El acuerdo sobre pandemias es nuestra oportunidad de priorizar a las personas

Más de cinco años después del inicio de la pandemia del coronavirus, los gobiernos han alcanzado un Acuerdo Mundial sobre Pandemias. Han sido necesarios tres años de negociaciones en la Organización Mundial de la Salud (OMS), e incluso una votación bien avanzada la noche en la Asamblea Mundial de la Salud celebrada en Ginebra, pero por fin se adoptó formalmente el pasado 20 de mayo.

El acuerdo no es perfecto. Como cualquier otro tratado internacional, es fruto de un compromiso que resultó muy difícil de alcanzar. Pero en un momento en el que los recortes presupuestarios están sumiendo en la crisis las iniciativas sanitarias mundiales y provocando un inmenso sufrimiento humano, este acuerdo es un salvavidas para la solidaridad y la colaboración a nivel mundial. Y es una oportunidad para que, la próxima vez que se presente la amenaza de una pandemia, el mundo no vuelva a cometer los mismos errores.

Una distribución más equitativa de las vacunas podría haber salvado aproximadamente 1,3 millones de vidas adicionales tan solo en 2021

En los primeros meses de la pandemia de covid-19, gobiernos, fundaciones benéficas e iniciativas mundiales destinaron miles de millones a la búsqueda de una vacuna. De ello dependían millones de vidas y billones de dólares de la economía mundial. Sin embargo, a pesar de los heroicos esfuerzos de científicos, trabajadores sanitarios y ciudadanos de a pie de todos los países, la desigualdad frenó la respuesta a la pandemia. Fue una tragedia que los gobiernos deberían haber evitado.

Se invirtieron décadas de investigación —y al menos 17.000 millones de dólares— de instituciones financiadas con fondos públicos en las vacunas contra el coronavirus, y los gobiernos movilizaron más de 100.000 millones para comercializarlas. Fue sin duda un éxito extraordinario, que permitió obtener vacunas seguras y eficaces en un tiempo récord. Sin embargo, las empresas farmacéuticas dieron prioridad a los mercados de los países ricos, que les reportaban mayores beneficios. Una distribución más equitativa de las vacunas podría haber salvado aproximadamente 1,3 millones de vidas adicionales tan solo en 2021.

Por ese motivo, la equidad ha sido un principio rector desde el inicio de las negociaciones del acuerdo sobre pandemias bajo la égida de la OMS. Dicho acuerdo tiene por objeto garantizar que, cuando los países compartan los datos necesarios sobre patógenos para vigilar las posibles amenazas de pandemia, también participen en los beneficios de cualquier vacuna, medicamento u otro producto que se desarrolle como resultado de ello.

Con ello se creará un sistema mundial de salud más resiliente cuyo objetivo será brindar apoyo a pacientes y profesionales sanitarios de todo el mundo.

Este acuerdo es un salvavidas para la solidaridad y la colaboración a nivel mundial

Entre las disposiciones más impactantes del acuerdo se encuentra el compromiso de los gobiernos de establecer condiciones concretas de acceso a la financiación pública para la investigación y el desarrollo (I+D). Al determinar lo que los gobiernos y los contribuyentes pueden esperar como resultado de sus inversiones en investigación médica, se garantiza que los instrumentos sanitarios vitales que se generen gracias a estos recursos públicos lleguen a todas las personas que los necesitan.

Este enfoque podría cambiar por completo la relación del público con la industria farmacéutica, aprovechando la capacidad de investigación, desarrollo y producción de las empresas al tiempo que se garantiza que las innovaciones financiadas con fondos públicos cubran ante todo las necesidades de salud pública. De esta manera, al recibir el dinero de los contribuyentes, las empresas se comprometerían con el público por contrato a ser transparentes sobre el uso que dan a los fondos públicos y a garantizar que todas las personas que lo necesiten tengan acceso asequible al producto final.

En la Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas (DNDi), la organización sin ánimo de lucro de I+D que dirijo, nuestro objetivo era llevar a cabo estudios urgentes sobre un tratamiento para la covid-19 especialmente indicado para atender sin hospitalización a las personas en países de ingresos bajos y medios (PIBM). Sin embargo, el titular de la patente de una molécula prometedora que queríamos probar no nos permitió utilizarla en nuestro ensayo clínico, de modo que no pudimos demostrar que se habría adaptado a las necesidades de las comunidades de los PIBM. Al imponer condiciones a los beneficiarios de financiación pública, podrían desaparecer obstáculos como este en el futuro, si se les exige que se comprometan a participar en una colaboración científica abierta.

Otro ejemplo que me viene a la mente es la vacuna contra el ébola. Una vacuna financiada con fondos públicos y cuya eficacia se había confirmado en estudios preliminares permaneció en un cajón durante años, ya que el gobierno que la había financiado no estaba dispuesto a seguir apoyando su desarrollo. Cuando el ébola azotó África occidental en 2014, la vacuna no estaba lista. Con ella se podrían haber salvado cientos de vidas.

Por eso, esta disposición sobre el acceso incluida en el acuerdo es una solución de sentido común a una cuestión que preocupa desde hace tiempo al sector farmacéutico (cómo proteger la innovación médica y garantizar al mismo tiempo el acceso para todos), y podría transformar radicalmente la sanidad a nivel mundial.

La salud mundial se encuentra en una situación de fragilidad, con una financiación incierta y el riesgo de perder los logros alcanzados hace ya mucho tiempo

El mundo está cambiando. De las cenizas de la pandemia de covid-19 está surgiendo un nuevo panorama de I+D en el sector farmacéutico, en el que los gobiernos de todos los continentes priorizan el desarrollo de sus capacidades y competencias. Si aplicamos un conjunto de principios comunes que garantice que todo el mundo pueda tener acceso a los resultados, todos saldremos beneficiados.

No obstante, la adopción formal del acuerdo sobre pandemias no es más que un primer paso, aunque importante, en la aplicación de esta fundamental reforma de la sanidad pública. Ahora los gobiernos deberán incorporar esas disposiciones en sus propias políticas y directrices nacionales para poner en práctica los principios del acuerdo. Si bien el proceso de ratificación del tratado podría llevar años, los gobiernos pueden comenzar ya hoy mismo a preparar esos requisitos para obtener financiación pública.

La salud mundial se encuentra en una situación de fragilidad, con una financiación incierta y el riesgo de perder los logros alcanzados hace ya mucho tiempo. Las tasas de vacunación se han estancado y el escepticismo público frente a la ciencia crece de forma generalizada. El propio acuerdo sobre pandemias ha sido objeto de persistentes ataques de desinformación, en los que se alega falsamente que otorgará a la OMS la facultad de imponer confinamientos, cuando en realidad el acuerdo descarta cualquier posibilidad de la OMS de imponer medidas a los gobiernos soberanos.

Pero si establecemos guías para garantizar que la vida humana tenga prioridad frente a la estrechez de miras de los intereses nacionales, podremos restablecer la confianza en la sanidad y la cooperación mundiales. Eso nos permitirá replantearnos por completo un sistema que a menudo no responde a las necesidades de todos. Y podremos garantizar que el desarrollo de vacunas y medicamentos vitales se base en la transparencia y la solidaridad.

Al adoptar el acuerdo sobre pandemias y aplicarlo en todo el mundo, los gobiernos podrán garantizar que, la próxima vez que se produzca una pandemia, nadie se quede atrás, sea cual sea su ubicación geográfica o su nivel de ingresos.