El relanzamiento de la guerra contra las drogas, un riesgo para la democracia en América Latina

La presentación de la iniciativa “Escudo de las Américas” el pasado 7 de marzo es un hito importante en el relanzamiento de la guerra contra las drogas en América Latina, promovida ahora como principal política de Estados Unidos hacia la región.

El primer paso fue la declaración de diversas organizaciones criminales como grupos terroristas, lo que permite al gobierno estadounidense habilitar recursos (inteligencia militar) y atribuciones (intervenciones en países extranjeros, mayor discrecionalidad y ausencia rendición de cuentas) que, por el marco legal estadounidense, sólo están disponibles para el combate al terrorismo. Luego vino el bombardeo de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, involucrando a los militares estadounidenses en ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos latinoamericanos presentados, sin evidencia alguna, como miembros de organizaciones criminales. A ello siguió la intervención militar en Caracas y el secuestro de Maduro, presentada como una operación policial para capturar a un líder narco. En las semanas previas y posteriores a ello, se conocieron dos documentos que sistematizan este abordaje: las nuevas políticas de seguridad nacional y de defensa de EEUU. En ellas, y después de mucho tiempo, América Latina vuelve a estar en el centro del interés, pero por las peores razones: se la considera de manera explícita como el “patio trasero” de EEUU.

Ahora, al reunir a los jefes militares de doce países de la región gobernados por la derecha y la extrema derecha, EEUU logra comprometer a gran parte de los países latinoamericanos en una iniciativa que transforma a la militarización de la lucha contra el crimen organizado en política hemisférica. Esto implica relanzar y potenciar un abordaje fracasado (la guerra a las drogas), pero ahora como plataforma de alianza y disciplinamiento político regional. Los indicios sugieren que interesa menos desarticular los mercados ilegales y las organizaciones criminales que alinear a la mayor parte de países de la región para que acepten de manera sumisa la “doctrina Donroe”, articulada bajo las ideas de la amenaza del “narcoterrorismo” y de que el continente debe ser un espacio reservado para que EE UU consiga energía y minerales críticos. Entramos así en una fase en la que existe un alto riesgo de transformar el “patio trasero” en una zona de guerra.

La guerra contra las drogas fue el abordaje principal de las políticas antinarcóticos en la región desde que EE UU la promovió a partir de la década de 1980, en buena medida como reemplazo y continuación de la Doctrina de Seguridad Nacional de los años anteriores que culminaron en genocidios en varios países. Este abordaje implicó la intervención sistemática de militares en problemáticas criminales, así como simultáneos procesos de militarización de las policías, endurecimiento penal y explosión carcelaria. Provocó una gravísima escalada de violaciones de derechos humanos, tanto a manos de las organizaciones criminales como del propio Estado: aumento de los homicidios, desapariciones, desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias. Al mismo tiempo generó un crecimiento y empoderamiento de las organizaciones criminales, que se flexibilizaron, diversificaron y se armaron con muchos más recursos para hacer frente a un escenario de “guerra”. Por ello, en los últimos quince años se levantaron muchas voces críticas, desde la sociedad civil, los sistemas internacionales de protección y también de parte de referentes políticos de la región que comenzaron a demandar abordajes alternativos y más complejos.

El “narcoterrorismo” como excusa

Más recientemente, asistimos a un revival de la guerra contra las drogas. Esto vino con la consolidación de gobiernos de ultraderecha y tentaciones autoritarias, que echaron mano a una vieja categoría, la de “narcoterrorismo”, para buscar una narrativa que vuelva a poner en el centro el enfoque bélico, y a la vez un conjunto de políticas de excepción que les permita sustraerse a la rendición de cuentas. Estas políticas de excepción ya estaban globalmente disponibles desde 2001, luego de los atentados del 11 de septiembre, y se comenzaron a difundir en América Latina cuando se dio la oportunidad política, primero por el acceso de gobiernos de derecha, y ahora porque EE UU eleva esta perspectiva al nivel de estrategia hemisférica.

El rol de América Latina en discutir la guerra contra las drogas queda ahora debilitado por una brecha que es también geopolítica. Países como México, Colombia y Brasil aplicaron y aplican (con muy malos resultados) sus propias guerras contra las drogas, pero se resisten al marco antiterrorista porque son conscientes de los riesgos que implica, por su uso como excusa para la intervención militar extranjera. También los países en los que se reconoce la existencia de fenómenos terroristas se exponen a mayores controles financieros e incluso sanciones.

Se percibe que el despliegue militar continental no constituye un esfuerzo serio para desarticular mercados ilegales y organizaciones criminales. Los bombardeos sobre barcazas no bloquean las rutas del tráfico de drogas. A Maduro se lo capturó como supuesto líder del “Cártel de los Soles”, una organización criminal que, o bien no existe, o bien permanece intacta. Pero quizás el ejemplo más claro sea la decisión de Donald Trump de indultar al ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, cuya participación en esquemas de narcotráfico hacia EEUU está comprobada y por ello había sido condenado en ese país. Hernández es un político alineado con la posición de Trump, lo que genera fuertes sospechas de que la “guerra al narcoterrorismo” es una forma de disciplinamiento político antes que una iniciativa seria contra las muy diversas organizaciones criminales de la región.

El disciplinamiento como objetivo

Ese disciplinamiento continental tiene su contrapartida a nivel de los países. Los países que con más fervor adoptaron la retórica y el marco antiterrorista para combatir el crimen organizado, como El Salvador, Ecuador, Argentina, Paraguay y EEUU, son también los que ya utilizan o pretenden utilizar este mismo marco para criminalizar conflictos sociales y perseguir a la disidencia política.

Las organizaciones y movimientos sociales comprometidos con la defensa de la democracia y los derechos humanos en la región se encuentran ante dos desafíos, con la complejidad adicional de tener que avanzar en ambos al mismo tiempo. Por un lado, organizarse, fortalecer las redes y aprovechar todas las posibilidades de incidencia para desarticular la deliberada confusión entre crimen organizado y terrorismo, por los graves riesgos que implica para la región. Esto debe suceder además en un contexto de fuerte debilitamiento del multilateralismo, golpeado por iniciativas como este “Escudo de las Américas”. Pero además hay que poder reelaborar y generar respuestas democráticas a los graves problemas de derechos humanos y los nuevos desafíos que representan las organizaciones criminales en la región.

El problema en América Latina es la gobernanza criminal, no el terrorismo. Y la perspectiva antiterrorista no permite abordarlo, porque invisibiliza las dos dinámicas clave de la gobernanza criminal, su relación simbiótica con el Estado y con el sistema económico-financiero. Las bombas no resuelven estas cuestiones, y por eso, cuando se disipa el humo, la gobernanza criminal permanece intacta.