El coste de la normalización

La reunión que ayer celebraron en Bruselas el presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, y el expresidente Carles Puigdemont supone un nuevo paso en el proceso de normalización política de Cataluña que comenzó con los indultos a los líderes del procés encarcelados y que posteriormente continuó con la ley de amnistía, todavía pendiente de aplicación total. La imagen del apretón de manos entre ambos dirigentes supone un espaldarazo para quienes han defendido que, incluso en momentos de gran tensión, los políticos no pueden dejar de hablar. Por rivales que sean o por alejadas estén sus ideas. Al fin y al cabo, el diálogo entre quienes piensan diferente está en la base de la democracia, aunque algunos defiendan el conflicto permanente, que tanto daño hace a las instituciones.

Illa ha decidido reunirse con Puigdemont pese a negarse a ello en el pasado y a haber incluso renegado de la amnistía antes de las elecciones generales de 2023, que convirtieron a Junts en una pieza clave para el sustento del Gobierno de Pedro Sánchez. Dicha rectificación, provocada por necesidades del guion electoral, puede verse hoy como una adaptación a la nueva realidad que vive Cataluña tras la década perdida del procés y, en buena medida, como una contribución a un clima mucho más respirable. Flaco favor hacen a esa mejora —que certifican todas las encuestas— quienes, desde posiciones tremendistas, ven en la reunión de ayer una rendición del Estado de derecho o una genuflexión del Ejecutivo central y sus correligionarios, en este caso, alguien de la máxima confianza de Pedro Sánchez como Salvador Illa.

Ciertamente, la reunión de Bruselas no es un plato de gusto para muchos ciudadanos de toda España, socialistas incluidos. Puigdemont se encuentra en Bélgica desde octubre de 2017 para huir de la acción de la justicia y tiene una orden de detención vigente en el territorio nacional. El pasado julio, el expresidente catalán fugado pidió al Tribunal Constitucional, en un recurso de amparo, que se le aplique la amnistía que le negó el Supremo y, en paralelo, que dicte una medida cautelar para que se levante de forma inmediata la citada orden de arresto.

Con esta delicada situación, es de suponer que Sánchez e Illa han calibrado bien los beneficios que puede aportarles el encuentro, pero también ha de ser conscientes del coste político de un gesto que puede tener como consecuencia la normalización de la convivencia, pero ante cuya causa inmediata no cabe engañarse: contentar a Junts, que no duda en hablar de amnistía política para compensar la frustrada amnistía penal a su líder.

El partido de Puigdemont, si bien han formado parte de la mayoría de la investidura en no pocas ocasiones, ha dejado al Gobierno a la estacada en votaciones clave pese a los esfuerzos del Ejecutivo para defender medidas tan críticas —y hasta traumáticas— como la Amnistía o tan simbólicas como la oficialidad del catalán en la Unión Europea. Es poco probable que la fotografía de ayer se traduzca en apoyos inmediatos en el Congreso para los socialistas, pero el PSOE sí debería poder exigir a Junts que module sus exigencias hacia una senda más realista —y más acorde con el cambio vivido en Cataluña— que la mostrada hasta ahora. Al Gobierno, entre tanto, la reunión debería servirle para exhibir a medio plazo una estabilidad parlamentaria que en estos momentos está en entredicho.