Una victoria ambiental para las guardianas del lago Titicaca

“¿El lago acaso habla? ¿Respira? ¿Tiene vida? Sí, para nosotras sí”, afirma Soraya Poma, presidenta de la Red de Mujeres en Defensa del Lago Titicaca. Con 40 años, mirada firme y cabello trenzado, Poma lidera la agrupación que reúne a 45 integrantes de distintas localidades de la región de Puno, Perú. A 3.827 metros de altitud, a estas mujeres no solo las une la preocupación por la contaminación, sino también el vínculo con su cultura y sus descendientes. “[El lago] está enfermo. Los peces están desapareciendo. Es una inquietud grande. Por eso estamos luchando. ¿Qué les va a esperar a nuestras futuras generaciones?”, sostiene.

Recientemente, la lucha medioambiental de estas mujeres ha escrito un nuevo capítulo. Gracias a su esfuerzo, hoy el lago Titicaca es oficialmente reconocido como sujeto de derecho, un instrumento legal promovido por estas lideresas indígenas para proteger al lago navegable más alto del mundo.

Desde 2024, las lideresas de la red habían trabajado en una ordenanza que aspirase a reparar y prevenir un eventual colapso ambiental. A base de perseverancia, este grupo de mujeres logró que el Consejo Regional de Puno votara por unanimidad a finales de abril de 2025 a favor de la aprobación de una ordenanza regional gracias a la cual el Titicaca pudiera contar con personalidad jurídica. Sin embargo, tras el entusiasmo inicial, pronto circularon comunicados de diferentes instancias del Gobierno peruano cuestionando la medida, argumentando un conflicto de competencias.

A pesar de la oposición y demoras, la ordenanza fue votada una segunda vez en el Consejo Regional y, nuevamente, ganó. Esta victoria fue oficialmente promulgada con la publicación de la ordenanza el 20 de septiembre en el Diario Oficial El Peruano.

Como parte de este logro, se resalta que esta medida de protección jurídica tiene como fundamento “el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas”, que reconoce las normas y costumbres que rigen la vida comunitaria de las culturas originarias. Con ella, el lago Titicaca recupera ahora su derecho milenario a existir.

“De todo hemos pasado con este proceso. Hemos tenido momentos de alegría, cólera y preocupación”, recuerda Poma. Las lideresas saben que la aprobación de la ordenanza es el primer paso de un largo camino. Actualmente trabajan en el reglamento de la implementación de la ordenanza y están visitando localidades rurales de la región para informar a la población en quechua y aymara. A medio plazo, la Red está considerando convertir la ordenanza en un proyecto de ley de alcance nacional.

“No podemos esperar a que todo el lago se contamine. La política estatal de cuidado ambiental debe ser preventiva”, advierte el abogado Julio Mejía Tapia, especialista legal que acompaña a las lideresas junto con el Centro Bartolomé de Las Casas. “La ordenanza implica abandonar la relación antropocéntrica, donde protegemos el entorno solo porque nos conviene”, añade. Como resultado, ante posibles actividades contaminantes, serían las organizaciones que representan al lago las que podrían exigir mecanismos de restauración o descontaminación. Autoridades, comunidades o colectivos, como la Red de Mujeres en Defensa del Lago Titicaca, podrían representarlo legalmente.

Esta medida ofrece esperanza para el lado peruano del Titicaca, donde los ecosistemas están en peligro debido a los pasivos mineros, aguas residuales y residuos que contaminan sus afluentes. En un monitoreo del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) se difundió que las concentraciones de metales pesados en el agua están “asociados a la composición geológica local, la presencia de pasivos ambientales mineros y el desarrollo de actividades mineras”. Por ejemplo, los ríos Ramis, Coata, Ilave, Huancané y Suches son los principales afluentes que desembocan en el lado peruano del lago, aportando un 85 % del volumen total del agua superficial de la cuenca. Sin excepción, todos transportan metales pesados. Desde las zonas altas recorren cientos de kilómetros, pasando por minas, sembríos, comunidades y poblados hasta llegar al Titicaca, según una investigación de 2022 realizada por la Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca.

Protección legal y ambiental

Además de su relevancia biodiversa —con más de 105 especies de aves, 15 de mamíferos y 26 de peces endémicos—, el Titicaca es uno de los epicentros culturales de los Andes. Las crónicas del Inca Garcilaso de la Vega publicadas al inicio del siglo XVII narran el mito que cuenta cómo de sus aguas emergió la pareja fundadora del imperio Inca.

“Siempre supimos que el lago es sagrado, desde nuestros abuelos y abuelas. Por eso debemos protegerlo y, por ello, promovimos la ordenanza”, dice Rosa Copa, tesorera de la Red y lideresa quechua de la Comunidad Campesina de Hilata, en la península de Capachica. Allí, según la Red de Salud Pública de Puno, alrededor del 40% de la población supera los límites máximos permisibles de metales en la sangre, especialmente arsénico. Copa prefiere no hacerse los exámenes.

El lago está enfermo. Los peces están desapareciendo. Es una inquietud grande. Por eso estamos luchando. ¿Qué les va a esperar a nuestras futuras generaciones?

Soraya Poma, presidenta de la Red de Mujeres en Defensa del Lago Titicaca

Estas lideresas saben que la aprobación de la normativa es solo el primer paso. Observarán de cerca el esfuerzo de las “hermanas”, como ellas se llaman entre sí, del lado boliviano y de las mujeres kukama, que lograron que en 2024 el río Marañón fuera reconocido como sujeto de derecho frente a derrames de petróleo en la Amazonía peruana. Pequeños, pero significativos cambios que comienzan a alinear a Perú con legislaciones ambientales de Ecuador y Bolivia. Sin embargo, este colectivo anticipa oposición en su ejecución y puesta en marcha. “Tras la aprobación de la ordenanza habrá resistencia del Gobierno central en la implementación”, pronostica Mejía.

Minería bajo la lupa

A la alerta ecológica del Titicaca se ha sumado la reciente declaración de emergencia ambiental por la presencia de actividad minera ilegal e informal en Puno. Aunque se concentrará en siete provincias, la medida se aplicará en toda la región puneña y pretende implementar mecanismos de fiscalización y control en un escenario de expansión de la minería ilegal.

Desde la experiencia de las comunidades, la minería formal también está bajo la mira. María Quispe (nombre cambiado para proteger su identidad) tiene 47 años y es parte de la Red. Vive con sus hijos en el distrito de Llalli, en las tierras altas de Puno, donde operan dos minas desde hace 15 años. “Nuestros padres y abuelos eran ganaderos y agricultores. Con la llegada de las empresas mineras, nuestras vidas cambiaron. Nuestra salud, nuestros animales, la flora y fauna, todo se deterioró”, relata. El río Llallimayo, otro afluente, ya no alberga peces. “Las sustancias tóxicas de las minas han envenenado a los animales y a todos nosotros”, sostiene.

En total, la crisis del Titicaca, agravada por las sequías y el cambio climático, afecta a tres millones de personas que dependen del lago de agua dulce más grande de Sudamérica

Antes, su familia cultivaba suficiente comida y criaba alrededor de 200 camélidos. Hoy solo les quedan 20 alpacas. Tras el impacto minero, las aguas residuales y los desechos sólidos se suman a las principales causas de contaminación, afectando a pobladores y ecosistemas. A pesar de estudios y proyectos de inversión, Puno y Juliaca carecen aún de plantas de tratamiento y continúan vertiendo sus desagües directamente al lago. Ambas ciudades dependen de lagunas de oxidación o estabilización, consideradas poco eficaces. En total, la crisis del Titicaca, agravada por las sequías y el cambio climático, afecta a los tres millones de personas que dependen del lago de agua dulce más grande de Sudamérica, según cifras oficiales. Generaciones enteras han tenido que renunciar a la pesca, al riego de cultivos o a alimentar a sus animales con totora, para evitar enfermedades. Además, la sombra de la contaminación amenaza el turismo en la región.

A Rosa Copa le brillan los ojos al recordar el lago de su infancia. “El agua era transparente, clarita. Jugábamos en carnavales, felices. Tomábamos el agua directamente, pescábamos, recogíamos huevos de pato y cocinábamos en la playa”, cuenta. Como primera presidenta mujer de su comunidad, hoy asiste puntualmente a las reuniones semanales en Puno, pese a atender los problemas de salud de su familia y cuidar sus cultivos. “En el camino estoy aprendiendo: ¿Cuál es mi derecho y cuál mi deber? Ahora siento que tengo voz y voto”, afirma.

En la península de Capachica también vive Juana Mamani, de 54 años, incansable activista de la Red. Vivir en una península es una doble amenaza, además de las aguas contaminadas del lago, están a merced de la desembocadura del río Coata y los desagües de Juliaca que arrastra. “Se ve como una mancha oscura dentro del lago. Envuelve al pasto, a la totora, lo envuelve todo”, explica, mientras describe los efectos de esta contaminación en su cuerpo. “Me duele la cabeza, las articulaciones. Me hicieron tamizaje de sangre y tengo metales pesados: mercurio, arsénico… todo en exceso”.

Cada año, cuando terminan las lluvias, cuenta, el agua potable escasea para cocinar y para los animales. Aunque de vez en cuando los camiones cisterna abastecen a los vecinos, no es suficiente, y deben recurrir a pozos contaminados cerca de la orilla. De los 12 miembros de su familia, Juana es la única que permanece en la comunidad. “Esta tierra me vio nacer, aquí voy a morir. No puedo dejarla”, dice con la voz quebrada mientras mira el horizonte.