Lo prometido es deuda: la educación no puede seguir esperando

Cada mañana, en el campo de refugiados de Kakuma, al norte de Kenia, Pauline Nyokabi da clase de Biología y Química a más de 100 estudiantes en un aula “sin electricidad, sin wifi y sin biblioteca”. A pesar de todo, allí se enseña, se aprende, se resiste. “Mis estudiantes me dan fuerza. Son resilientes y luchan por su educación. Y yo soy un modelo para ellos. No puedo fallarles”, afirma Nyokabi, que habla desde la experiencia de llevar años sosteniendo, con sus propias manos, el derecho a aprender en uno de los contextos más olvidados del planeta.

A cinco años de que expire el plazo de la Agenda 2030, ese derecho está lejos de garantizarse. El compromiso internacional de asegurar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas las personas ha quedado, en muchos casos, en papel mojado. Si nada cambia, 84 millones de niños y niñas podrían seguir sin haber pisado una escuela dentro de cinco años.

Hace 10 años la comunidad internacional hizo una promesa por la dignidad. Sin embargo, lejos de acercarse a esos compromisos adquiridos, la Agenda 2030 se ha convertido, en demasiados lugares, en una lista de promesas incumplidas.

António Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, fue claro y contundente hace unas semanas cuando desveló que solo el 35% de las metas de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) están encaminadas a ser cumplidas en el plazo previsto. Un porcentaje alarmante que muestra las dificultades y la falta de voluntad política y financiera que existe en la gran mayoría de países, y que se hace más evidente aún si nos detenemos exclusivamente en el ODS 4, el dedicado al derecho a la educación. Sabemos que la voluntad política y financiera se movilizan por la presión social. Como sociedad, debemos despertar, debemos presionar, debemos levantar la voz.

Eso es lo que hemos hecho desde la ONG Entreculturas, con motivo de la vuelta a las aulas. Hemos puesto el foco en todas esas sillas vacías que hay en las escuelas, colegios e institutos del mundo y nos hemos preguntado por los motivos que provocan que haya tantos lugares en los que hay niños sin escuelas.

Las conclusiones han sido tan contundentes como preocupantes: 272 millones de niños y niñas están hoy fuera del sistema educativo, siendo cuatro los factores que alimentan esta gravísima crisis educativa en el mundo. En primer lugar, está la deuda externa que casi triplica el gasto educativo en países de bajos ingresos. En segundo lugar, la ayuda oficial al desarrollo para la educación se ha estancado. En tercer lugar, las políticas de austeridad impuestas por organismos internacionales que han limitado la contratación y los salarios del profesorado. Y en cuarto lugar, la polarización de muchas sociedades, donde la solidaridad y la educación se cuestiona y pasa de ser vista como una inversión a un gasto prescindible.

Sin embargo, lo verdaderamente urgente no son las estadísticas, sino las personas. En Chad, Tsayem Saturnin, Director Nacional de la red educativa Fe y Alegría, advierte de que la educación preescolar sigue siendo un privilegio inaccesible para la infancia rural. En Honduras, Belkis Yamileth, coordinadora general del Centro Nazaret de Fe y Alegría en Urraco, nos recuerda que en muchas ocasiones currículums específicos no tienen el respaldo de los gobiernos: “La formación técnica en el país es un gran reto. Está lleno de desafíos y no cuenta con el apoyo político necesario”.

Las comunidades educativas no necesitan heroicidades, necesitan condiciones, necesitan justicia educativa

Testimonios como los de Saturnin y Yamileth ponen voz y rostro a una dura realidad: ninguna de las metas educativas de la Agenda 2030 se cumplirá plenamente si no se actúa ya y con decisión. El impacto que la pandemia dejó no ha podido ser revertido del todo. La crisis sanitaria cerró aulas, cortó procesos de aprendizaje, agravó la brecha digital y empujó a miles de estudiantes, especialmente niñas, fuera del sistema educativo.

En ocasiones, al hablar de resiliencia, la comunidad internacional se olvida con frecuencia de lo esencial: las comunidades educativas no necesitan heroicidades, necesitan condiciones, necesitan justicia educativa. Sin conectividad, sin unas aulas decentes y equipadas, sin un profesorado formado y reconocido ―se calcula que se necesitarán 44 millones de docentes adicionales de aquí a 2030― no hay milagro educativo posible.

A pesar de todos los retos, cada día ocurren grandes gestos de esperanza que, una y otra vez, interpelan a la comunidad internacional y le demandan cumplir con las promesas recogidas en la Agenda 2030. Ocurren cuando Nyokabi en Kenia sostiene la motivación de su clase sin apenas recursos. O cuando Saturnin en Chad incide para que se construyan escuelas de educación preescolar. O cuando Yamileth en Guatemala acompaña a sus estudiantes mientras se forman en una profesión que les permitirá una vida con mayores oportunidades.

No bastan los discursos inspiradores. Hace falta voluntad política, inversión sostenida, coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Sin presupuestos, sin políticas públicas transformadoras, sin participación de las comunidades y del profesorado, el derecho a la educación seguirá siendo, para millones de personas, una promesa sin cumplir.

No bastan los discursos inspiradores. Hace falta voluntad política, inversión sostenida, coherencia entre lo que se dice y lo que se hace

A cinco años de cumplirse el plazo dado para hacer realidad esa promesa, a cinco años de 2030, no podemos ni debemos resignarnos. Es verdad que el derecho a aprender está en riesgo, pero todavía es más cierto que estamos a tiempo de actuar. Debemos exigir que la comunidad internacional y los Estados garanticen sistemas educativos públicos, inclusivos y de calidad y redoblar los esfuerzos para situar la educación en el centro de todas las agendas.

En este camino, tampoco podemos ignorar las desigualdades estructurales que atraviesan los sistemas educativos que, si bien son distintas en cada país, no entienden de fronteras, y cuestionan la capacidad de garantizar el derecho a aprender en todo el planeta. Aunque con distintos grados, el género, la pobreza, la discapacidad, el origen étnico o el estatus migratorio siguen determinando en muchos casos quién accede y quién queda fuera de la escuela.

La educación debe ser una herramienta de justicia y no un espejo que reproduzca las exclusiones del mundo y para hacer eso realidad, hay una deuda que no puede posponerse más. Una deuda con quienes aprenden en aulas sin luz, con quienes caminan kilómetros para llegar a clase, con quienes enseñan desde la precariedad pero con la convicción intacta. Una deuda con la infancia global, que no puede seguir esperando.

La educación no puede esperar más. Lo prometido es deuda.