Menos desigualdad, aún demasiada

Desde la entrada en vigor hace casi cinco años de la actual ley educativa, la Lomloe, la segregación de los alumnos inmigrantes más vulnerables ha caído el 28,8%, según el análisis realizado por EL PAÍS a partir de las estadísticas del Ministerio de Educación. En el curso 2019-2020, el último completo antes de la aprobación de la ley, la brecha entre los estudiantes que debía haber escolarizado la red concertada en función de su peso en el conjunto del sistema educativo y los que realmente matriculaba llegaba al 11,1%. En el curso 2023-2024, el más reciente con datos analizables, esa brecha había bajado al 7,9%.

En el positivo avance han influido medidas que la reforma educativa puso en manos de las comunidades autónomas, entre ellas, el cambio en los criterios de matriculación y de reparto de los estudiantes que llegan con el curso iniciado, normalmente extranjeros. Además, y debido fundamentalmente al descenso de la natalidad, también los colegios privados, y en especial los concertados, han empezado a escolarizar a más niños inmigrantes para evitar perder grupos o incluso tener que cerrar. Este avance no puede hacer olvidar que 16 de las 17 comunidades siguen registrando una brecha en este terreno.

La segregación escolar, tanto por origen como por nivel socioeconómico, no solo complica las oportunidades educativas de los afectados, sino también los resultados de todo el sistema y su capacidad para impulsar la cohesión y actuar como ascensor social. Pese al progreso experimentado en el lustro de vigencia de la llamada ley Celaá, a España le queda aún mucho camino por recorrer en la integración de los alumnos inmigrantes y, en general, en la reducción de la desigualdad entre la red pública y la concertada y privada a la hora de escolarizar a niños pobres. Los instrumentos existen, como ha demostrado la experiencia de Cataluña, la comunidad que más ha reducido la brecha gracias al amplio consenso político y social que empezó a fraguar la pasada década.

Conviene recordar que el pasado curso fue el segundo consecutivo en el que los alumnos extranjeros en las enseñanzas de régimen general superaron el millón, hasta sumar 1.125.000, de los que la red pública escolarizó a más de 842.000. Ese desequilibrio entre redes aumentará si no se ataja de forma resuelta. La educación es la mejor herramienta para acabar con el círculo vicioso que condena a los niños más vulnerables a un mayor riesgo de exclusión y a un mayor fracaso escolar. Y de ahí, a peores perspectivas laborales y económicas, perpetuando la desigualdad.

Combatir ese descompensado reparto es uno de los retos de Milagros Tolón, la tercera ministra de Educación de Pedro Sánchez. El lunes, en su toma de posesión, citó entre sus objetivos mejorar la equidad del sistema educativo. Con año y medio de legislatura por delante en el mejor caso, Tolón carece de tiempo para reformas estructurales. Pero puede acelerar políticas algo ralentizadas en el mandato de su predecesora, Pilar Alegría, como la reforma del profesorado. También puede potenciar programas que fomentan la igualdad educativa, como el plan de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora que el propio Pedro Sánchez anunció hace casi dos años y apenas ahora se pone en marcha. Y, por supuesto, defender la reforma educativa ante aquellas comunidades del PP que la están incumpliendo, entre otras cosas, en los criterios de admisión en la red concertada. A largo plazo, es toda la sociedad la que padece la desigualdad educativa.