Un laboratorio de paz pionero en Colombia, bajo amenaza: “El Valle del Cimitarra no se ha quedado en ser víctima del conflicto armado, sino que ha planteado soluciones”

La lideresa social Yésica Méndez (Barrancabermeja, Colombia, 38 años) quiere despertar el interés de la cooperación internacional y de líderes europeos en España, Noruega, Bélgica e Italia para proteger a los productores de la región del Magdalena Medio y financiar los proyectos de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), uno de referentes de la defensa de la tierra y de los derechos humanos en Colombia. La organización nació hace casi 30 años en reacción a los desplazamientos forzados masivos causados por grupos paramilitares en el Magdalena Medio, en el noreste del país, que ha sido históricamente uno de los puntos calientes del conflicto armado en Colombia.

Aunque la asociación ha conseguido crecer y agrupar a más de 140 organizaciones campesinas que representan a unas 29.000 personas, aún no puede desarrollar su labor en paz porque los grupos armados, que se disputan el control de la región, amenazan a sus líderes. “Pese a todo, la ACVC no se ha quedado en ser víctima del conflicto armado, sino que ha planteado soluciones para campesinos, afrodescendientes e indígenas”, resalta Méndez, Secretaria de la Junta Directiva de la ACVC, en entrevista con EL PAÍS, durante su visita a Madrid, donde se reunió con representantes de la Agencia de Cooperación Española y del Ministerio de Exteriores.

Méndez, que creció en un barrio de escasos recursos de Barrancabermeja, observando las luchas sindicales y campesinas de su región, forma parte desde marzo del Programa Catalán de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos, que la ha acogido durante seis meses, y también cuenta con el apoyo de International Action for Peace

La ACVC ha sido una especie de laboratorio de paz en el país. Sus líderes abanderaron, en 2002, la creación de una de las primeras Zonas de Reserva Campesina (ZRC) de Colombia, como se conoce a los territorios delimitados por comunidades campesinas y reconocidos por el Estado, donde se fijan normas para organizar la tierra, cultivar y cuidar el medio ambiente. El objetivo es proteger a los agricultores de los conflictos creados por la propiedad de la tierra, una de las causas de la guerra en Colombia. Cuando nació la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, que tiene unas 180.000 hectáreas, apenas había otras tres en el país. Hoy cuenta con 20 legalmente constituidas. “Pero su sostenibilidad depende de que haya financiación y de que se piensen desde las comunidades y no desde la comodidad de las administraciones”, explica Méndez.

La ACVC, por otra parte, ha liderado reconocidos proyectos de sustitución de cultivos ilícitos. Para que los campesinos no se vean obligados a cultivar hoja de coca, se les brindan alternativas económicas como la cría de búfalos, el cultivo de arroz, maíz y cereales, y de producción de bienes derivados de aceites de plantas aromáticas, entre otros. También, tienen programas para la protección de los derechos humanos y para la formación de jóvenes y mujeres en liderazgos campesinos y conservación ambiental.

Todo esto está en riesgo ahora por cuenta de la reorganización de otros actores armados que buscan ocupar espacios que dejaron las FARC tras su desmovilización en 2016. El Magdalena Medio es uno de los 11 focos de emergencia humanitaria en Colombia que identificó la Defensoría del Pueblo en febrero de este año. Allí, actualmente, hay presencia de la guerrilla del ELN, la disidencia de las extintas FARC y el grupo narcotraficante Clan del Golfo. La situación es tan crítica que, en octubre, la ACVC se declaró en crisis humanitaria por la nueva arremetida del conflicto.

A finales de abril de este año, fueron asesinados dos líderes campesinos que eran parte de la asociación y en septiembre pasado, hubo una masacre de campesinos y líderes comunitarios en el municipio de Yondó. Yésica Méndez es una de las lideresas de la zona que tienen un “riesgo [de seguridad] extraordinario” declarado por la Unidad Nacional de Protección.

Hay un señalamiento a la ACVC y una presión para que informemos cuándo y cómo entramos a la zona y para que pidamos permiso para hacer nuestra labor

No hacer ruido

No es la primera vez que una lideresa del Valle del Cimitarra habla en Europa sobre la situación de su región ―Yenidia Cuéllar también formó parte del programa de protección catalán en 2023―, pero en esta ocasión, la apuesta de la asociación campesina ha sido la visibilidad. “Nos interesa asumir un perfil más público, aunque eso implique correr el riesgo de mover las fibras de quienes, en Colombia, no quieren que hagamos ruido sobre todas las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo”, afirma Méndez.

Colombia es el país más peligroso del mundo para defender los derechos humanos, según ha alertado la ONG Front Line Defenders en su informe 2024/2025. El año pasado, 157 líderes sociales fueron asesinados en el país.

Los grupos armados no solo asesinan y amenazan; también impiden el trabajo comunitario. Hace tres años, denuncia Méndez, grupos disidentes de las FARC les decomisaron fincas donde llevaban proyectos productivos de ganadería sostenible. “También nos quitaron una casa de derechos humanos que teníamos en el municipio de Remedios”, describe la lideresa. Además, los grupos armados ejercen un control sobre el territorio. “Hay un señalamiento a la ACVC y una presión para que informemos cuándo y cómo entramos a la zona y para que pidamos permiso para hacer nuestra labor”, agrega. “Asimismo, se promueve la minería ilegal y explotación maderera en sentido opuesto de lo que venían haciendo las comunidades en la Línea Amarilla, una enorme zona de bosque natural que se quería conservar”, detalla.

Desde Europa, Méndez busca que la comunidad internacional vuelva mirar a este territorio y lo priorice en proyectos de cooperación. “Se considera que Colombia, tras el acuerdo con las FARC en 2016, está en paz. Por eso, se ha visto disminuida la cooperación internacional, algunas organizaciones se han retirado de la zona”, explica Méndez. Hasta ahora, cerca de una veintena de proyectos de la ACVC había sido financiada gracias a la cooperación internacional.

El reclutamiento forzado de menores y de jóvenes es otro de los problemas contra los que lucha la ACVC. “Este año logramos crear la coordinadora juvenil de la Zona de Reserva Campesina”, afirma. “Queremos conseguir relevo generacional en la asociación y crear proyectos productivos para evitar que los jóvenes sigan engrosando las filas de los actores armados”, agrega. Solo en lo que va de 2025, se han documentado 140 casos de reclutamiento de menores en Colombia.

Se considera que Colombia, tras el acuerdo con las FARC en 2016, está en paz. Por eso, se ha visto disminuida la cooperación internacional, algunas organizaciones se han retirado de la zona y ya no focalizan el Magdalena Medio

Si bien el Gobierno de Gustavo Petro ha impulsado desde 2022 la política de paz total, un diálogo en simultáneo con múltiples actores armados para alcanzar la paz, los resultados han sido escasos y los civiles en el Magdalena Medio y la zona del Catatumbo siguen en peligro. Pese al desesperanzador panorama, la ACVC “considera que la paz es la salida”. “Y será mucho más efectiva en la medida en que la sociedad civil pueda participar”, comenta Méndez, que pide al Estado colombiano garantías de seguridad para los afiliados a la asociación.