Más transparencia en el gasto en defensa

El año 2025 ha marcado un punto de inflexión en el gasto militar en España, fruto de los compromisos internacionales del país y en medio de una oleada global de rearme e inversión en seguridad derivada de la inestabilidad geopolítica y, especialmente, la vuelta de la guerra a Europa con la invasión rusa de Ucrania. A lo largo del año, el Gobierno ha ido aprobando planes y ejecutando partidas para alcanzar la meta del 2% del PIB en gasto en Defensa comprometida con la OTAN, cuatro años antes de lo previsto. Pero el camino seguido para aprobar y ampliar este gasto ha sido, en demasiadas ocasiones, un ejercicio de oscurantismo institucional contrario a los usos democráticos que nada aporta a la pedagogía que se le debe a la ciudadanía para un cambio de prioridades de este calibre. El ejemplo más reciente fue el último Consejo de Ministros del año, en vísperas de Nochebuena, cuando se aprobó una inversión de más de 2.000 millones de euros. La ministra Margarita Robles no ha explicado aún los pormenores de la decisión.

El Gobierno lanzó en abril el plan nacional de defensa y seguridad para el que ha movilizado más de 10.400 millones de euros adicionales, pese a gobernar con los Presupuestos de 2023. De esta forma, la partida destinada a seguridad supera los 33.000 millones de euros en total y en un año ha pasado de representar el 1,4% del PIB al 2%, según datos del propio Ejecutivo. Cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno, en 2018, la cifra era del 0,9% del PIB.

En una democracia, la asignación de recursos públicos —especialmente en áreas sensibles— se somete a discusión y escrutinio público ante los ciudadanos, es decir, en las Cortes. La sospecha de que estos recursos se incrementan sin publicidad para no incomodar al socio minoritario de la coalición de Gobierno ni agravar la tensión con los socios parlamentarios se extiende al concepto mismo de qué se está considerando gasto en Defensa, ahora reformulado como “seguridad”.

El Gobierno ha dado más publicidad y explicaciones respecto a su resistencia —plenamente justificada—a llegar al 5% del PIB, como exigía Donald Trump, que a explicar de dónde proceden los nuevos recursos, con qué criterio se asignan. Incluso aunque parte de este impulso sirva para generar empleo y potenciar la industria tecnológica española, como asegura el Ejecutivo, no se puede hurtar el debate público sobre cantidades tan significativas.

El escrutinio parlamentario, las auditorías independientes y la publicación de datos detallados sobre las partidas y contratos son herramientas esenciales para que la ciudadanía entienda y valore en qué se gasta su dinero y con qué objetivos. Solo así se puede trascender la lógica de las cifras aisladas, como los porcentajes que parecen obsesionar a Trump, y construir una política de seguridad que no sea solo eficaz, sino también legítima y alineada con los valores democráticos.