Bayrou sigue en la cuerda floja

La moción de censura superada la semana pasada por François Bayrou —la octava que se presenta en el Parlamento desde que fue nombrado en el cargo el pasado diciembre, hace seis meses— no es un triunfo para el primer ministro francés y ni para su valedor, el presidente Emmanuel Macron, sino otra muestra de la fragilidad política que atraviesa Francia. Ningún gobierno puede considerarse estable si se enfrenta a propuestas formales de destitución con esa frecuencia. El país vecino está sumido en una importante crisis institucional en gran parte debido a que el Ejecutivo que preside Bayrou se fundamenta en un inestable equilibrio parlamentario y en que no puede responder satisfactoriamente por sus promesas incumplidas.

La moción obtuvo 189 votos a favor, lejos de los 289 necesarios para hacerle caer, pero era lo previsible. La izquierda votó unida (socialistas, Francia insumisa, ecologistas y comunistas) mientras la extrema derecha se abstuvo estratégicamente. Y aunque Bayrou salvó el puesto, quedó aún más políticamente herido porque el Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen volvió a demostrar que su abstención salvadora no responde a ningún tipo de apoyo sino al puro cálculo político. Le Pen y su delfín, Jordan Bardella, saben que cuanto más se descomponga el centro político, más crecen sus posibilidades de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Ya no necesitan tomar la iniciativa, les basta con ver cómo sus rivales se desmoronan.

El resultado de la votación va más allá de la Asamblea francesa, que Bayrou —el primer ministro más impopular de la historia de la V República— haya salvado otra situación complicada tampoco es un alivio para Macron, cada vez más aislado. El presidente ha cambiado de jefe de Gobierno tres veces en un año, y ninguno de sus elegidos ha logrado construir una mayoría parlamentaria sólida en la que pueda confiar.

Aunque Bayrou sea el objetivo de las sucesivas votaciones en la Asamblea francesa, es Macron el verdadero responsable de una inestabilidad que se remonta a la reforma de las pensiones impuesta por el presidente mediante decreto en 2023. La impopular medida, que elevó la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, generó protestas masivas y debilitó la confianza popular en el Ejecutivo. El hecho de que Macron utilizara el recurso del decreto para evitar la votación en el parlamento agravó la percepción de un creciente autoritarismo institucional.

Cuando en diciembre de 2024 François Bayrou se instaló en el palacio de Matignon, prometió corregir esa decisión y aseguró que abriría un debate parlamentario sobre la reforma. Los socialistas le creyeron y se abstuvieron en una moción inicial como gesto de buena fe, pero la promesa nunca se cumplió y la política francesa se sumió en una espiral de desconfianza contra el sistema que beneficia a la extrema derecha.