Violaciones grupales, embarazos forzados y transmisión de enfermedades: los crímenes cometidos en Tigray para destruir la capacidad reproductiva de una etnia

“Nos aseguraremos de que las mujeres de Tigray no puedan tener hijos”. Este mensaje, escrito a mano en una nota plastificada varias veces, fue hallado por trabajadores sanitarios en el interior del cuello uterino de una superviviente de violación de la zona oriental de Tigray (Etiopía). La mujer había acudido a un centro de salud aquejada de dolor abdominal persistente y flujo vaginal maloliente. Al revisarle con un espéculo, el personal médico advirtió la presencia de unos cuerpos extraños. Tras una complicada intervención quirúrgica le lograron extraer ocho tornillos, escombros y el pedazo de papel manuscrito. Más adelante, en una revisión, le extirparon un cortaúñas metálico que la mujer tenía alojado en su útero. Según la enfermera que la atendió, su caso no era un hecho aislado: habían encontrado más notas en el interior de sus pacientes.

Este es uno de los testimonios recogidos en el nuevo informe Nunca podrás dar a luz: Violencia sexual y reproductiva relacionada con el conflicto en Etiopía, publicado por Médicos por los Derechos Humanos (PHR, por sus siglas en inglés) y la Organización para la Justicia y la Rendición de Cuentas en el Cuerno de África (OJAH, por sus siglas en inglés). La investigación es la más completa hasta la fecha utilizando pruebas médicas y las perspectivas de los trabajadores sanitarios para documentar la violencia sexual y reproductiva en las regiones etíopes de Tigray, Amhara y Afar entre noviembre de 2020, fecha del inicio de la guerra, y julio de 2024.

Los sanitarios indican que, según los testimonios de las supervivientes, la violencia sexual en Tigray fue perpetrada en la mayoría de casos por integrantes del ejército eritreo, que en ese momento luchaba en apoyo del Gobierno etíope. Otros autores fueron la Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía (ENDF) y grupos como las Fuerzas Especiales de Amhara y las milicias Fano.

La investigación analiza 515 historiales médicos, más de 600 encuestas con sanitarios y entrevistas en profundidad con líderes comunitarios, enfermeros, médicos o psiquiatras. El estudio, que amplía los hallazgos de un informe publicado en 2023, “confirma que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Tigray relacionados con violencia sexual y reproductiva, especialmente contra mujeres y niñas, incluido el delito de embarazo forzado”.

Identidad étnica

En Tigray, el 73% de los trabajadores sanitarios encuestados trataron a supervivientes que informaron que los perpetradores usaron un lenguaje que expresaba su intención de destruir su capacidad de reproducirse o tener hijos. Y el 76% de ellos observaron tasas más altas de violencia sexual según la identidad étnica de las pacientes.

“Estos patrones reflejan una intención compartida por los perpetradores, que en Tigray era específicamente causar daño a la capacidad reproductiva de las tigrayanas para impedir los nacimientos dentro de este grupo étnico”, explica a EL PAÍS por videollamada Lindsey Green, subdirectora de Investigación de PHR y coautora del informe. “Esto pone de manifiesto la necesidad de investigar más a fondo estas acciones como posibles delitos de exterminio o genocidio”, añade.

En un testimonio del informe, un psicólogo de Tigray relataba cómo le rompieron el brazo a una joven antes de violarla, al intentar extraerle un implante anticonceptivo con el objetivo de obligarla a quedarse embarazada: “Esto fue obra de las fuerzas eritreas (Shabia), que lo anunciaron abiertamente: ‘darás a luz a nuestros hijos y, con ello, la etnia tigrayana será exterminada”.

Además, el 91% de los encuestados atendieron a pacientes que habían sufrido violaciones múltiples, con una media de tres agresores a la vez. El 69% de los sanitarios informaron que las supervivientes experimentaron violencia en grupo. Además, el 50% de los pacientes en los historiales médicos examinados dieron positivo para Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y el 17% para VIH.

Las mujeres que sobrevivieron a la violencia sexual de Tigray

El conflicto que durante dos años sufrió el norte de Etiopía está considerado como el más sangriento del siglo XXI, con más de 600.000 muertos. Al menos 10.000 personas fueron sometidas, además, a violaciones y agresiones, según algunos cálculos

La guerra de Tigray, que enfrentó al ejército etíope con el Frente de Liberación del Pueblo Tigray (TPLF, por sus siglas en inglés), se extendió de 2020 a 2022 y se considera la más mortal del siglo, con 600.000 civiles muertos, según cálculos de la Unión Europea, organismos internacionales y algunos expertos.

“Atendimos a mujeres violadas delante de sus familias”, explica por videollamada a este diario un trabajador sanitario de Tigray que participó en el informe y que por seguridad pide no desvelar su nombre. “Llegaban muy traumatizadas psicológicamente. En algunos casos, incluso las personas que intentaban protegerlas fueron asesinadas delante de ellas”. “También hubo mujeres violadas delante de la comunidad, por lo que se vieron desplazadas a otro lugar [por el estigma]”, relata. “Muchas llegaban con cosas que ni siquiera puedo describir, con cuerpos extraños en el interior o con quemaduras”, añade.

Estos patrones reflejan una intención compartida por los perpetradores, que en Tigray era específicamente causar daño a la capacidad reproductiva de las tigrayanas para impedir los nacimientos dentro de este grupo étnico

Lindsey Green, subdirectora de Investigación de PHR y coautora del informe

Según explica por videollamada Thomas McHale, director de Salud Pública de PHR y coautor del informe, se recurrió a profesionales de la salud porque así se evitaba que las supervivientes tuvieran que dar más entrevistas. Además, ellos eran los primeros o los únicos en escuchar sus testimonios y su trabajo en amplias zonas permitió identificar patrones comunes.

La investigación recopila testimonios de gran dureza, como el de una coordinadora de salud reproductiva de Tigray que contó cómo una mujer fue obligada a mantener relaciones sexuales con el cadáver de su esposo asesinado, o el de una madre que llevaba a su hija de cinco años a la espalda y, cuando se negó a soltarla, los agresores las dispararon a ambas para posteriormente agredir sexualmente a la mujer.

Cuando las mujeres reunían fuerzas para acudir a un centro sanitario, se encontraban con una escasez extrema. “No había medicamentos para la mayoría de los dolores que tenían, ni servicios de salud avanzados porque, especialmente en las zonas remotas, la mayoría estaban destruidos y el apoyo que recibimos era menor de lo esperado”, añade el sanitario.

Desde principios de este año, la atención a las víctimas de violencia sexual también se ha visto afectada por los recortes de financiación estadounidense. “Servicios que antes se ofrecían gratis, ahora deben pagarlos las supervivientes. El dinero en efectivo que recibían para acceder a atención ha terminado. La entrega de medicamentos y suministros se ha detenido porque los insumos están atrapados en almacenes”, enumera McHale, y advierte de que la situación actual es un recordatorio de que la recuperación de estas mujeres también está en riesgo. “No solo es el conflicto: ahora también está amenazada la capacidad del sistema para apoyarlas”.

“Había un fondo directo a través del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades para los centros de atención integral. Ahora ya no hay servicios de laboratorio gratuitos. Había medicamentos. Había kits de dignidad, que solía proveer el Comité Internacional de la Cruz Roja, también directamente a través de USAID. Todo se ha detenido”, enumera el trabajador sanitario de Tigray. “Y no solo son los recortes directos. Muchos de los que trabajaban con supervivientes de violencia sexual también se han trasladado a otros temas que consideran más importantes. El impacto potencial a largo plazo de los recortes será duradero”, vaticina.

Violencia en Amhara y Afar

La investigación también analiza, aunque con una proporción de participantes mucho menor, la violencia sexual en las regiones de Amhara y Afar a consecuencia de “la falta significativa de respuesta por lo sucedido durante el conflicto”, que propagó las atrocidades, incluidos “crímenes contra la humanidad y de guerra” en esas zonas. “Allí, los autores también expresaron su intención de vengarse por los crímenes cometidos en Tigray”, explica Green, que detalla que en Amhara y Afar los agresores más numerosos reportados pertenecían al TPLF.

Cuando los perpetradores no enfrentan consecuencias, la violencia se normaliza. Las supervivientes son silenciadas y la paz sigue siendo frágil

Thomas McHale, Director de Salud Pública de PHR coautor del informe

Green explica que, desde que se completó la recopilación de datos para el informe, ha habido señales de que se está produciendo una escalada del conflicto a nivel regional y también entre Eritrea y Etiopía. Esto, incide la investigadora, pone en manifiesto “la urgencia” a la hora de abordar la impunidad existente en relación con la violencia sexual y reproductiva. “Cuando los perpetradores no enfrentan consecuencias, la violencia se normaliza. Las supervivientes son silenciadas y la paz sigue siendo frágil”, enfatiza McHale. “Es clave restablecer la financiación del sistema sanitario en Etiopía, que constituye un vínculo fundamental para las supervivientes, no solo para acceder a la atención sanitaria y de salud mental que necesitan, sino también a apoyo jurídico, financiero y económico”, añade Green.

Los autores llaman a todas las partes del conflicto a que respeten el derecho internacional y faciliten la rehabilitación de los supervivientes. También recomiendan que la comunidad internacional garantice una documentación creíble e independiente de los crímenes cometidos en Etiopía y promueva la plena rendición de cuentas de los autores “con mecanismos de justicia regionales y vías de justicia internacional”.

El trabajador sanitario de Tigray no tiene mucha esperanza de que se haga justicia para estas mujeres. “A nivel local, hay cero posibilidades”, expresa. “No se trata solo de encarcelar a alguien. La justicia más importante es la reconciliación, rehabilitación y recuperación. Nadie está avanzando en esa dirección. A menos de que la comunidad internacional intervenga, deshaga la maraña y haga rendir cuentas a quienes actuaron deliberadamente o encubrieron lo que ocurrió, no hay esperanza”, finaliza.