El mensaje del PP a las mujeres

La política española vuelve a verse sacudida por un nuevo episodio de presunto acoso sexual y laboral en el seno de un partido político y su gestión, en este caso a manos del Partido Popular, exhibe un viejo patrón que nos retrotrae a muchos años atrás, cuando el machismo imponía su relato por encima de la víctima. Los hechos se resumen así: una exconcejal del Ayuntamiento de Móstoles (el segundo municipio más poblado de la Comunidad de Madrid, con 215.000 habitantes) denuncia dos años de acoso —primero sexual, luego laboral—por parte de su alcalde, Manuel Bautista. Como respuesta, el partido intenta evitar por todos los medios que el escándalo salga a la luz y acaba presionando a la víctima para dar carpetazo al caso.

La denunciante, militante del PP, hizo todo lo que se supone que debe hacer una presunta víctima de acoso en el seno de una institución: recurrió a las correspondientes instancias internas, escribió cartas detalladas con los pormenores de la situación, solicitó reuniones a sus superiores, expuso su caso con pruebas y testigos. Pidió amparo seis veces a la organización. Y la respuesta del PP de Madrid fue dejarla absolutamente indefensa. No hubo protocolo, no hubo investigación, no hubo protección. La exconcejal acabó presentando su dimisión y su baja del partido. En 2026 la política institucional vuelve a exhibir que carece de protocolos para garantizar que sea un espacio seguro para las mujeres.

El PP está gestionando este caso como una crisis de imagen, cuando no se trata de un problema de reputación sino de derechos. Los populares desacreditan a la mujer por no presentar una denuncia judicial, que es precisamente lo que los altos cargos del PP madrileño le pidieron que no hiciera en las reuniones que mantuvieron con ella. Y sus cuadros se dedican a lanzar medias verdades, cuando no directamente bulos, para voltear la sospecha hacia la mujer con el fin de proteger el supuesto bien superior que es el propio partido. La presidenta del PP de Madrid y del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, no ha dudado en utilizar políticamente las denuncias contra cargos de otros partidos –como el caso de Francisco Salazar en La Moncloa o el de Iñigo Errejón en Sumar-. Cuando el señalado está en sus propias filas su reacción ha sido inaceptable: proteger inmediatamente al cargo, desacreditar a la mujer, y hablar de un “caso fabricado”. El doble rasero y la hipocresía son evidentes.

Por mucho que este episodio de acoso afecte al feudo madrileño, la dirección nacional del PP no puede mantenerse al margen. Los casos de disciplina que afectan a alcaldes de ciudades de más de 100.000 habitantes son competencia de Génova. Por eso actuó el Comité Nacional de Derechos y Garantías, pese a que archivó el caso sin ni siquiera citar a la denunciante ni a los testigos que ella propuso. Esta gestión del caso interpela al partido en su totalidad. Porque el mensaje que el cierre de filas está trasladando a las mujeres, también a sus propias votantes y militantes, es demoledor: ¿de qué sirve pedir a las mujeres que denuncien si cuando lo hacen dentro de un partido se les responde con silencios, presiones y el archivo del caso? Hay silencios que no son neutros, que desgastan la confianza pública, que encubren y que protegen. Será la justicia la que decida si hubo acoso o no en el Ayuntamiento de Móstoles. Pero con esta respuesta ante una denuncia, el PP se juega su credibilidad en la defensa de las mujeres frente al machismo.