esto está empeorando aún más la situación de las minorías en Uganda”, añade.

No puedo hacer mucho por mi gente: la situación actual es peligrosa para nosotros

James (nombre ficticio), activista LGBTIQ`+ ugandés

Mwebaze explica que funcionarios gubernamentales se han aliado con líderes comunitarios e individuos para localizar a personas queer en sus comunidades y arrestarlas. “Además, influyen en la policía para que no les concedan la libertad bajo fianza”.

Según el activista, su organización ha registrado 395 violaciones de derechos humanos contra personas queer desde que la ley contra la homosexualidad fue promulgada en 2023. Siete sospechosos, dice, están actualmente en prisión preventiva y con procesos pendientes, incluidos tres casos de “homosexualidad agravada”. “Cinco casos han sido desestimados porque el Estado no tiene pruebas”, añade.

El clima hostil también ha afectado a comunidades queer en zonas rurales del país. En Gulu, en el norte de Uganda, James (nombre ficticio para proteger su identidad) se vio obligado a cerrar su organización, que ofrecía servicios médicos y apoyo legal, después de que comunidades y líderes locales amenazaran con lincharlo. Ahora, brinda asesoría legal a sus clientes por teléfono. “Tengo las manos atadas y mi vida está en peligro”, afirma. “No puedo hacer mucho por mi gente: la situación actual es peligrosa para nosotros”.

Ghana, la amenaza latente

La reintroducción el pasado 17 de febrero en el Parlamento de Ghana del proyecto de ley anti-LGTBIQ+ preocupa a los activistas del país, que se sienten decepcionados y tristes, pero no sorprendidos, de que los diputados hayan vuelto a poner sobre la mesa esta norma homófoba. “Nos decepciona que nuestros parlamentarios dediquen tanto tiempo a intentar criminalizar a las personas y sus identidades; a gente que simplemente está tratando de vivir”, explica Ebenezer Peegah, fundador y director ejecutivo de Rightify Ghana, una de las principales organizaciones en defensa de los derechos LGTBIQ+ de Ghana.

Ahora que existe este ataque visible a nivel nacional contra la comunidad LGBT, algunas personas se han envalentonado porque sienten que pueden hacer lo que quieran

La norma, prácticamente idéntica a la aprobada en 2024 y que nunca llegó a entrar en vigor, amplía las sanciones penales vigentes, con hasta tres años de cárcel por identificarse como persona LGTBIQ+ y hasta diez por defender los derechos del colectivo, entre otras medidas que restringen las libertades de parte de la población.

Esta nueva intentona, además, ha espoleado el odio contra las personas LGTBIQ+ en el país. “Antes de todo este proyecto de ley y de su campaña anti-LGTB, había cierto nivel de tolerancia”, explica Peegah. “Pero ahora que existe este ataque visible a nivel nacional contra la comunidad LGTB, algunas personas se han envalentonado porque sienten que pueden hacer lo que quieran. Si el Parlamento está debatiendo una ley para criminalizar a las personas LGTB, piensan: ‘Entonces yo también puedo hacerles daño”.

“La gente ya no se mueve en libertad, muchos se ocultan porque hay pánico”, resume Hans Berinyuy, director de comunicación de Equity Net Ghana. “Si tienes un negocio, sabes que existe la posibilidad de que invadan tu espacio, te golpeen o acosen”, añade. Peegah relata casos de propietarios que expulsan a gente de sus casas por la mera sospecha de homosexualidad. “Hemos recibido muchas solicitudes de apoyo para la reubicación porque hay gente que está perdiendo sus hogares”, explica. También menciona un aumento de los arrestos arbitrarios y de los ataques, del acoso en línea, así como de la homofobia política, con políticos que utilizan a la comunidad LGTBIQ+ como chivo expiatorio.

Este clima homófobo tiene un impacto en la salud mental de las personas LGTBIQ+. “Nunca había escuchado a tantas personas expresar pensamientos suicidas como en este periodo”, detalla el director de Rightify Ghana. “Mucha gente está deprimida, asustada, viviendo con miedo”, añade.

Al igual que en Senegal o Uganda, esta marea homófoba se ha extendido en Ghana con el apoyo de organizaciones extremistas de países occidentales, que utilizan su influencia para atacar los derechos LGTBIQ+. Peegah cita a la española CitizenGO, la estadounidense MassResistance o Family Watch International como algunos de los grupos que han diseminado la homofobia en el país durante estos años, ya sea a través de congresos o financiando organizaciones locales.

“Ha habido muchos otros que están activos y trabajando con grupos locales anti-LGTB, los mismos que luego dicen que la homosexualidad ‘no es africana, que no es ghanesa’. Sin embargo, nunca te dicen que quienes los financian y les proporcionan las leyes que deben aprobar son grupos y organizaciones occidentales”, añade.

En mayo de 2026, Acra acogerá la cuarta Conferencia Interparlamentaria Africana sobre la Familia y la Soberanía, una plataforma con vínculos documentados con grupos de extrema derecha con sede en Estados Unidos. “Esta conferencia se organiza desde 2023 en Uganda. Es la primera vez que la llevan a África occidental. Creo que quieren usar Ghana como prueba de su progreso [reaccionario en el continente]”, añade el activista.