Una regularización coherente con Europa

La reciente propuesta de regularización de personas migrantes en situación irregular por parte del Gobierno español constituye un giro que puede resultar sorprendente en el actual contexto europeo, donde predomina un enfoque más restrictivo en materia migratoria.

En los países receptores de inmigración ha emergido, a golpe de crisis, un amplio consenso sobre la necesidad de reformar un sistema que se ha mostrado incapaz de gestionar la actual fase de movilidad y migración internacional, de abordar los desplazamientos provocados por los conflictos modernos y de dar protección a sus víctimas. Gobiernos muy distintos en democracias liberales como Australia, Canadá, Estados Unidos, parte de América Latina, Gran Bretaña y, desde luego, la Unión Europea y sus Estados miembros, incluida España, han emprendido políticas orientadas tanto a un mayor control del acceso al territorio como a una mejor gobernanza de la migración. Por duras que hayan sido estas políticas de control o deportación, la mayor parte del espectro político de estos países ha venido aceptando, de un modo u otro, que los inmigrantes forman parte de nuestras sociedades y de sus economías abiertas, y que son sujetos de los mismos derechos que se nos aplican.

Esta visión es hoy contestada por diferentes corrientes de opinión, incluyendo quienes consideran la inmigración como algo intrínsecamente indeseable y proponen políticas disruptivas orientadas a cortar los flujos de entrada y reducir el espacio de los inmigrantes en nuestras sociedades, a pesar de su papel relevante en nuestros menguantes mercados de trabajo, nuestras economías y nuestra demografía. Desde principios de este siglo, estas propuestas vienen de la mano de una politización extremadamente negativa de la migración y los migrantes en las arenas políticas nacionales, en algunos casos, con sesgos racistas. Sin duda, esta politización ha dificultado una conversación pública racional y ha atraído a parte de los actores políticos tradicionales —no solo de la derecha— hacia sus posiciones.

El cambio más radical, sin embargo, ha llegado desde Estados Unidos, donde la segunda Administración Trump ha desplazado el foco desde la frontera hacia el interior, con una política muy agresiva de identificación y expulsión de personas en situación irregular, cuyo impacto social y humano se ha extendido al conjunto de la población migrante y, como hemos visto, también a ciudadanos estadounidenses que han querido acompañarles. También ha cambiado la narrativa. La condición de indeseable se ha deslizado, de forma especialmente problemática, desde la migración hacia las propias personas migrantes y, de forma menos estructurada, aparece a veces la raza como una cuestión de política migratoria. Esta actitud militante se ha proyectado también hacia el exterior. La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos ofrece apoyo a las fuerzas políticas europeas que se comprometan a desplegar políticas que eviten que algunos países “dejen de ser europeos”.

En la Unión Europea, mientras tanto, a pesar de las diferencias internas, la política migratoria ha cristalizado en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, centrado en la gestión común de las fronteras exteriores y en la restauración del sistema de asilo. A pesar de su enfoque en el control y la gestión ordenada, ha sido rechazado por las fuerzas abiertamente contrarias a la migración que miran a Trump como referencia. El Pacto está en pleno desarrollo normativo y debe empezar a implementarse el próximo mes de junio. En este contexto europeo e internacional se inscribe la propuesta de regularización de todos los migrantes residentes en situación irregular emprendida por el Gobierno español.

España ha desempeñado un papel clave en la adopción del Pacto Europeo de Migración y Asilo, al que ha incorporado la solidaridad con los países con frontera exterior, comprometiéndose a su vez con las aspiraciones del conjunto de reforzar el control de las mismas. A su vez, se ha distanciado de forma clara del discurso antiinmigración. El presidente del Gobierno español defiende abiertamente la migración y su papel en el crecimiento económico del país, y promueve una integración laboral de las personas migrantes basada en derechos, alineadas con el conjunto de sus políticas sociales y laborales. En el actual contexto europeo, es una de las pocas voces que se manifiesta en este sentido, y prácticamente la única que lo hace desde un gobierno. Esta regularización puede resultar chocante en una Unión que ha endurecido su lenguaje migratorio, pero no es, en absoluto, contraria al Pacto Europeo.

La regularización fue objeto de una iniciativa legislativa popular que el pasado año alcanzó más de medio millón de firmas y aunó a muy distintos actores, incluidas las principales organizaciones de la Iglesia católica. Podrán aplicar todas aquellas personas que acrediten un mínimo de cinco meses de residencia en España antes del 31 de diciembre del pasado año. Es importante señalar que el decreto abre también la posibilidad de regularizar a quienes hubiesen solicitado asilo antes de esta fecha y, voluntariamente, prefieran optar por esta vía, acortando los tiempos y asegurando un permiso de residencia y trabajo renovable. Entre los requisitos formales que se exigen, está el de acreditar que no se tienen antecedentes penales, además de no suponer una amenaza para el orden público y la seguridad.

En una economía que crece por encima de las de su entorno europeo, esta medida permite regularizar no solo a las personas sino también los puestos de trabajo existentes. Con ello, aspira a continuar una dinámica de crecimiento de las afiliaciones a la Seguridad Social que garantiza derechos laborales, cotizaciones y pago de impuestos. La solicitud de regularización viene acompañada de un permiso provisional de trabajo, algo que ha sido celebrado tanto por los empleadores, por razones relacionadas con los límites del mercado de trabajo, como por los sindicatos, por cuanto mejora la calidad del mismo, evitando vulnerabilidad y abusos.

El proceso de regularización finalizará en junio de este año, coincidiendo con la entrada en vigor del Pacto Europeo, que pretende remediar cualquier entrada irregular y toda denegación de un permiso de protección internacional con la expulsión y el rápido retorno. Las condiciones y procedimientos para cruzar las fronteras exteriores es una competencia europea. Fijar las condiciones para obtener un permiso de residencia y trabajo —y el número de personas que puede acceder a este— es una potestad de cada Estado. Usarla para poner el contador a cero va a facilitar al Gobierno español cumplir con los objetivos fijados de control de las fronteras comunes, eje del consenso político y social en la Unión, incluida España.

Sin embargo, no hay evidencias de que este consenso compartido en la mayoría de nuestras democracias para reforzar los controles de acceso al territorio y reparar los sistemas de protección y de migración se extienda a medidas de persecución o exclusión masiva de migrantes dentro de nuestras sociedades, ni que todos compartan estas estrategias. Más aún cuando en ellas pueden subyacer ideas claramente racistas o xenófobas, que contaminan inevitablemente cualquier política migratoria y violentan la democracia.

Con esta regularización, el Gobierno español cierra esa vía, proporciona seguridad jurídica a una realidad socialmente existente y facilita la aplicación del Pacto Europeo, dando respuesta a la demanda —esta sí mayoritaria— de una mejor gestión migratoria. El reto, a partir de ahora, será sostener la integración laboral y social de estos migrantes y abrir canales de migración legal.