Cambio en el Sáhara Occidental

Justo medio siglo después de que tuviera lugar la Marcha Verde —cuyo aniversario se cumple mañana—, Marruecos ha visto cómo la comunidad internacional ha respaldado en gran medida su aspiración sobre el Sáhara Occidental, descolonizado apresuradamente por España en 1975 y, desde entonces, objeto de disputa entre el reino alauí y los representes de los saharauis, partidarios de un Estado independiente de carácter republicano. La votación registrada el pasado viernes en el Consejo de Seguridad de la ONU, que avala el plan marroquí de autonomía para el antiguo territorio español, supone una victoria diplomática para Rabat, pero también le obliga a presentar un proyecto autonómico creíble que convierta la región en una zona pacífica y próspera y en la que, sobre todo, los derechos de la población que habitaba el Sáhara Occidental antes de la retirada española queden garantizados.

Guste o no la fórmula, y estando aún lejos de una solución definitiva, se ha dado un paso para desbloquear un contencioso enquistado. Mientras Franco agonizaba en Madrid, el entonces rey de Marruecos, Hassan II, organizó un movimiento de 350.000 personas, entre ellas unidades militares, que penetraron en el territorio administrado hasta entonces por España y lo reclamaron como parte de la soberanía marroquí. Inmediatamente estalló una guerra entre Rabat y el independentista Frente Polisiario con repercusiones internacionales: mientras Estados Unidos y Francia respaldaban a Marruecos, Argelia y Libia se decantaron por el Polisario. El conflicto abierto —que incluye, según estimaciones de Acnur y Cruz Roja, más de 170.000 refugiados— se prolongó hasta el alto el fuego de 1991.

Durante décadas España consideró el Sáhara Occidental como un territorio no autónomo dependiente del Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas y defendió la postura establecida por la ONU de celebrar un referéndum sobre su futuro. De esta forma, el porvenir de la antigua colonia pasó a engrosar el grupo de contenciosos históricos entre Madrid y Rabat. Sin embargo, en un sorprendente giro de la estrategia exterior española, Pedro Sánchez respaldó en 2022 la postura marroquí.

La nueva aproximación de Naciones Unidas —impulsada por EE UU— es indudablemente un punto a favor de Marruecos en su reclamación territorial. De facto, la ONU da por imposible la celebración de un referéndum ante la dificultad evidente de elaborar un censo electoral aceptado por las partes y se inclina por una solución que, no obstante, plantea importantes retos a Rabat. Lo que antes era una opción —la autonomía— se convierte ahora en la solución respaldada por la comunidad internacional, pero las decenas de miles de saharauis que malviven desde hace medio siglo en campos de refugiados en el desierto argelino tienen que poder ejercer su derecho al retorno. Además, Marruecos debe elaborar una propuesta que no se limite a un enunciado cosmético y convenza a la ONU de la sinceridad del proyecto autonomista.

A pesar de los traspiés en relación al Sáhara occidental, ningún Gobierno español puede inhibirse de la cuestión saharaui. Se trata de una zona de interés estratégico y de seguridad, y su estabilidad es clave no solo para la región sino también para el sur de Europa. A esto se añade que decenas de miles de saharauis siguen reclamando legítimamente a su exmetrópoli los derechos que perdieron de la noche a la mañana con la retirada de 1975. Se trata, en suma, de una cuestión que merece ser estudiada en el Parlamento para que cualquier dirección que se tome sea transparente, cuente con el mayor respaldo posible y vele por el pueblo saharaui. España se lo debe.