La amnistía es el principio

La aprobación por unanimidad de una ley de amnistía en Venezuela es un acontecimiento histórico. La Asamblea Nacional, controlada en su gran mayoría por el chavismo y nacida de unas elecciones fraudulentas, ha acordado una medida destinada a poner fin a la persecución penal de quienes estuvieron en las cárceles o en el exilio por razones políticas. El gesto, que sobre el papel permitirá liberar a cientos de presos políticos y cerrar causas judiciales por motivos de disenso y protesta, marca un punto de inflexión en un país desgarrado desde hace más de 25 años.

La amnistía, sin embargo, no debe interpretarse como una victoria completa ni como una reconciliación garantizada. Es un gran paso adelante, pero uno que no debería haber resultado necesario. Nunca se debería haber llegado al extremo de que ciudadanos, activistas, periodistas y opositores se vieran detenidos por ejercer derechos básicos como la protesta, la expresión o la disidencia. La amnistía es también el reconocimiento tácito de que esas heridas se infligieron, y aún se infligen, con total impunidad.

La ley cubre hechos ocurridos desde 1999 hasta 2026. Su espectro temporal y su cobertura muestran que Venezuela ha vivido durante décadas una represión política sistemática. Sin embargo, la amnistía está condicionada a restricciones que ponen en cuestión su eficacia. Quedan excluidos, expresamente, militares acusados de rebelión, personas implicadas en acciones armadas o en violaciones graves a los derechos humanos, y quienes se sospecha que promovieron acciones con apoyo extranjero en contra del Estado.

La exclusión de estas categorías ha generado inquietud, incluso entre quienes aplauden la ley. Más allá de que algunos de estos criterios respondan a límites constitucionales, pueden convertirse en una herramienta para perpetuar la marginación de sectores enteros del espectro político venezolano. Además, la ley no se aplica de manera automática: cada caso debe ser evaluado ante tribunales que históricamente han estado al servicio del chavismo.

Es imposible negar el alivio que genera la liberación de quienes pasaron años entre rejas por disentir del poder. Ante este escenario, la sociedad civil y los actores políticos democráticos deben exigir más que medidas parciales. La amnistía no puede ser un acto simbólico que solo libere a algunos y deje a otros a merced de la arbitrariedad. Debe ir acompañada de claridad jurídica, plazos estrictos de aplicación, mecanismos de supervisión independientes y garantías plenas para quienes hoy viven en el exilio. La justicia transicional no es simple reconciliación formal; es la reparación de quienes sufrieron persecución, tortura, desaparición forzada y procesos judiciales injustos. Eso implica, en términos concretos, que la amnistía se aplique sin condiciones discriminatorias, que no se exija someterse ante tribunales que han condenado injustamente, y que se garanticen retornos seguros y sin riesgos de nuevas persecuciones. Las leyes que sancionan la crítica en las redes sociales, la detención arbitraria o la persecución de opositores deben ser derogadas con la misma celeridad que se aclaran los expedientes judiciales.

La historia de Venezuela nos enseña que los pasos aislados sin un rumbo claro suelen ser efímeros. La paz democrática exige consistencia, justicia plena y respeto irrestricto a los derechos humanos. No habrá verdadera convivencia hasta que todos los perseguidos, exiliados y castigados arbitrariamente puedan regresar sin miedo, sin condiciones y sin repetir los episodios que marcaron a una nación entera. Ese debe ser el próximo objetivo de Venezuela.