Financiar la educación no es una opción: es una obligación global

Mientras el mundo destina miles de millones de dólares al gasto militar, más de 244 millones de niños, niñas y adolescentes siguen hoy fuera de la escuela, según datos de la Unesco. En Gaza, más del 90% de las escuelas han sido dañadas o destruidas; en Sudán, casi 10 millones de niños y niñas han sido expulsados del sistema educativo por el conflicto armado. La educación, ese derecho fundamental que debería ser garante de otros, es hoy uno de los más vulnerados y a la vez más invisibilizados.

A las puertas de la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FfD4), que se celebrará en Sevilla, desde la Campaña Mundial por la Educación (CME) queremos lanzar un mensaje claro: sin una financiación pública, equitativa y transformadora, no hay derecho a la educación. Y sin educación, no hay igualdad, justicia ni futuro posible.

Un mundo de brechas insostenibles

La desigualdad educativa es hoy una de las principales expresiones de la injusticia global. En los países más empobrecidos, solo el 40% de las niñas accede a la secundaria. A nivel global, apenas el 25% de los países ha alcanzado la paridad de género en la secundaria superior. Las niñas, las personas con discapacidad, quienes viven en situación de refugio o desplazamiento forzado son quienes enfrentan las mayores barreras.

Y no se trata solo de acceso: la calidad educativa, la protección frente a la violencia, el profesorado formado o el material escolar son también privilegios desigualmente repartidos. Las cifras hablan por sí solas: se estima que el déficit anual para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (educación inclusiva, equitativa y de calidad) supera los 148.000 millones de dólares (126.256 millones de euros) solo en países de ingresos bajos y medios.

Sin embargo, la inversión pública en educación permanece por debajo del 4% del PIB en muchos países del Sur Global. Peor aún: la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) destinada a educación ha disminuido del 9,3% al 7,6% entre 2019 y 2022. Este déficit no es coyuntural: la ayuda internacional a la educación ha estado estancada desde 2016, según el Informe GEM, lo que refleja un abandono progresivo del compromiso global con este derecho. En el nuevo contexto de recortes, estas caídas constantes se precipitarán; en países como Chad o Liberia, la ayuda educativa se reducirá a la mitad; en Ruanda, se perderán 35 millones de dólares anuales; en República Democrática del Congo, más de 50 millones. Generaciones enteras condenadas a la exclusión.

Porque cuando las crisis golpean, la educación es la primera en caer

Las cifras anteriores son alarmantes. Pero en contextos de emergencia, se tornan directamente trágicas. En Níger, el 42% del alumnado no acude a clase por causa del conflicto o el desplazamiento. En Chad y Sudán, la Educación en Emergencias (EeE) ha sufrido recortes de hasta el 90%. Mientras tanto, solo se financió el 29% de los recursos necesarios para EeE en 2024: de los 3.000 millones de dólares solicitados, apenas se desembolsaron 879 millones.

Esto significa niñas obligadas a casarse al no poder regresar a clase. Trabajo infantil y en condiciones de explotación. Adolescentes que migran sin protección. Docentes enseñando bajo ruinas o a cielo abierto. Infancias enteras sin escuela, sin rutina, sin seguridad, sin comida, sin atención psicoemocional. Sin futuro.

Y es frente a estas realidades, la escuela puede ser una tabla de salvación. Volver al aula es también volver a una red de apoyo, a un espacio de refugio, de derechos, de vida. La educación salva vidas.

Un nuevo pacto global

En este escenario, la FfD4 no puede convertirse en una conferencia más. Debe marcar un punto de inflexión. Desde la CME España ―liderada por Ayuda en Acción, Educo, Entreculturas, Madre Coraje y Plan International―, exigimos que la arquitectura financiera global se ponga al servicio de los derechos humanos, y en particular del derecho a la educación. Para ello, proponemos cinco compromisos concretos.

En primer lugar, es necesario reconocer la educación como un bien público global, y garantizar su financiación suficiente. Esto implica que todos los Estados destinen entre el 4% y el 6% de su PIB, y entre el 15% y el 20% del gasto público total a educación, conforme a los estándares internacionales.

Por otra parte, hay que reformar el sistema fiscal internacional. Hoy, grandes corporaciones y fortunas eluden sus responsabilidades tributarias gracias a un sistema opaco e injusto. Es hora de avanzar hacia una Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional, que garantice impuestos progresivos y sostenibles para financiar servicios públicos universales.

En tercer lugar, es clave priorizar la inversión educativa como política de equidad y reparación, canalizando los recursos movilizados a través de reformas fiscales y condonación de deuda hacia las poblaciones históricamente excluidas: niñas, personas desplazadas o refugiadas, pueblos indígenas, personas con discapacidad.

Cuarto. Tenemos que proteger la educación del negocio y la mercantilización. Rechazar firmemente las fórmulas de colaboración público-privada que desvíen recursos públicos al lucro empresarial y fragilicen el papel del Estado. La educación no puede convertirse en un bien de consumo. Es un derecho que debe ser garantizado.

Finalmente, hay que integrar la financiación educativa en estrategias de paz y resiliencia, destinando al menos el 10% de la Ayuda Humanitaria a Educación en Emergencias. Además, se deben fortalecer las organizaciones locales, que son las primeras en responder y las últimas en marcharse, con al menos el 25% de los fondos disponibles. Y apostar decididamente por la Educación para la Ciudadanía Global como herramienta de prevención y cohesión social.

La Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FfD4) en Sevilla tiene una oportunidad histórica: reimaginar la economía global desde los derechos humanos. Desde la coalición española de la CME, liderada por Ayuda en Acción, Educo, Entreculturas, Madre Coraje y Plan International, seguiremos vigilantes, articuladas y movilizadas. Porque reivindicar una financiación justa para la educación no es solo una cuestión de números: es una apuesta por la igualdad, por la justicia social, por la democracia. Es un acto de responsabilidad política y de compromiso ético.