Empresas en la anomalía

Las grandes multinacionales dan mucha importancia a la seguridad jurídica. No les preocupa tanto el tipo de régimen vigente, democrático o autoritario, como que el marco legal sea previsible. En las últimas décadas, las compañías españolas presentes en Venezuela han tenido que lidiar con una anomalía: unas autoridades intervencionistas, expropiaciones frecuentes, permisos decididos de forma arbitraria, prohibición de repatriar beneficios. Ahora se enfrenan a una anomalía nueva: sigue al mando el mismo Gobierno chavista, presidido por Delcy Rodríguez desde la intervención militar de EE UU para capturar a Nicolás Maduro. Pero Donald Trump dice que es él quien está “al mando”, en una especie de protectorado, aunque de sus declaraciones se deduce que de todas las industrias solo va a ocuparse de una: la energética. Así las cosas, las compañías tienen un escenario nuevo, quizás más prometedor, pero no menos incierto que el anterior.

De las muchas firmas españolas presentes en Venezuela, solo una se perfila como beneficiada por el giro de los acontecimientos: Repsol. La empresa explota un gran pozo de gas natural con la italiana Eni, participa en la explotación de petróleo y mantiene una reclamación a la sociedad estatal PDVSA por una deuda de 359 millones de euros. Repsol contaba con una dispensa concedida por la Administración de Joe Biden para operar allí, pero esa licencia fue revocada por Trump en abril. El consejero delegado del grupo, Josu Jon Imaz, fue convocado el viernes a la polémica reunión de Trump con el sector petrolero. Allí declaró: “Estamos listos para invertir más en Venezuela y triplicar la producción allí en los próximos dos o tres años”, si bien lo condicionó al “marco comercial y legal que lo permita”.

Para el resto de las empresas, los cambios no van a ser inmediatos, al menos mientras la nueva cooperación entre el chavismo y Washington no lleve al levantamiento general de las sanciones y a reformas económicas. El caso de Telefónica es especialmente complejo. La compañía ha llevado a cabo en el último año una serie de desinversiones en sus filiales en América Latina, donde solo le interesa permanecer en Brasil, un mercado que cree estratégico. Tras lanzar mensajes contradictorios, su presidente Marc Murtra confirmó que saldrá de Venezuela. Pero no será fácil mientras el Gobierno chavista tenga la última palabra sobre un posible comprador. Para mayor enredo, la filial venezolana de Telefónica ha comprometido inversiones de 500 millones de dólares (unos 430 millones de euros) en el despliegue de la red 5G. El BBVA es el dueño del 55,2% del capital de BBVA Provincial, el mayor banco privado del país. Inditex cuenta con 20 tiendas; Mapfre tiene 360 trabajadores y las hoteleras Hesperia y Meliá gestionan, respectivamente, cinco y un establecimientos. Las aerolíneas Iberia, Air Europa y Plus Ultra cancelaron sus rutas a Venezuela a petición de EE UU ante la tensión, y Maduro retiró sus licencias a las dos primeras; la reapertura de los vuelos es por el momento una incógnita.

El futuro de las compañías españolas en Venezuela dependerá sobre todo de cómo evolucione el régimen bajo la presión de Trump. La seguridad jurídica sigue en entredicho tras una intervención que ha violado el derecho internacional y una incierta tutela política sobre el Gobierno de Delcy Rodríguez. Que Venezuela se encaminara a una transición a la democracia, y a la vez a una economía de mercado con reglas más claras, era más urgente que movilizar a las petroleras, pero por el momento no ha aparecido entre las prioridades de la Casa Blanca.