La corrupción y sus tipos

Los tipos que se corrompen son igualmente impresentables, aunque los tipos de corrupción pueden ser diferentes. Ya sé que hacer distinciones suele ser duramente castigado con la descalificación que merecen quienes intentan justificar una de ellas, pero mi oficio me obliga a entender antes de juzgar y a que, si hay que condenar, la condena no se lleve por delante los matices que son necesarios. No para librar a alguien, sino para juzgar a cada uno con la dureza que se merezca, sin caer en esa condena generalizada (a todos, a la clase política, al bipartidismo o al sistema), un tipo de condena que beneficia, por cierto, a los culpables.

Columnistas airados y dirigentes investidos de superioridad moral pero escasos de cultura democrática calificaron el caso Cerdán como “corrupción sistémica” o como una amenaza estructural a la legitimidad del sistema democrático, quemaron las palabras antes de que pudiéramos usarlas para lo que realmente significan.

Ese tipo de corrupción —muy grave, sin duda— no constituye por sí mismo una captura del Estado ni una quiebra institucional del interés general. La exageración retórica les deja, ahora, sin espacio semántico y político para calificar con precisión algo mucho más grave: un caso como el de Cristóbal Montoro, donde no se trata simplemente de personas que se corrompen ante la ley, sino de personas que, desde el poder, corrompen la ley.

El primer caso necesita de una solución penal: la justicia puede restituir el equilibrio. El segundo necesita también de una intervención política: para restituir el equilibrio no basta con el poder de los jueces, hace falta también el poder del Parlamento para cambiar las leyes que han sido corrompidas. La paradoja es que han querido construir un problema político a partir de un asunto penal (el caso Cerdán), pero ahora se enfrentan a un caso (el de Montoro), que, además de la penal, sí tiene una dimensión política profunda. Porque cuando se legisla al dictado de intereses privados, no hablamos ya de moral privada, sino de colonización institucional.

Tratándose de corrupción, hay quien no distingue por incapacidad y quien no lo hace por interés. Como estamos acostumbrados al nada creíble “y tú, más”, la gente se pone en guardia cuando alguien trata de establecer alguna distinción, como si estuviera tratando así de restarle importancia o distribuirla en cada uno de los casos según su conveniencia. La cuestión es si queremos exagerar la corrupción ajena para salvar a los nuestros, si queremos condenar indistintamente a todos para disfrutar de una atalaya moral personal o si queremos entender lo que pasa y juzgarlo con la severidad que se merece.

Distinguir no es relativizar, sino analizar las diferentes situaciones para impedir las relativizaciones. Que un asesinato no sea lo mismo que un genocidio no le quita gravedad a ninguno de los dos hechos, pero quien los confundiera estaría cometiendo un error —por exceso o por defecto— que debilita su argumentación y puede tener graves consecuencias políticas. La democracia exige no solo condenar la corrupción, sino pensarla con rigor y nombrarla con precisión. Porque si no distinguimos acabamos creyendo que todo está podrido, que no hay salida, que da igual quién gobierne. Y eso es tanto como rendirse al cinismo, que es la antesala del autoritarismo.

Que haya distintos tipos de corrupción no redime a los infames tipos que la practican; tener en cuenta estas distinciones nos libera de la confusión que desean quienes se benefician de la confusión. Condenemos, pues, toda corrupción, sin corromper de paso ninguna de nuestras capacidades analíticas. La pereza intelectual es también una forma de corrupción. Distinguir es más difícil que confundir, pero esto último suele ser moralmente reprobable y muy dañino políticamente.