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Columna
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El precio de la corrupción

Dado el amaño de contratos que hemos visto estos meses, ¿qué joven va a querer montar una empresa para ir a una licitación pública?

Víctor Lapuente

¿Cuánto nos cuesta la corrupción? Para empezar, no sabemos ni cuánta tenemos. Si se disparan los casos en un país puede ser porque la corrupción crece o precisamente por lo contrario: porque la justicia empieza a actuar en serio.

Para medir la corrupción confiamos en medidas indirectas, como las percepciones de los expertos. Y esas cifras son preocupantes para España. Los indicadores internacionales recogen un inexorable deterioro de la posición de España en la lucha contra esta lacra. Los escándalos que hemos conocido este año, de políticos de varias administraciones, legislaturas y colores que toman decisiones para favorecer a sus amigos, no son una excepción a la regla, sino la confirmación de la tendencia de que algo va mal en nuestro país desde hace tiempo.

Caer en estos indicadores no es inocuo, sino que tiene un precio elevado para el conjunto de la sociedad. Gran parte de las diferencias en bienestar y crecimiento económico entre los países europeos se explican por una sola variable (y no es la ideología del Gobierno, ni la religión protestante, ni las horas de sol): la calidad de las instituciones medidas por estos indicadores.

Las encuestas a las empresas son otro termómetro en rojo. Según Ipsos, un 86% de las empresas españolas (frente a un 63% de las europeas) cree que la corrupción está extendida por el país. Y, según un informe del Instituto de Estudios Económicos, España ha aumentado su distancia con respecto a la Unión Europea tanto en la calidad de las instituciones como de las regulaciones. No solo damos sensación de más corrupción, sino también de mayor inestabilidad. Y la incertidumbre es una losa sobre la inversión.

La percepción de corrupción disuade el emprendimiento. Dado el amaño de contratos públicos y regulaciones que hemos visto estos meses, ¿qué persona joven va a querer montar una empresa para ir a una licitación pública? ¿Quién va a encerrarse a estudiar una solución tecnológica para el problema de desnivel de un puente cuando sabe que ir a tomarse un café con Fulanito es más rentable para ganar un contrato?

A estos costes se añade el precio de las medidas anticorrupción. Por ejemplo, la exigencia de sistemas de compliance anticorrupción a las empresas que quieran contratar con la administración se traducirá en más procedimientos a cumplimentar por unos ya exigidos licitantes. La cultura de la integridad puede convertirse en una doble pesadilla: la tortura del papeleo para los contratistas bienintencionados y la oportunidad del trapicheo para los malintencionados.

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