Después de Venezuela: el colapso semántico de la democracia

La captura militar de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, seguida del anuncio de que Washington asumirá el control político de Venezuela y reorganizará su industria petrolera, no es solo un acontecimiento geopolítico alarmante y una grave violación del derecho internacional. Es también algo más silencioso y, a largo plazo, más corrosivo: el colapso de un vocabulario moral y político compartido.

Durante décadas, el orden internacional se sostuvo no solo sobre tratados e instituciones, sino también sobre un frágil consenso acerca del significado de ciertas palabras. Democracia significaba un poder sometido a la ley. Justicia implicaba procedimientos, no solo resultados. Seguridad aludía a protección sin dominación. Soberanía suponía que las fronteras importaban, incluso cuando los regímenes eran corruptos o brutales. Estos conceptos nunca se realizaron plenamente, pero ayudaron a estructurar el desacuerdo. Permitieron a los Estados discutir, condenar, justificar y contenerse mutuamente mediante un lenguaje común.

Ese lenguaje está ahora descomponiéndose.

Trump y sus representantes presentaron la captura militar de Nicolás Maduro y el anuncio de que Estados Unidos “administrará” Venezuela recurriendo a palabras familiares: aplicación de la ley, justicia, democracia, seguridad. Pero las propias acciones vaciaron el sentido tradicional de esas palabras desde dentro. Lo que queda no es hipocresía en el sentido clásico —decir una cosa y hacer otra—, sino algo más peligroso: agotamiento semántico. Las palabras siguen pronunciándose, pero ya no obligan a quien las utiliza a nada.

Pensemos en la expresión “aplicación de la ley”. Aplicar la ley presupone jurisdicción, debido proceso, rendición de cuentas y límites. Una operación militar contra un país soberano, ordenada sin autorización del Congreso y seguida de la exhibición pública de un jefe de Estado capturado, no es aplicación de la ley en ningún sentido reconocible. Llamarla así no aclara la acción; disuelve el significado mismo del término. La ley no puede hacerse cumplir de forma ilegal.

O pensemos en la “democracia”. La Administración de Trump insiste en que sus actos sirven a la democracia en Venezuela, mientras ignora abiertamente las restricciones democráticas en su propio país: desafiando mandatos del Congreso, desoyendo resoluciones judiciales, reprimiendo la disidencia y atacando la legitimidad de las elecciones. Cuando la democracia es invocada por un Gobierno que trata el derecho como algo opcional, deja de describir una forma de gobierno y se convierte en un mero adorno del poder.

Casi de inmediato, la Administración de Trump sugirió que el poder podría pasar a Delcy Rodríguez, vicepresidenta designada por Maduro, quien fue investida el lunes como presidenta interina por el Tribunal Supremo de Venezuela. Pero Rodríguez no obtiene su autoridad de un proceso democrático creíble. Su poder, como el de Maduro, se sostiene sobre el fraude, la intimidación y la violencia. Lo que se presenta como una transición democrática es, en realidad, algo muy distinto: la continuidad de un régimen ilegítimo, ahora respaldado no solo por la coerción interna, sino también por la fuerza militar estadounidense. Esto no restaura la democracia; vacía aún más el significado de la misma.

Este uso flagrante y abusivo del lenguaje no es accidental. Es una estrategia política.

El autoritarismo del siglo XXI no siempre se anuncia rechazando abiertamente los valores liberales. Con mayor frecuencia, se apropia de su vocabulario mientras lo despoja de contenido. El objetivo no es persuadir, sino confundir. Cuando las palabras pierden un significado estable, la crítica se vuelve más difícil. Todo suena a retórica. Nada obliga a la contención.

Por eso la operación en Venezuela importa mucho más allá de Venezuela. Indica que Estados Unidos —el país que durante décadas defendió con mayor vehemencia un orden internacional basado en reglas— ha abandonado no solo esas reglas, sino también el lenguaje que las hacía inteligibles. Y sin ese lenguaje ya no existe una distinción clara entre intervención y conquista, entre justicia y venganza, entre liderazgo y dominación.

Este colapso de significado ayuda también a explicar el vértigo moral que hoy se percibe en América Latina. Algunos dirigentes celebran la caída de Maduro mientras evitan mirar los medios empleados. Otros condenan la intervención estadounidense mientras dicen poco sobre la dictadura venezolana que la precedió. Ambas reacciones reflejan un problema más profundo: cuando el vocabulario que antes permitía condenar la tiranía sin avalar el imperialismo deja de funcionar, el juicio moral se vuelve peligrosamente inestable.

Como filósofa —y como ciudadana estadounidense— este momento me resulta especialmente alarmante. El peligro no reside únicamente en que los Estados poderosos actúen sin límites. Reside también en que lo hagan mientras siguen hablando el lenguaje del derecho, la democracia y la justicia, volviendo esos conceptos inutilizables para los demás. Cuando eso ocurre, las apelaciones al derecho internacional suenan ingenuas y las invocaciones de la soberanía parecen interesadas. El resultado es un cinismo profundo que nos amenaza a todos.

La historia muestra que, cuando los vocabularios morales colapsan, no se reconstruyen con facilidad. Nuevas normas acaban por emerger, pero a menudo solo tras un costo humano inmenso. El orden posterior a la Segunda Guerra Mundial nació de la catástrofe. Su erosión actual debería alarmar a cualquiera que espere no repetir ese camino.