Lideresas colombianas del Chocó: “Nos estamos alejando de alcanzar la paz”

A Nervita Moreno López (Quibdó, Colombia, 62 años) no le pasó por la cabeza dejar de ser lideresa comunitaria la primera vez que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) la secuestraron en 2010. Tampoco años después, cuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) decretó en Chocó, el departamento en el que vive, un paro armado que impidió que siguiera desempeñando su trabajo durante días. “Fue una oportunidad para medirme hasta dónde llegaba esa capacidad de resistencia y resiliencia”, afirma López. Ser mujer en Chocó —el departamento más pobre y donde el 80% de su población se identifica como negra— es difícil. “Ser lideresa y mujer chocoana implica estar dispuesta a lo que sea. Estar expuesta a todo”, sentencia Nimia Teresa Vargas Cuesta (Quibdó, 67 años). Ambas forman parte de la Red Departamental de Mujeres Chocoanas, una organización que hace 33 años nació como respuesta a la “desatención” de las autoridades en este territorio, donde la disputa por el control territorial entre los grupos armados ilegales ha exacerbado la violencia con paros armados, confinamientos, feminicidios, reclutamiento forzoso, presencia de minas antipersona y explotación de recursos naturales.

La disputa entre el Clan del Golfo y el ELN por el control del territorio —geográficamente estratégico por sus ríos— ha disuadido cualquier posibilidad de paz para ellas. La situación humanitaria actual es la peor desde que se firmaron los Acuerdos de Paz en 2016 con las FARC, según alertó la Cruz Roja en su informe de 2025. “Están quemados [los acuerdos de paz]”, es la primera reacción de Moreno López. “No valió la pena el acuerdo […] No digo que estén muertos, pero nunca se llegó a una transición”, matiza Vargas Cuesta en una entrevista con EL PAÍS durante una reciente visita en Madrid.

Ambas se reunieron con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para fortalecer su relación y con el Ministerio de Asuntos Exteriores para pedir que le “recuerde” al presidente colombiano, Gustavo Petro, las promesas que hizo para llegar a la paz y solicitar medidas de protección efectivas para los defensores de derechos humanos. El trabajo social en Chocó per se es remar contra corriente. Pero ahora, tras la suspensión de los fondos de la agencia estadounidense de cooperación al desarrollo, USAID, su situación se agrava: tres de sus proyectos productivos, principalmente para mujeres víctimas de desplazamiento, han quedado en el limbo. “Nos estamos alejando de alcanzar la paz”, puntualiza.

Entre sus proyectos, las activistas destacan el restaurante La Paila de mi abuela, una iniciativa creada en 2004, que emplea a 21 personas y defiende la gastronomía del Chocó.

Otro de sus proyectos es Frutichocó, una planta de procesamiento de frutos para hacer pulpas y frutas deshidratadas, que se vendían en el restaurante. Además de generar empleos, aseguran que apoyaba la agricultura sostenible. Pero hace dos años tuvieron que cerrarlo “por dificultades con el orden público y amenazas a las directivas y jornaleros”. Este año, con el apoyo de USAID, pretendían reactivar la planta, hasta que fueron suspendidos los fondos y el proyecto quedó en el aire. Lo mismo sucedió con Biovida, Reciclaje, Transformación y Comercialización, una empresa de reciclaje de plástico y preparación de abono orgánico.

“Nos impacta negativamente esa decisión del presidente de EE UU porque realmente las operaciones que se estaban haciendo para el Chocó tenían mucho que ver con los apoyos de USAID. Ahora nos afecta la incertidumbre de cuándo podremos terminar esos proyectos. Había gente trabajando y se quedaron con las manos caídas”, dice Vargas Cuesta, quien calcula la pérdida económica en 550 millones de pesos colombianos (112.412 euros).

La violencia en el Chocó

Las dos lideresas y la red llevan años buscando una fórmula para construir la paz en el departamento. En 2017, firmaron en un proceso colectivo la Propuesta de Acuerdo Humanitario Ya en el Chocó dirigida al Gobierno Nacional y al ELN para pedir, principalmente, un cese al fuego bilateral. En 2023 se firmó un alto el fuego en el Chocó, pero en enero de 2025 fue suspendido. Precisamente el pasado 22 de mayo participaron en una audiencia pública en el Congreso de Colombia para exigir que la propuesta avance “porque no está caminando”, a pesar de los intentos de Petro por dialogar con la última guerrilla de Colombia.

Además del alto el fuego, la Propuesta de la Red Departamental de Mujeres Chocoanas exigía al Estado la desarticulación de nuevas estructuras de grupos armados ilegales en el Chocó, que han aumentado en los últimos años, según el último informe trimestral de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia. “Al haber entregado las armas [las FARC], se posicionaron otros grupos, sobre todo en la parte rural. No había suficiente atención de la fuerza pública y del Ejército en nuestra región. Cuando las FARC salieron de los territorios, debió llegar la fuerza pública y no llegó. Llegaron otros a establecer su control”, explica Vargas Cuesta. Una de las consecuencias inmediatas fue el desplazamiento forzado. En 2024, 5.434 personas en el Chocó se vieron obligadas a abandonar su hogar, según la Cruz Roja.

En paralelo a los desplazamientos, Vargas Cuesta afirma que los grupos armados “cambiaron la táctica” en el departamento: “Ya no quieren que la gente salga, sino que se queden allí para poder protegerse por la misma gente”. Por ello, los confinamientos impuestos por el ELN han alcanzado su punto más crítico en los últimos ocho años, según alertó la Cruz Roja, con un aumento del 102% en 2024 a escala nacional. El Chocó es el departamento más afectado: pasó de ocho confinamientos registrados en 2023, a 26 en 2024. El pasado 2 de mayo el ELN decretó otro paro armado de 72 horas en el departamento: “La conectividad ha estado muy afectada, casi nula. No hemos podido indagar cuáles fueron las afectaciones”, declara Vargas Cuesta por mensajes en WhatsApp.

“El confinamiento restringe el acceso a la educación y a la salud. Es una limitación a la movilidad y a la productividad […] Como lideresas, es una situación muy difícil porque no puedes actuar, simplemente observar y callar”, afirma Moreno López. Otra forma de ejercer el control son los paros armados —una medida para inmovilizar a la población bajo amenazas, que prohíbe la entrada del Ejército e incluso el acceso de ayuda humanitaria— como ocurrió durante las inundaciones de noviembre de 2024.

La sustentabilidad o empoderamiento económico puede ser una forma de resistencia en el territorio, de construir la paz y no ser desplazadas

Nervita Moreno López y Nimia Teresa Vargas Cuesta

Los confinamientos provocan otras violencias, añade Vargas Cuesta: “Sobre todo la violencia sexual y los embarazos adolescentes, la deserción escolar y el reclutamiento. También los cultivos de productos de uso ilícito, el tráfico de madera o la minería ilegal”, enumera. El informe de la Cruz Roja explica que algunas personas estuvieron confinadas por amenazas directas, y otras, como medida de protección ante los enfrentamientos o por la presencia de artefactos explosivos. La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, denunció que el 80% del territorio está minado en febrero de 2025 ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Naciones Unidas ha reconocido que existe un retraso significativo en la implementación del Acuerdo para los pueblos indígenas y afrocolombianos y que la situación es “altamente preocupante” para las líderes sociales. Frente a estas amenazas, el trabajo comunitario cobra, según las activistas, mayor relevancia, pero también exige mayores recursos y respaldo de la cooperación internacional. “La sustentabilidad o el empoderamiento económico puede ser una forma de resistencia en el territorio, de construir la paz y de no ser desplazadas”, coinciden ambas, que subrayan la importancia de la “autoprotección”. “Eso lo hacemos, sobre todo, todas las mujeres. Las organizaciones de mujeres somos las que nos aliamos para sacar adelante estrategias de autoprotección”, finaliza Vargas Cuesta.